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PROCESOS DE PAZ (XIII)

Ruanda lleva 23 años de lucha por una reconciliación democrática

  • PILAR DÍAZ

08 de octubre de 2017 11:00 AM

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Hutus y tutsis tienen que superar el recuerdo del genocidio de 1994

El genocidio mató el 11% de la población en Ruanda que para 1994 llegaba a ocho millones.

Bélgica optó desde el principio de su dominio en Ruanda por privilegiar a la minoría tutsi (15% de la población) y convertirla en élite y los colocó en los puestos clave de la administración. 


De esta manera Bruselas consiguió estratégicamente que los aspectos negativos más visibles de la colonización (impuestos, restricción de libertades, etc.) apuntasen directamente a las autoridades locales y no a las europeas, fortaleciendo así su poder sobre el país de las Mil Colinas.


Durante la mitad de la década de los 50 del siglo XX, la sociedad ruandesa se encontró en un proceso de democratización exigido por las Naciones Unidas, pero en 1957 un golpe de Estado impuso al  rey al tutsi Kigeri V como el máximo líder, los líderes hutus fueron asesinados de forma selectiva.


El primer estallido de violencia interétnica se dio entre 1959 y 1963. Desde entonces ha habido sucesivos brotes de intensidad desigual: durante los años 1973, 1990, 1994 se vivieron situaciones de violencia; sin que ello signifique que los años no señalados hayan sido pacíficos.


El principal partido del movimiento radical hutu, el MDR Parmehutu, inició en 1959 una matanza sistemática de tutsis que terminó con 100.000 muertos y una primera ola migratoria  de 150.000 personas hacia Uganda, Congo y Burundi. Este proceso  continuaría durante los años siguientes, dando lugar a la creación de numerosos campos de refugiados, en los que después se crearía el Frente Patriótico Ruandés.


En 1961 se celebraron las primeras elecciones legislativas supervisadas por las Naciones Unidas (ONU). El partido MDR Parmehutu, dirigido por Grégoire Kayibanda, obtuvo la victoria con el 77% de los votos a su favor. 
Tras la celebración de un referendo para abolir la monarquía, se proclamó la independencia del país y Ruanda se convirtió en  julio de 1962, en una República democrática, social y soberana.


Sin embargo, como consecuencia del resultado, miles de ruandeses tomaron de nuevo la ruta del exilio, provocando una segunda ola migratoria hacia los países vecinos, la razón fue el temor a las represalias que pudiera realizar el sector que controlaba el Gobierno.


Los analistas políticos de la situación de Ruanda advirtieron que en un país donde el 85% pertenece a la tribu hutu, el 15% a la tutsi y el 1% a la twa, el apoyo masivo a un partido radical que apenas un año antes había exterminado a miles de tutsis revelaba que las minorías no iban a tener ningún beneficio, por el contrario el temor iba en aumento.


En 1963 se produjo una invasión de exiliados tutsis desde Uganda que desembocó en la matanza de 30.000 tutsis como represalia por parte de las Fuerzas Armadas Ruandesas. La situación en Ruanda se radicalizó y una tercera oleada de refugiados huyó ante el temor de nuevos ataques. 


MENTIRA TRAS MENTIRA

En 1990 se desató la guerra civil entre las Fuerzas Armadas Ruandesas –brazo armado del gobierno formado en su mayoría por hutus– y el Frente Patriótico Ruandés cuerpo armado de los tutsis que duraría cuatro largos años. Sólo el atentado que acabó con la vida del presidente ruandés, Juvénal Habyarimana, el 6 de abril de 1994, consiguió poner fin al conflicto bélico nacional pero ese día arrancó el peor de los genocidios que conociera la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial y en apenas 100 días.

Los analistas afirman que esta guerra civil tuvo mucho que ver con la promesa del hijo del entonces presidente francés Jean-Christophe Mitérrand, le hizo al presidente ruandés Juvénal Habyarimana de enviarle varios soldados que le ayudasen a frenar el avance del FPR sobre la capital, Kigali. 


