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Foro Penal llama a la oposición a incluir a la sociedad civil en decisiones

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que el día de ayer hubo 367 personas detenidas durante el paro cívico y resaltó que tras la consulta popular realizada por la dirigencia política opositora, todos los sectores de la sociedad civil que hoy protestan no pueden ser excluidos.

Alfredo Romero dejó claro que el Foro Penal no aceptará ningún tipo de negociación con el Gobierno que excluya la libertad de los presos políticos

Alfredo Romero dejó claro que el Foro Penal no aceptará ningún tipo de negociación con el Gobierno que excluya la libertad de los presos políticos

ARCHIVO / DefensoresActivosFPV

  • FANNY MORA

21 de julio de 2017 11:17 AM

Actualizado el 21 de julio de 2017 17:03 PM

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Foro Penal llama a la oposición a incluir a la sociedad civil en decisiones

Caracas.- El Foro Penal Venezolano (FPV) convocó para este domingo 23, una asamblea con la sociedad civil y la dirigencia política en la plaza Los Palos Grandes, con el fin de que la ciudadanía fije una posición que sea escuchada por los políticos de oposición, ante las presuntas negociaciones que existen entre el Gobierno y la oposición, según denunció el director de la organización Alfredo Romero.

En rueda de prensa, Romero condenó que se lleven a cabo estas negociaciones a espaldas de la sociedad civil en vista de la consulta popular que se realizó el domingo 16 de julio, por lo que realizarán esa asamblea a las 11 de la mañana, para que los políticos escuchen la opinión de la población.

A su juicio es necesario que la oposición no excluya de las decisiones a sectores de la sociedad como las ONG y otros grupos de resistencia que también están protestando en rechazo al Gobierno.

“El llamado es a una coalición de la dirigencia política con la sociedad civil y esto es importantísimo porque la sociedad civil es la que está en la calle y necesita de la conducción política, pero no son simplemente unas personas que arreas”, dijo el director del Foro Penal, quien afirmó que la conducción política tiene que ver con llamar a la ciudadanía a integrarse a las decisiones.

Destacó que el FPV comprende que existan esas conversaciones, sin embargo, dejó claro que no aceptarán ningún tipo de negociación con el Gobierno que excluya la libertad de los presos políticos, pues hasta el día de hoy suman 444.

Jornada de paro cívico fue el segundo día con más detenciones durante las protestas
Romero comunicó que tras la jornada de paro cívico convocado este jueves por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en todo el país fueron detenidas 367 personas, siendo el estado Zulia el de mayor cantidad de detenidos con 140, luego Carabobo con 66 y Nueva Esparta con 43. Sin embargo, esta cifra podría aumentar pues el FPV aún se encuentra verificando donde están personas apresadas por los cuerpos de seguridad del Estado.

El abogado Romero señaló que el 20 de julio fue el segundo día con más detenciones desde el 19 de abril, que se mantiene con la cifra más alta. Además, el FPV verificó los casos de dos personas asesinadas, una en Los Teques, estado Miranda y una en La Isabelica, estado Carabobo.

En ese sentido, también hubo una gran cantidad de heridos durante la jornada de ayer. En Maracaibo una señora perdió el ojo por el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro,  hecho ocurrido en su casa cuando manifestantes corrían en las cercanías por la represión.

Denunció que en el caso de los heridos está siendo recurrente que los funcionarios de seguridad los buscan en los hospitales y se los llevan detenidos, por eso guardan la identidad de estas personas.

Hasta este viernes el Foro Penal contabiliza más de 4400 personas detenidas durante las protestas que iniciaron en abril, cifra que supera incluso las registradas durante las manifestaciones del 2014. De esa cifra, 477 personas han sido presentadas ante tribunales militares, a pesar de que va en contra de la Constitución y las leyes.

Plan especial de justicia para reprimir
Romero declaró a medios de comunicación que el Ejecutivo en el marco del Consejo de la Defensa de la Nación, activó el plan especial de justicia, el cual a su juicio servirá para agredir y reprimir en mayor medida a la población que sale a protestar.

Resaltó que este plan no tiene sustento jurídico porque incorpora a la justicia militar como una “justicia paralela”,  a la vicefiscal Katherine Haringhton (nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia y desconocida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz) “como una fiscal paralela” y al TSJ como único tribunal de la República, violentando la autonomía judicial.

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