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TSJ designó a Katherine Harrington Padrón como vicefiscal

El magistrado Juan José Mendoza explicó que la designación del vicefiscal de la República “debe contar con la autorización de la mayoría del Poder Legislativo”, pero “al mantenerse ese órgano en desacato”  lo “conducente” era que la fiscal general acudiera a la Sala Constitucional.

  • YAMILETH ANGARITA

04 de julio de 2017 12:00 PM

Actualizado el 05 de julio de 2017 12:37 PM

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TSJ designó a Katherine Harrington Padrón como vicefiscal 

Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juramentó a la ciudadana Katherine Nayarith Harrington Padrón en el cargo de vicefiscal de la República, tras anular “absolutamente” la designación de Rafael González Arias que hizo la fiscal de la República Luisa Ortega Díaz el pasado 17 de junio de 2017.

El fallo de la sentencia 532, de fecha 3 de julio de 2017, fue leído por el magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional.

Señaló que el objeto de esa audiencia constitucional era proceder con el cumplimiento del dispositivo tercero de la sentencia 470 del 27 de junio de 2017, y así proceder con “la nulidad absoluta de la designación de la fiscal”.

Explicó que la designación del vicefiscal de la República “debe contar con la autorización de la mayoría del Poder Legislativo”, pero “al mantenerse ese órgano en desacato”  lo “conducente” era que la fiscal general acudiera a esa Sala Constitucional, “dada la normalidad existente” que choca con el estado de derecho, “al estar deslegitimada la Asamblea Nacional para otorgar la aprobación.

Katherine Harrington

En los años recientes varios casos sonados han estado ligados a la actuación de la fiscal Harrigton: entre otros están las causas contra la jueza María Lourdes Afiuni; contra Ana María Abreu de San Miguel (cuñada de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel) y contra el alcalde metropolitano Antonio Ledezma por los presuntos delitos de organizar y ejecutar actos violentos contra el Gobierno de Venezuela.

Por otro lado, su nombre también figura en la lista del 9 marzo de 2015 de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Barak Obama. En ese entonces se trató de  seis oficiales y un solo civil: la fiscal 20 nacional del Ministerio Público Katherine Harrington.

La sentencia 470 

La sentencia 470 de la Sala Constitucional del TSJ declaró nula la designación en el cargo de González Arias, alegando que la titular del Ministerio Público designó al vicefiscal sin cumplir con lo establecido en la Constitución.

En el tercer considerando del documento se lee:

“Dicha designación es contraria a la Constitución (artículo 187, numeral 24) y a la Ley Orgánica del Ministerio Público (véase, artículo 25 numeral 3), por cuanto la misma requiere la previa autorización de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, órgano que para el momento en que se efectuó la designación se encontraba y aún se mantiene en una situación fáctica consistente en el desacato en el cual permanece la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional frente a las decisiones de este máximo tribunal, lo cual ha incidido en la imposibilidad material de ejercer legalmente sus funciones mientras dure tal circunstancia, tal como lo ha señalado esta Sala en las decisiones: N.° 808 y 810 del 21 de septiembre de 2016, N.° 952 del 21 de noviembre de 2016, Nos. 1012, 1013 y 1014 del 25 de noviembre de 2016 y N.° 1 del 06 de enero de 2017, así como las sentencias de la Sala Electoral N.° 260 del 30 de diciembre 2015, N.°1 del 11 de enero de 2016 y 108 del 01 de agosto de 2016, lo cual hacía imperativo a la ciudadana fiscal general de la República, acudir a esta Sala Constitucional como máxima garante de la constitucionalidad, ante la situación de anormalidad institucional, a formular como lo han efectuado otros órganos del Poder Público, una interpretación conforme lo dispuesto en los artículos 335 y 336 constitucionales, para el ejercicio de sus competencias  dentro del marco de la Constitución y las leyes”.

Luego señaló que “en consecuencia, son nulos de nulidad absoluta y no tienen por tanto efectos jurídicos, los actos y actuaciones realizadas por el prenombrado ciudadano, en las cuales haya fungido como vicefiscal general de la República”.

A continuación establece que la Sala Constitucional, “como garante de la constitucionalidad y del estado de derecho, declara nula por ser contraria al Texto Constitucional y a la Ley que rige las funciones del Ministerio Público, la Resolución n° 651 de fecha 17 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.132 de esa misma fecha, donde la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de fiscal general de la República, designó al prenombrado abogado como vicefiscal general de la República (Encargado)”.

Por ello establece que “los actos y actuaciones realizadas por el prenombrado ciudadano, en las cuales haya fungido como ‘vicefiscal general de la República’ son nulos de nulidad absoluta y no tienen por tanto efectos jurídicos. Así se decide”.

El 28 de junio, un día después de publicarse este fallo, la fiscal Ortega Díaz llamó a desconocer decisiones del TSJ contra el Ministerio Público, asegurando que tanto con esa decisión 470 como con la anterior, 469, se evidencia que “continúa la ruptura del orden constitucional en Venezuela y que además pretenden desmontar al Ministerio Público. Además incrementan la inseguridad jurídica”.

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