La información sobre la llegada de los guerrilleros del FPR corrió como pólvora, mientras que la embajada francesa en Kigali no sabía nada de la operación militar, efectivos franceses llegaron a la capital ruandesa para dar apoyo al gobierno, el movimiento del Ejército ruandés fue verdadero, pero los rebeldes nunca llegaron a Kigali. De esa manera se inició la guerra civil, varios años después se sabría que fue toda una mentira.


A su vez un estudio balístico realizado en 2012 demostró que los disparos que abatieron el avión de Habyarimana el 6 de abril de 1994 provenieron del campo de Kanombé, donde se encontraban los soldados extremistas hutus que teóricamente debían protegerle y no fue un ataque de los tutsis. 
El presidente ruandés (un hutu moderado) acababa de firmar un pacto con los tutsis liderados por Paul Kagamé (el actual presidente ruandés) para compartir el poder.


LA MUERTE EN 100 DÍAS

En 1994 la propaganda trasmitida por la Radio Televisión de las Mil Colinas culpaba a los tutsis del magnicidio y alentaba a “matar las cucarachas”, así denominaban a los tutsis, recordando además que no se “olvidaran de los niños”.


Tanto la radio como la televisión –pertenecientes a la familia del entonces presidente–, se oponían  a las conversaciones de paz que estaba adelantando el mandatario Habyarimana y el Frente Patriótico Ruandés. Estos medios de comunicación lograron aumentar su audiencia transmitiendo música moderna, lo que hizo que tuviera gran arraigo dentro de la población más joven, de donde surgiría la guerrilla Interahamwe, formada por jóvenes hutus, los más sanguinarios durante las masacres.


Los métodos utilizados contra los tutsis y los hutus moderados rayaban en la barbaridad: violaron 500 mil mujeres y niñas, obligaron a hombres y mujeres a tener relaciones con personas infectadas con sida, amputaron extremidades a golpe de machete, quemaron vivos centenares de personas en recintos cerrados, en particular iglesias, escuelas y estadios, ejecutaban a niños y bebés delante de sus padres antes de asesinarlos a ellos. Los sobrevivientes llegaron a denunciar que ofrecían dinero para que los mataran de un tiro.


El 20 de abril el secretario general de la ONU, Butros Butros-Ghali ordenó reforzar la misión militar internacional UNAMIR, pero al día siguiente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo todo lo contrario y mandó reducir la Misión de 2.539 soldados a 270. Por su parte el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó una Decisión que imponía medidas restrictivas para otorgar apoyo a las misiones de paz de las Naciones Unidas.


Butros-Gali insistió en la situación ruandesa y utilizó la palabra genocidio pero los dirigentes occidentales rechazarón el término y le dieron largas a las discusiones sobre lo que estaba pasando en Ruanda. Esa situación obligaba activar la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, implicaba por lo tanto una intervención militar inmediata y  ningún país lo quería hacer.


A pesar de todas las evidencias, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no calificó las matanzas de genocidio hasta el 25 de mayo de 1994, cuando buena parte de la masacre ya se había consumado.


El 22 de junio el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó a Francia encargarse de la situación en Ruanda, pero aún así los 2.500 soldados franceses no lograron evitar que los hutus continuaran con la violencia.


El 15 de julio el Frente Patriótico Ruandés se apoderó de Kigali, la capital, obligando al gobierno hutu radical a huir del país en dirección al Zaire seguido de al menos dos millones de personas. 


A finales de 1994 se instauró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, instituido de conformidad con la Resolución 955 del Consejo de Seguridad de la ONU del 8 de noviembre de 1994, su finalidad es enjuiciar a los responsables del genocidio y de otras violaciones graves del derecho internacional.


