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Arrendamiento y soberanía

  • JOSÉ SANTIAGO NÚÑEZ GÓMEZ

11 de noviembre de 2017 05:01 AM

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Arrendamiento y soberanía

Está planteado el arrendamiento de activos de Pdvsa; hoy menos susceptible de la manipulación patriotera utilizada ayer para negarlo, porque ahora las razones económicas han venido a imponer sus insoslayables fueros: hay que invertir siete mil millones de dólares en dos de sus refinerías, y no hay dinero para ello.

Esas refinarías están en Venezuela, no hay forma que se las lleven del país y siempre serán operadas por trabajadores venezolanos. De lo que se trata es de establecer en los contratos de arrendamiento términos que permitan que deba prevalecer el interés del dueño (con su correspondiente compensación al arrendatario) en los casos en los que éste pida que la operación se mantenga más allá de lo que comercialmente se justifique; y eso, naturalmente, junto a las obligaciones para el inquilino asociadas a la buena operación de esas plantas (incluido mantenimiento y actualización tecnológica). Desde luego que, como en toda contratación, hay que escoger un buen contratante.

Por otra parte, no es cierto que un contrato de arrendamiento como el descrito requiera aprobación del Parlamento (la Asamblea Nacional). Allá en 1975, cuando se decretó la reserva al Estado de la industria petrolera en Venezuela, y lo cual incluyó la refinación de crudos, la ley dictada al efecto -la Ley de Nacionalización- previó la celebración de contratos para arbitrar el apoyo de terceros en la realización de algunas de las actividades propias “de la industria” -los llamados “convenios operativos”-, siempre y cuando no se afectase “la esencia misma de la actividad reservada”. Esos “convenios operativos” no estaban, según aquella ley, sometidos a la aprobación del Parlamento. La actual Ley Orgánica de Hidrocarburos, que sustituye la citada, discrimina las “actividades primarias”, que son las referidas a los productos en “estado natural”, de las “relativas a la destilación, purificación y transformación de los hidrocarburos naturales”, agregando que estas últimas pueden ser realizadas por el Estado y los particulares, conjunta o separadamente; y, si ello es así, con más razón es posible acudir al auxilio de un tercero para apoyar la operación de una refinería, a condición, como dijimos arriba, que no se afecte el concepto mismo de la nacionalización.

SANTINUNEZ@Yahoo.com

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