Provea, cuatro tendencias

Cada 10 de diciembre, cuando internacionalmente se conmemora la declaración universal de derechos humanos de 1948, en Venezuela la organización no gubernamental Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, da a conocer públicamente su informe anual. Eso ha venido ocurriendo, diríamos que religiosamente, en las últimas dos décadas. Este documento es una suerte de informe médico del país, pues repasa la situación de un conjunto de derechos; podemos ver el estado general de salud de la nación. Al hacer un balance, cada año, el informe es también una especie de memoria histórica que permite hacer comparaciones de los avances y retrocesos ocurridos en un lapso de 20 años.

De acuerdo con el balance y contexto general del informe de este año, que contiene información entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, la organización plantea cuatro tendencias que han marcado este período. En primer lugar se realizaron dos consultas electorales, cuyo signo distintivo es la existencia de una mayoría oficial, en un marco de marcada división del país en dos grandes bloques políticos; también se perciben, y el informe arroja luces al respecto, retrocesos y en algunos casos avances mínimos en lo que venía siendo la gran bandera del gobierno: los programas sociales; en tercer lugar, este año analizado puso en evidencia la ineficiencia oficial en la administración de los servicios públicos, lo cual ha tenido un impacto directo en la vida nacional; finalmente, Provea destaca un aumento de la protesta social, que ha tenido como respuesta oficial una criminalización de los manifestantes.

Conviene detenerse sobre este punto. Un seguimiento de las protestas de los últimos meses pone sobre el tapete lo siguiente, que claramente está reflejado en las tendencias que marca Provea: los venezolanos están saliendo a protestar para demandar, principalmente, derechos sociales y económicos. Esta regresión que viven los planes sociales, junto al impacto de una baja eficiencia en la gestión pública, ha tenido como reacción, especialmente entre los más pobres, la protesta para exigir que se cumplan con asuntos básicos: las cláusulas de un contrato colectivo, la dotación de escuelas y/o hospitales, la dotación del servicio de agua o la recolección de la basura. La protesta, de actores que en su mayoría se reivindican chavistas, en Venezuela ha sido históricamente un instrumento para visibilizar problemas que padecen los excluidos. No persigue, necesariamente, fines políticos, pero en la medida en que se extiende -aunque actúen dispersamente los manifestantes- puede tener un impacto político.

Y sin duda alguna, la protesta termina siendo llevada al terreno político cuando los manifestantes que exigen derechos sociales o económicos son procesados judicialmente.

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