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Control Ciudadano denuncia que la empresa minera militar viola dos leyes

La organización propuso que el Tribunal Supremo de Justicia revise la legalidad el decreto que crea la Camimpeg, la cual rechazaron por considerar que desvía a la institución armada de su función primordial: la defensa de la Nación.

  • JUAN FRANCISCO ALONSO

29 de febrero de 2016 08:44 AM

Caracas.- La decisión del Gobierno de crear la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) fue rechazada por Control Ciudadano, organización que denunció que la misma viola disposiciones de dos leyes: la de la Fuerza Armada Nacional y del Ambiente.

"La nueva compañía militar, que ya ha sido denominada en Venezuela, "la PDVSA paralela", ha sido entregada a la Fuerza Armada Nacional para su gestión por los próximos 50 años y ejecutará más de medio centenar de funciones, según el Decreto de creación, para las cuales no dispone de competencias, experiencia, ni infraestructura", afirmó la agrupación en un comunicado, en el cual agregó: "Control Ciudadano considera que a esta compañía se le han asignado competencias por vía sub-legal, que claramente coliden con las funciones de policía administrativa especial de guardería ambiental y de investigación penal, que tiene asignada la FAN, de acuerdo al artículo 100 de la Ley Orgánica del Ambiente, en concordancia con el numeral 15, artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional".

A la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, le alarma que se abra las puertas a la FAN a la participación en una industria por naturaleza depredadora del ambiente y que la misma se dé sin ningún tipo de controles. "Es preocupante la urgencia del Ejecutivo Nacional por incorporar los diamantes como activo de sus reservas internacionales, ante la presión de los acreedores internacionales, sin embargo esta circunstancia no puede llevar a la República a explotar minerales estratégicos sin el respeto a la Ley. El país debe tener claro que de acuerdo a la Ley la FAN no puede explotar recursos naturales".

Tras solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que revise la legalidad del decreto que crea a la Camimpeg, la activista denunció que esta iniciativa junto al Banco de la FAN y una televisora supone para la institución armada una distracción de los recursos humanos y financieros que debería destinar a sus funciones de defensa y reguardo de la Nación.

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