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Asamblea aprobó acuerdo en rechazo a la "ruptura" del orden constitucional

Parte del acuerdo establece la devolución de las facultades del Parlamento, la exigencia de la liberación de los denominados presos políticos, así como el exhorto a la Fiscalía General de la República a iniciar averiguaciones para determinar la responsabilidad penal de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ por las recientes sentencias.

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  • JOSÉ SILVA

05 de abril de 2017 12:40 PM

Actualizado el 05 de abril de 2017 13:19 PM

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Parlamento aprobó acuerdo en rechazo a la "ruptura" del orden constituciona

Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este miércoles en sesión ordinaria, y por unanimidad, el acuerdo de rechazo a la “ruptura” del orden constitucional, así como el “golpe de Estado” en el país que, según los parlamentarios, se ha cometido con las más de 50 sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emitido en contra del Parlamento y que se ha “agravado” con las sentencias 155 y 156 del órgano judicial.

Según el referido acuerdo, consignado por el diputado Henry Ramos Allup, se responsabiliza al presidente de la República, Nicolás Maduro, del “golpe de Estado” en el país y se le exige a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, incoar las averiguaciones que conduzcan a la responsabilidad penal de los magistrados de la Sala Constitucional.

El texto igualmente condena la postura del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien asegura que en Venezuela no existe ruptura del orden constitucional. Por otra parte, afirma que el Parlamento es el órgano facultado para autorizar la creación de empresas mixtas por parte del Ejecutivo Nacional.

Asimismo, el documento indica que la AN “luchará” para “restablecer” el orden constitucional, exigir la convocatoria a elecciones “a la brevedad”, así como la liberación de los denominados presos políticos, y se le exhortó a la población a realizar “protestas permanentes” para “la recuperación” de la democracia.

Durante su intervención, Ramos Allup consideró como “histórica” la declaración de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz –quien afirmó que las sentencias 155 y 156 del TSJ constituían una ruptura del orden constitucional–, por lo que aseveró que estas declaraciones “corroboran” la existencia en el país, por parte del Gobierno, de una situación de “autogolpe de estado continuado” que existe, dijo, desde el momento en que el “régimen” conoció los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre 2015.

El parlamentario se refirió a las sentencias 157 y 158 que produjo el TSJ tras el exhorto que le hizo el Consejo de Defensa de la Nación, y mencionó que el Poder Judicial no puede revisar “por el propio principio de autotutela” las decisiones que ha emitido.

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