Datos para el desarme

La Coordinación de Investigación y Diagnóstico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme viene desarrollando una línea de trabajo relevante para la caracterización del uso e incidencia de las armas de fuego en la delincuencia, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos. Quiero comentar dos proyectos que constituyen estudios innovadores, sólidos y de gran potencial para abordar este problema tan complejo mediante políticas públicas fundadas en datos antes que en especulaciones, y para orientar los consensos mínimos requeridos en la materia.

Uno de estos estudios procura establecer un mapa geográfico detallado de la distribución de los homicidios en Venezuela. Este mapa venezolano permitirá analizar concentración y tasas de homicidios por regiones, estados, municipios y parroquias según datos de fuentes oficiales, preferentemente estadística vital, que constituye la fuente más directa, constante y confiable de información en la materia, comparada con estadísticas policiales y encuestas de victimización, estableciendo balances entre fuentes de diversa naturaleza para precisar dónde se requiere intervención preferencial para enfrentar las formas más extremas de violencia. Como la información se conjuga con indicadores de pobreza y otras variables demográficas, se podrá avanzar con base firme para reordenar planes y políticas de intervención. Los datos preliminares indican que homicidios y pobreza no están correlacionados, como sostiene el discurso lego y cotidiano.

Otro estudio pretende estimar el volumen de armas en circulación en Venezuela. Mediante una combinación de fuentes, entre las cuales figuran registros de importación del Instituto Nacional de Estadística y del Seniat, así como datos de la Compañía Venezolana de Industrias Militares, importadora exclusiva de armas desde 2005, se procura establecer el total de unidades de armas ingresadas al país por vía legal, con proyecciones hasta 1980, así como la proporción de armas ilegales, mediante una novedosa comparación, utilizando seriales y datos desde 2005, relativos a las armas decomisadas y en salas de evidencias criminales, con los datos del conjunto mayor de las armas legalmente registradas. La medida de la discrepancia entre ambos registros permitirá inferir sobre la proporción probable de armas de ingreso ilegal al país, por contrabando al mayor o al detal, y de este modo definir si la política a adoptar implica intervenir sobre el mercado legal, incrementando controles y supervisión, o sobre el ingreso ilegal, activando alertas y detección en fronteras terrestres, puertos y aeropuertos. Datos que, por consiguiente, apuntan a definir con sensatez qué y cómo se debe hacer para enfrentar el problema.

Ambos estudios son creativos e ingeniosos, con potencial de exportación a otros países, como nuestras encuestas de victimización, caso que se mantengan independientes y objetivas. Hay que publicar, difundir y explicar estos hallazgos para avanzar en la senda de la seguridad.

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