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Zonas mineras de Bolívar viven el asedio de grupos armados

Durante los últimos nueve meses han sido asesinadas 350 personas al sur del estado Bolívar.

  • PABLEYSA OSTOS

21 de septiembre de 2017 07:26 AM

Actualizado el 21 de septiembre de 2017 21:03 PM

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Zonas mineras de Bolívar viven el asedio de grupos armados

Ciudad Bolívar.- El 4 de marzo del 2016 las miradas del país y del mundo se centraron en un municipio ubicado al sur del estado Bolívar. La denuncia que se hacía desde Sifontes era alarmante y desgarradora. En la entrada una pancarta improvisada con fotos de 17 personas daba aviso a lo que durante más de una semana las familias denunciaron.

La masacre de 17 trabajadores de una mina en manos de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo, causó conmoción; 15 hombres y 2 mujeres asesinados con un tiro en la cabeza. Pero después de eso las promesas fueron y vinieron, todas con el mismo objetivo: disminuir la violencia en las poblaciones mineras ubicadas al sur del país.

La anarquía sigue cobrando víctimas en los municipios Piar, Padre Pedro Chien, El Callao, Sifontes, Roscio y Gran Sabana-al sur del estado Bolívar-. Grupos parapoliciales mantienen el control de las minas que operan en las poblaciones.

Según información policial y seguimientos de casos, hasta el 20 de septiembre han muerto de forma violenta 350 personas, 218 por venganza, 113 durante enfrentamientos-entre organismos de seguridad o bandas delictivas-, 14 por resistencia a robo, 3 en motivos fútiles e innobles y 2 en crímenes pasionales.

Mientras que el municipio que tiene más casos registrados es El Callao, con 107, seguido por Sifontes con 93, Piar con 80; Roscio con 51 crímenes, Gran Sabana con 10 y Padre Pedro Chien, con 9.

¿Ley desarme?

La Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones fue aprobada y promulgada en 2013. Desde entonces se ha cuestionado su efectividad por las cifras rojas de ese año. La ONG Amnistía Internacional estimaba la existencia de aproximadamente 6 millones de armas en Venezuela, pero solo un millón y medio de ellas están registradas en la División de Armamento de la Fuerza Armada Nacional.

En 2014, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz aseguró que a través del Plan de Desarme Voluntario fueron destruidas 26.518 armas e inutilizado 18.452, pero eso no ha disminuido la situación.

Tan solo al sur del estado Bolívar, 336 crímenes han sido perpetrados con armas de fuego, 9 con armas blancas, 2 fallecieron a causa de riñas, 2 por objeto contundente y uno carbonizado.

Varias alcabalas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía del Estado Bolívar (PEB) se deben pasar cuando se transita por la Troncal 10, vía que conduce al sur del estado Bolívar, a pesar de ellos hay una proliferación de armas, granadas y distintos artefactos en las zonas que son operadas por grupos parapoliciales.

Contrabando

Una fuente militar explicó que una de las fuentes de ingreso de armamento a esas zonas es el río Cuyuni el cual conecta con poblaciones como San José Anacoco, San Martín de Turumbán, y San José de Venamo.

En vista de que el río sale del territorio venezolano, al Esequibo, Guyana, lo cual se convierte en un eje de entrada para las armas, granadas, entre otros, estos terminan siendo cancelados en dólares en el territorio venezolano.

“Los fusiles que son robados en organismos de seguridad y hasta de otros estados han aparecido en estas zonas mineras. Existe una complicidad también en las alcabalas por parte de los funcionarios”, resalta la fuente militar.

Otro de los factores que se evidencia en estas zonas, es que se convierte en un escondite para los delincuentes, ejemplo de ellos que es uno de los 10 sujetos más buscados en el estado Bolívar, fue abatido durante un enfrentamiento en la mina el Triunfo, en Sifontes.

Sistema

Cada sector es operado de forma distinta, en el caso de Las Claritas en el municipio Sifontes, los mineros realizan su búsqueda todos los días, lo que sacan se va acumulando en un saco.

Uno de los líderes negativos, explicó que cada 15 o 20 días hacen el resumen, es decir, pesan todo el oro extraído durante ese tiempo. Lo dividen equitativamente entre los mineros, cuidadores, cocineras, dueños de la mina y una parte es dada al sindicato.

No hay una exigencia por parte de estos hombres para con los mineros, “lo que ellos quieran dar, ya sea una grama o más de dos depende totalmente de ellos. Lo que ellos dan es empleado para cosas del pueblo, reparaciones, medicinas, entre otras cosas”.

Cuando el resumen es bastante elevado, tres gramas o más son destinadas al sindicato-parapoliciales- y otras tres o más para los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Bandas que operan al sur

El Callao es controlado por los pranes conocidos como Toto, Marcopolo y el Ruqui; mientras que el sector El Perú era controlado por Anderson Pereira-fallecido en enfrentamiento-, el Morocho es el pran del sector Nacupay; y de El Paraíso se desconoce quién en su líder.

