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Unos mil 429 desalojos practicó la OLP en todo el país

850 ejecuciones extrajudiciales y 18 mil detenciones reportan expertos   

Los familiares de las victimas de la masacre de Barlovento piden justicia

 Los familiares de las victimas de la masacre de Barlovento piden  justicia 

Fernando Sánchez

  • CARLOS D'HOY

18 de diciembre de 2016 06:00 AM

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Unos mil 429 desalojos practicó la OLP en todo el país

Caracas.-Con la masacre de Barlovento la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), nacida a mediados de 2015 durante la gestión del entonces ministro de Interior y Justicia Gustavo González López, llegó a un punto de inflexión del cual sólo podrá salir si las autoridades toman los correctivos.

El programa definido por el presidente Nicolás Maduro como un plan de seguridad que buscaba "apretar al máximo el castigo de todos los crímenes", ha perdido apoyo, como consecuencia de los excesos que se han denunciado desde su nacimiento. Las principales acusaciones giran en torno a los abusos de autoridad, violaciones de derechos humanos, ajusticiamiento y robos de sus víctimas, consideran expertos.

Los efectos de esta situación se miden en cifras que de por sí son preocupantes de acuerdo a Provea. En el año y medio que va de OLP se han registrado 850 presuntas ejecuciones extrajudiciales, 18 mil detenciones arbitrarias que duran entre 14 horas y 35 días. 

Además fueron demolidas cerca de 976 viviendas, dos barrios fueron totalmente erradicados, La Ensenada en la carretera Panamericana, municipio Libertador y el barrio Brisas del Hipódromo en el estado Carabobo. A eso se le agrega el desalojo arbitrario de más de mil 429 familias de edificios de la Misión Vivienda Venezuela. 

 Entre los grandes detractores que ha tenido este plan de seguridad del Estado, se encuentra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien el 16 de julio expresó su preocupación por las consecuentes denuncias de violaciones a los derechos humanos  que ha recibido en el Ministerio Público.

"Tenemos un alto índice de funcionarios procesados por violación de los derechos humanos, situación que ha impactado a la colectividad", expresó en esa ocasión y agregó que los efectivos policiales han destruidos viviendas.

Muertes y detenciones
Inti Rodríguez, coordinador de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), considera que desde el punto de vista de los derechos humanos el balance es negativo.

A su juicio, la OLP ha significado más represión contra la población y contra los más pobres. "Lo más grave es que no vemos voluntad de cambio, ni de revertir esta medida. A pesar de lo que dijo el gobierno, como consecuencia de la masacre de Barlovento, no hay una disposición clara de impulsar cambios", indicó.

Acotó que en los casos que han sido juzgados, sólo se han establecido responsabilidades individuales. "Debe irse más allá del autor material, debemos ir hacia los responsables intelectuales de estas muertes, los planificadores del programa, quienes diseñaron las operaciones, quienes dieron las órdenes, que son quienes tienen una responsabilidad en el manejo de la OLP".
Fuera de la ley

Por su parte, el abogado y profesor universitario Joel García,  critica la violación de varios de los principales derechos constitucionales como el derecho a la vida, a la libertad, la inviolabilidad de la vivienda y de las comunicaciones.

"Es una constante en las denuncias que se formulan la invasión arbitraria de viviendas, la detención injustificada, la violación de las comunicaciones y las ejecuciones extrajudiciales".

Advierte que en la mayoría de los casos los órganos policiales tuvieron tiempo para solicitar ordenes de captura y no lo hicieron. "Actuaron violando la ley y sabían que lo estaban haciendo mal", dice. Agrega que a la delincuencia hay que combatirla pero los delincuentes deben ser juzgados, no aplicarles la pena de muerte.

Además está el tema sobre quiénes están trabajando en estas operaciones, en el caso de Barlovento fue ejército que no tiene funciones de orden público, "no creo que actuaran sin órdenes de arriba".

La responsabilidad penal es individual, pero el que ordena también es responsable, "quien dio la orden para una OLP, hablamos de hay culpas desde los  ministerios de Defensa e Interior y Justicia.

El docente concluye que, en materia de Derechos Humanos, quienes diseñaron las OLP están "raspados".
Uno de los aspectos que se critica de las OLP es que estaría generando un efecto negativo en la delincuencia. En vez de solventar el problema, lo estaría agravando, según afirman especialistas.

La fiscal Luisa Ortega Díaz ha admitido que "estamos en presencia de una inseguridad que viene creciendo y eso tiene que ver con los planes que se han implementado".

Para la diputada Yajaira Forero, de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, las OLP han tenido un resultado nefasto en la lucha contra la delincuencia.  "Hoy el crimen está peor. En estas operaciones han asesinado a  inocentes y lo más grave es que  tenemos un repunte de la violencia en las áreas donde se realizaron las operaciones. No hemos registrado mejoras en la seguridad donde  actuaron".

Niños con sed de venganza odio y rechazo a la autoridad

Fernando Pereira, director de Cecodap, hace un análisis sobre los efectos que tiene la violencia sobre los niños.
Explica que para un menor, familiar o amigo de alguien que fue víctima de una muerte violenta durante una operación policial, como las OLP, esa muerte tiene efectos lapidarios y genera en ellos deseos de venganza, rabia, odio, rechazo a las autoridades. "Esos menores terminan buscando una venganza ante esa injusticia cometida contra un familiar o un amigo. Esa sed de venganza se convierte en un potente motivo de vida, en una fuerza que lo impulsará a  rechazar a la autoridad y la ley allanando el camino hacia la delincuencia". 
Pereira agrega que si bien celebran que el Estado haya tomado acción ante hechos como la masacre de Barlovento, las medidas serán insuficientes mientras no se revisen los procedimientos y la política que los ampara. "Este tipo de violencia representa un germen muy peligroso que se está sembrado y que no podemos incentivar".
Finalmente expresa su preocupación por la tolerancia que hay entre la población ante la aniquilación de delincuentes. "Es grave que la población asuma que vale la pena pagar el precio de los desmanes, la gente acepta como parte del paquete el asesinato de inocentes, con tal de que exterminen a los delincuentes que los afectan". 
A su juicio, el Estado es responsable de lo que está ocurriendo al permitir que la delincuencia llegara a tales extremos "que llevaron a la gente a apoyar cualquier exceso con tal de sentirse segura", dijo.
 

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