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¿Ciudadanos de segunda?

08 de noviembre de 2015 00:00 AM

Otro aspecto de la controversia en la que se debate hoy Galipán tiene que ver con el dictamen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (decreto 1.783) que data de 2009, y que impide la construcción de nuevas viviendas en la zona, así como que crezca la densidad poblacional de esta área.

Se señala que hay decenas de ofertas por los terrenos del poblado, y que se están construyendo mansiones que están afectando el uso tradicional de la tierra en la zona.

Pérez afirma, sin embargo, que los galipaneros no están en contra de que se puedan negociar los terrenos de esta Abrae, ni tampoco que se puedan construir "casas bonitas": "Lo bueno atrae lo bueno", señala. "Si hay casas bonitas yo me veré obligado a mejorar la mía. Lo que pasa es que hay gente a la que le están permitiendo hacer cualquier cosa, subir materiales y construir, mientras a mí, por ejemplo, no me dejan ni pintar una pared de mi residencia", señala, en lo que, obviamente es una exageración pedagógica.

Pero aunque a Pérez no le parezca un exceso la situación de construcciones dentro del área del parque, los técnicos de Inparques sí la consideran una irregularidad. De hecho, señalan que hay tres casas que están en la mira del instituto, y a una de ellas se le ordenó paralizar obras un día con un procedimiento sancionatorio de Inparques, pero al siguiente, y, asumen los técnicos, gracias al tráfico de influencias, se les permitió seguirlas. Esto ocurrió en octubre de 2013.

A pesar de que sus habitantes han poblado Galipán desde el siglo XVIII, la propiedad siempre ha sido precaria, indica el presidente de la Asociación de Vecinos.

Hace dos meses, el gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, solicitó la derogatoria de la sentencia del TSJ, y anunció que construirá 49 viviendas dentro de los linderos de Galipán, para familias de la zona. Algunos galipaneros piensan, sin embargo, que es el inicio de un proyecto de viviendas para familias foráneas que afectaría la tranquilidad del sector. El Universal intentó comunicarse con García Carneiro para obtener su versión sobre este tema, pero no fue posible.

Pérez señala que en 1958, cuando se decretó al Ávila como parque nacional, se decretó también la expropiación y el pago de bienhechurías, pero este proceso nunca se concretó, por lo cual, ellos siguen teniendo plena propiedad sobre sus terrenos, algo que se reforzó con el decreto 2.334, de marzo de 1993, en el que se le da a Galipán el estatus de "poblado autóctono", que otorga plenos derechos de propiedad, de los que ya disfrutaban antes de la declaratoria de parque nacional (1958).

El no permitirles negociar por sus viviendas, o sencillamente reformarlas, ha devenido en que sean "ciudadanos de segunda", a los cuales se les niegan derechos que poseen plenamente, indica Pérez. "Nosotros hemos señalado que la única manera de mantener a los galipaneros en Galipán es permitirnos la modificación de nuestras casas para que nuestros hijos también las habiten", señala.

Sin embargo, otros habitantes, que conversaron con El Universal en condición de anonimato, señalan que están en contra de que se vendan los terrenos y estos se conviertan en mansiones. Afirman que estas casas "discrepan notoriamente de las casas de los campesinos" y que mayor preocupación causa que esas casas vacacionales suelen ser lugar de fiestas durante los fines de semana, que alteran la tranquilidad del pueblo con vehículos rústicos y música a todo volumen. PGO

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