10 de diciembre

Ayer se cumplieron 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese fue el logro jurídico más importante del mundo en el siglo XX, luego de haberse constatado la realización de los peores crímenes que seres humanos podían cometer contra sus semejantes haciendo uso de los recursos del Estado, tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, en los cuales la propiedad fue el blanco de arteros ataques, como forma de destrucción de vidas humanas y sus pertenencias. Los democidios basados en la lucha de clases causaron más muertes que los otros móviles.

En 1948 Venezuela se adscribió a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU, además de diversos Pactos y Convenciones mundiales y regionales en los cuales se aceptó que la propiedad es un derecho fundamental de todas las personas. Tales instrumentos consagraron que "TODOS Y TODAS TENEMOS TODOS LOS DERECHOS". El cual, aplicado a la propiedad se debe afirmar que "TODOS Y TODAS TENEMOS DERECHO A LA PROPIEDAD".

El constituyente de 1999 incorporó la Declaración y Plan de Acción de Viena de 1993 en el texto constitucional. En tal sentido, ahora es norma de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios del Estado.

La doctrina constitucional del TSJ equipara los Derechos Humanos consagrados en Tratados con los fundamentales que prevé la Constitución, los cuales son imperativos de forma inmediata y directa frente a normas regresivas.

Se debe adaptar la legislación tutelar de la propiedad a las exigencias del Estado Constitucional Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, lo que es una exigencia de los basamentos de la justicia social. Sólo creando riqueza puede haber más bienestar para todos.

fernando.fernandez@bakernet.com