El TPI para Ruanda ha recibido críticas de diferentes sectores: por un lado el Gobierno ha venido afirmando que no habrá “justicia” para las víctimas pues ese tribunal no contempla la pena de muerte para los culpables. Por otro lado los opositores acusan de sesgado el proceso de reconciliación ya que solamente se enjuicia los crímenes contra los tutsis y no se toma en cuenta la muerte de los hutus moderados, tampoco la “venganza” de los tutsis al tomar el poder. Desde 1994 hasta el 2014 el TPI para Ruanda apenas ha dictado 61 condena por el genocidio.


RECONCILIACIÓN POR LA FUERZA
El fin de la masacre no se dio por un acuerdo de paz o por negociaciones entre un bando y otro, sino por el triunfo militar de la minoría tutsi que se encontraba fuera de Ruanda y crearon un Ejército.


El Gobierno de reconciliación entre 1994-2003 a pesar de tener representantes de ambos bandos no generó el ambiente ideal para lograr la reconciliación deseada. Los vencedores buscaron imponer el olvido de la violencia, mientras que los vencidos anhelaban mantener vivo el recuerdo de la violencia  y estimular el odio y el sentimiento de venganza.


Dentro de las acciones para lograr la reconciliación se modificó la Constitución y se eliminó en los documentos de identidad los datos de la etnia procedente; además se impuso que ningún partido puede tener más del 50% de los escaños en el Congreso. 


En las elecciones de 2003 ganó Paul Kagame, uno de los dirigentes tutsi que entró en la capital ruandesa en julio de 1994, quien fue reelecto por tercera vez en agosto del presente año.


Durante estos 23 años que separan la historia de Ruanda del genocidio la economía ha avanzado y se ha logrado una relativa estabilidad política a pesar que los opositores, sin distingo de grupo étnico en estos momentos, critican al gobierno de Kagame de mantener un control extremo en los terrenos político y económico. La libertad de expresión se encuentra sometida a revisión bajo el argumento de no levantar odios.


Los ruandeses consideran que una verdadera reconciliación la harán las nuevas generaciones –60% de la población es menor de 30 años– que no vivieron los horrores del genocidio que diezmó el 11% de la población que tenía Ruanda en 1994.

LOS PECADOS DE LA IGLESIA

En diciembre de 2016 la Iglesia Católica de Ruanda confirmó que miembros del clero participaron de forma directa en el genocidio que se sufrió en 1994. Se tardaron al menos 22 años en aceptar la participación de curas y monjas de forma activa en las masacres que se realizaron en 1994.


La Iglesia Católica rechazaba su intervención en uno de los genocidios más atroces de la humanidad, alegando que los curas y monjas involucrados obraron a título individual.  


Varios sacerdotes y monjas fueron juzgados por su participación en el genocidio, en particular por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). El religioso más importante de la iglesia que fue juzgado por genocidio fue el difunto obispo Augustin Misago, quien fue absuelto y liberado de la prisión en junio de 2000. En el 2006, el cura Athanase Seromba fue condenado a 15 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad; en el 2001 dos monjas ruandesas fueron también condenadas a pagar con cárcel de 12 a 15 años por su participación en las masacres.


Se han puesto placas conmemorativas en 88 iglesias del país donde miles de tutsis fueron asesinados, solo en la parroquia en Nyumba se hallaron 30.000 cadáveres.


En marzo del presente año, el papa Francisco volvió a pedir perdón por las acciones de la Iglesia Católica en Ruanda y recordó al papa Juan Pablo II que en 2000 por primera vez hizo mención a  la participación de los clérigos en las masacres.


El gobierno ruandés considera que el pedido de perdón de la iglesia local no es suficiente de cara a los crímenes cometidos. 

LA MASACRE DE RUANDA DE 1994 DEJÓ

800 mil muertos que es el 11% de la población de ese año (ocho millones). 

Dos millones de desplazados para Zaire

480 mil desplazados para Tanzania

200 mil desplazados para Burundi

10 mil desplazados para Uganda

500 mil desplazados internos

250 mil personas infectadas por el Sida

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