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De nuevo la inmunidad parlamentaria

  • JESÚS M. CASAL H.

20 de noviembre de 2017 05:02 AM

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De nuevo la inmunidad parlamentaria

Es lamentable que quienes directa o indirectamente fueron víctimas, durante los años 60, de abusos por el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, como senadores o diputados o como copartidarios de los afectados, pretendan ahora defender la abierta violación de la inmunidad del diputado Freddy Guevara, como ocurrió también recientemente con la del diputado Germán Ferrer. Más reprobable aún es que, para intentar justificar este último proceder de los órganos de persecución penal, se invoquen aquellos hechos pretéritos. Seguimos atascados lastimosamente en un discurso y en una práctica oficiales en los cuales los errores o crímenes del pasado excusan los del presente, condenando al país a quedar estancado en la incivilidad y en el rencor que hunde a los pueblos. Lo razonable hubiera sido asumir esos desafueros como acicate para una garantía de los derechos y de la Constitución cada vez más amplia y robusta, como expresión del derecho de los pueblos a la democracia y a la progresividad en el disfrute de los derechos humanos.


Pero lo que está a la vista de todos es que la inmunidad ha sido pisoteada, el ámbito de competencias de la jurisdicción militar ha sido expandido inconstitucionalmente para que abarque a civiles, los presos políticos se han convertido en elemento consustancial del régimen y el poder constituyente del pueblo, como último recurso para la reconfiguración democrática del Estado, ha sido usurpado.
 

Derecho a la defensa
En el caso reciente del diputado Freddy Guevara se vulneró gravemente la Constitución, pues bastó el señalamiento fiscal de que se habían cometido delitos en flagrancia para privarlo de la prerrogativa del antejuicio de mérito y, por tanto, del procedimiento que le hubiera permitido, al menos, ejercer su derecho a la defensa. Las actas de entrevistas consignadas por el sedicente fiscal general de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia, bajo ningún concepto podrían fundamentar la calificación de delito flagrante. A lo sumo podían dar lugar al desarrollo de una investigación y, de haber indicios de delito, a la formulación de una acusación ante dicho tribunal, con solicitud de antejuicio de mérito. Tan grave como eso es que se haya remitido el asunto a la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, ante el supuesto desacato en que se hallaría la Asamblea Nacional, a fin de que aquélla se pronunciara sobre el allanamiento de la inmunidad, como terminó haciéndolo.

De acuerdo con el artículo 200 de la Constitución, todo diputado goza de inmunidad desde su proclamación, razón por la cual no puede ser detenido ni sometido a juicio sin que la Asamblea Nacional haya autorizado su enjuiciamiento, es decir, levantado o allanado su inmunidad. La finalidad de esta prerrogativa es salvaguardar la autonomía funcional del Parlamento, de modo que éste no se vea menoscabado en el cumplimiento de sus labores por medidas indebidas de persecución adoptadas contra sus integrantes. La inmunidad no persigue la impunidad, pues no excluye sino solo condiciona o pospone el eventual enjuiciamiento, y su justificación es evitar que la separación forzosa de un diputado del seno de la Asamblea Nacional y la imposibilidad de que éste siga desempeñando sus actividades, obstaculice la realización de los cometidos parlamentarios de control sobre el gobierno o de legislación. La valoración sobre la existencia de este riesgo a la  autonomía funcional del Parlamento corresponde con exclusividad a la propia Asamblea Nacional.

Es una seria extralimitación que el Tribunal Supremo de Justicia haya establecido que la supuesta Constituyente puede reemplazar a la Asamblea Nacional en la apreciación de esas circunstancias y en la adopción de la decisión respectiva, pues el sentido de la inmunidad es que sea el mismo Parlamento el que determine si su autonomía funcional está en peligro. 
 

Garantías jurídicas
Es absurdo, además, que el Tribunal Supremo de Justicia alegue que la decisión sobre el allanamiento de la inmunidad corresponde a la pretendida Constituyente por ostentar ésta “plenos poderes”. Ni siquiera una genuina Asamblea Nacional Constituyente podría disponer de poderes para liquidar garantías jurídicas inherentes a la institucionalidad democrática del país, como tampoco para vulnerar derechos humanos, que es lo que ocurre cuando dicho órgano, incompetente para ello, allana la inmunidad de un diputado, con la consecuencia de que queda inmediatamente suspendido en el ejercicio de las funciones para las que fue electo. Hay mucho que hacer en el país para reivindicar la idea de que el poder más descollante y modélico no es el de quien puede abusar a sus anchas, sino el de quien acepta y propugna la sujeción al derecho como requisito indispensable para una convivencia en libertad.

jesusmariacasal@gmail.com

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