El gobierno de Estados Unidos, que al iniciar el mandato de Joe Biden había informado que revisaría su política hacia Venezuela, ha emitido junto con sus aliados de la Unión Europea y Canadá una declaración que establece una redefinición de mayor alcance que en otras ocasiones de las estrategias seguidas hasta ahora.

En la revisión, no se abandona el objetivo básico de cambio de gobierno de Venezuela, para así lograr su reinserción en el dispositivo geoestratégico estadounidense del que se fue separando en los últimos lustros. Pero sí se ha producido un cambio en cuanto a tácticas y tiempos.

La separación geopolítica ha sido el eje central del conflicto que involucra a los dos países y razón por la cual se han llevado a un extremo las tensiones, al punto de que no existen relaciones diplomáticas y de que Venezuela fue situada como una amenaza a la seguridad de EEUU y colocada en la misma lista en la que figuran Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba.

NUEVOS PLANES

Aunque los objetivos siguen siendo los mismos, en la declaración se sustituyen los viejos planes elaborados por los equipos de Donald Trump, al frente de los cuales estuvieron John Bolton, Mauricio Claver-Carone, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

La estrategia diseñada en Washington apuntaba a un derrocamiento de Nicolás Maduro de la presidencia y se esperaba que, como resultado de la sumatoria de presiones desde distintos ángulos, se produciría un levantamiento militar. Entre las acciones dirigidas a alcanzar ese fin estaba el vector de la amenaza de intervención armada, que tenía la función de intimidar a los militares. Así mismo, se creó el vector del “poder dual” y se apeló al bloqueo petrolero por medio de sanciones para estimular el malestar social.

NUDOS

En la nueva estrategia que recoge la declaración de EEUU-UE-Canadá se sustituye la meta del derrocamiento, que no alcanzó su fin y es muy difícil de sostener, por una táctica de carácter electoral y concebida para un plazo más largo.

En el documento ya no está presente la denominación de “gobierno interino”, que corresponde al vector de “poder dual” creado en la administración Trump, aunque todavía no hay un reconocimiento de las instituciones venezolanas. No obstante, los nudos de las sanciones, la apropiación de activos, congelación de fondos, la propiedad de Citgo, la situación de los bonos, continúan sin desatarse.

COOPERACIÓN

A diferencia de otros momentos, la declaración reconoce la necesidad de abordar el conflicto por medio del diálogo, sin que se plantee la salida previa de Maduro de la presidencia.

Ahora bien, un diálogo implica entendimiento y respeto entre las partes, por lo que Washington no puede esperar que Venezuela simplemente regrese a su dispositivo geopolítico. En una negociación que satisfaga los intereses de todos, EEUU tendría que renunciar a concebir a Venezuela como una pieza de su zona de poder, con la que se mantendrían relaciones al tenor de las que se sostienen con Colombia, y habría que pensar más bien en un acuerdo de cooperación en condiciones de igualdad soberana, fuera de los límites y obligaciones que impone la doctrina Monroe.

Por eso resalta que en la declaración se continúa evadiendo la necesidad de una negociación directa entre Washington y Caracas, para abordar los aspectos específicos del conflicto entre los dos países.

ELECTORAL

En la estrategia electoral adoptada en la declaración, no se plantea como condicionante la celebración de elecciones presidenciales antes de finalizar el período en 2024, al tiempo que se señala: “Estamos dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos en una negociación integral”.

Esto corresponde a la reformulación estratégica, que implica un repliegue para alcanzar los objetivos en un plazo más largo, en la expectativa de que las fuerzas sobre el terreno se conviertan en mayoría electoral y procedan en un futuro a reinsertar a Venezuela en el dispositivo geopolítico estadounidense.

Aunque, obviamente, debería tratarse de acuerdos internos, la superposición de las dos dimensiones del conflicto hace que las sanciones sean parte de la negociación.

Las sanciones tienen un papel no solo en el pulso externo, sino en el interno, en la medida en que cumplen la función de debilitar electoralmente al sector gubernamental. Se necesitará un margen de tiempo para revertir ese impacto antes del momento de votación, por lo que 2024 no luce como un horizonte tan lejano para las elecciones.