En Guasipati, el líder es Phanol Vladimir Clemente Ojeda, alias Capitán; y presuntamente un hombre apodado el Morocho es quien lo representa en El Callao.

En Tumeremo, tras la muerte de Jamilton Andrés Ulloa Suárez- alias el Topo-, el control lo han mantenido dos sujetos apodados el Gordo -del barrio La Caratica- y Armandito.

En Las Claritas el poder delictual lo lidera alias Juancho; y en El Dorado, Fabio Enrique González Isaza, alias el Negro Fabio.

Preocupación

El coordinador regional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) del estado Bolívar, Eligio Rodríguez, afirmó que la situación no es nueva y que ha sido denunciada por organizaciones no gubernamentales, así como por las víctimas.

“Son grupos delictivos encargados de extorsionar a los comerciantes, mineros, dueños de molinos y a crear zozobra entre los habitantes, los cuales terminan siendo los principales afectado de esta situación”, agregó.

Reiteró el llamado a “crear las políticas públicas necesarias para ofrecerle seguridad a los habitantes. Y en especial combatir este tipo de grupos parapoliciales”.

Por su parte el alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor, advirtió que la situación al sur del estado Bolívar es bastante delicada, "en esas ráfagas arrases desde el Gobierno solo dejan ver el proceso de limpieza que viene dándose en los sectores mineros".

"Lastimosamente no ven quién es inocente y quién es culpable. Varios inocentes han caído en esos procedimientos realizados por los organismos de seguridad. Considero que debe interponerse la investigación, no abordar esos casos de manera agresiva y en especial respetar a la gente inocente", agregó Chancellor,

El alcalde resaltó de que son testigos que muchos mineros honrados y trabajadores han fallecido en esos enfrentamientos, "y quedan rayados. Los ponen como delincuentes. Ahorita tenemos el caso de una de mis trabajadoras, su esposo tiene varios días desaparecido en una mina de El Manteco, y ella sospecha que puede ser el que falleció en el enfrentamiento de hace poco, y lo peor es que es un hombre honrado".

Resaltó la importancia de realizar trabajos de inteligencia para resguardar así la vida de los inocentes.

Planes fracasados

El primero propuesto por el Gobierno Nacional para legalizar la minería fue en el 2003, cuando plantearon el Plan Piar que perseguía incluir a los pequeños mineros en los cinco ejes contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Económico, Social, Político, Territorial e Internacional).

En julio de 2004 esta iniciativa sufrió un cambio de nombre y pasó a denominarse Misión Piar “con el propósito de dignificar la calidad de vida de los pequeños mineros, fomentando el aprovechamiento racional y organizado de los recursos y apegados a la normativa ambiental”. La idea era incentivar otras fuentes de empleo como la agricultura y la piscicultura.

Dos años después, en agosto de 2007, apareció el plan la reconversión minera, en la cual se inició el desalojo de los mineros en la cuenca del Caroní. El Ejecutivo prometió financiamiento y un cheque de 10 mil bolívares para ayudar a 6 mil 72 mineros que laboraban en la zona.

El cuarto intento de desalojo de extractores ilegales fue la expropiación de 21 estaciones de servicio y distribuidoras de combustible hace más de cinco años en El Callao, Sifontes, Roscio y Gran Sabana. El gobierno justificó el combate, junto con el Plan Caura, de la minería ilegal.

Y el más reciente es el Arco Minero, con el cual se busca implantar un modelo de "minería ecológica", con respeto al ambiente, que permita superar la matriz monoproductiva y generar una nueva fuente de ingresos para el país.

La situación en cifras

Dato globales de muertes durante los primeros nueve meses al sur del estado Bolívar.

**Hasta el 20 de septiembre

  • 350 fallecidos
  • 218 asesinatos por venganza
  • 113 muertes por enfrentamiento
  • 14 homicidios por robo
  • 3 por motivos fútiles e innobles
  • 3 crimenes pasionales
  • 323 hombres asesinados
  • 10 mujeres
  • 15 de los caídos eran menores de edad
  • 336 de los crimenes fueron perpetrados con armas de fuego
  • 9 muertes fueron causadas con armas blancas
  • 2 por riñas
  • 2 con objeto contundente
  • 1 persona carbonizada
  • Enero y agosto han sido los dos meses con más muertes: 47
  • Febrero es el menos con: 23

Vocabulario del pueblo minero

​- Mano e’ mono: el que lleva cigarros, refrescos o algo a los mineros. “Me das una mano de mono” se refiere al oro que se tome con la yema de los dedos.

Resumen: pesar todo el oro extraído durante 15 o 20 días, según se disponga.

Corte: parte del oro que están extrayendo.

Curutelas y la Plaza: sitio donde se concentran las prostitutas.

Rescátame: término empleado cuando no se tiene nada de dinero, y los mineros o ciudadanos dan más de 5 mil bolívares.

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