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Alrededor de 50.000 dólares

Funcionarios de Aduana pagaron defensa de bolivianos detenidos en Chile

La detención y encarcelamiento de los nueve funcionarios, que ya se prolonga algo más de tres meses, ha supuesto una nueva escalada en las tensas relaciones entre Chile y Bolivia, que no tienen relación a nivel de embajadores desde 1978.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, durante discurso de inauguración de un coliseo en el departamento de Santa Cruz, Bolivia (Efe).

El presidente de Bolivia, Evo Morales, durante discurso de inauguración de un coliseo en el departamento de Santa Cruz, Bolivia (Efe).

EFE

  • EFE

23 de junio de 2017 11:36 AM

Actualizado el 23 de junio de 2017 13:25 PM

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Una jueza chilena condenó a siete funcionarios bolivianos y a dos militares bolivianos por porte ilegal de armas

Justicia chilena impuso la multa y decretó la expulsión del país como sanción por delitos de funcionarios bolivianos

La Paz.- Los funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) pagaron alrededor de 50.000 dólares por la Defensa y otros gastos en favor de sus siete compañeros detenidos en Chile desde marzo junto con dos militares, cuya vuelta al país fue anunciada esta semana, confirmó una fuente de la institución. 

La directora de la ANB, Marlene Ardaya, dijo a varios medios de comunicación que la Aduana ha iniciado una nueva colecta para cubrir la multa dictada por una jueza chilena, de poco más de 48.000 dólares, indicó Efe. 

Un portavoz de la ANB precisó que la colecta está solicitando 300 bolivianos (43 dólares) a los directivos que cobran más de 10.000 (alrededor de 1.450 dólares) y 170 bolivianos (24 dólares) al resto de funcionarios, pero refiriéndose a ese tema Ardaya insistió en todo momento en que las aportaciones son voluntarias. 

La institución cuenta con alrededor de 1.800 funcionarios, de modo que si todos aportan la cifra estipulada el aporte se acercaría mucho a los 48.000 dólares. 

Fuentes de la Aduana confirmaron que esta colecta es la segunda, después de que ya se pagó por este medio a los abogados chilenos que participaron en la defensa  y otros gastos destinados al bienestar de los nueve detenidos en la prisión de Alto Hospicio, en Iquique, Chile, y a costear dos visitas de sus familiares. 

El miércoles, una jueza chilena condenó a siete funcionarios de la ANB por lo delitos de robo con violencia y contrabando y a dos militares bolivianos por porte ilegal de armas, en lo que las autoridades bolivianas sostienen que fue una operación contra el contrabando en territorio boliviano el 19 de marzo. 

La Justicia chilena impuso la multa y decretó la expulsión del país como sanción sustitutiva a las penas de cárcel previstas para esos delitos. 

En un comunicado, la planta ejecutiva de la institución "agradece la solidaridad de los servidores públicos de la Aduana Nacional por su aporte voluntario destinado a cubrir costos de bufetes de abogados de Santiago e Iquique". 

Ardaya se reunió en la Cancillería con autoridades de ese ministerio, el de Justicia y la Procuraduría General del Estado, de modo que el Gobierno se pronunciará próximamente sobre si pagará o no algunos de esos gastos que han sido adelantados mediante aportes de los funcionarios. 

"No se ha tocado ni un centavo del Estado Plurinacional, todo ha sido nuestro aporte voluntario", dijo Ardaya al diario El Deber. 

Desde la ANB explicaron que las colectas han sido un mecanismo de urgencia para hacer frente a los gastos, ya que el Gobierno habría tenido que elaborar una normativa que habría prolongado el tiempo necesario, e incluso los aportes podrían llegar a devolverse si finalmente el Estado se hace cargo. 

Diversas autoridades del Gobierno, con el presidente Evo Morales a la cabeza, han criticado duramente el fallo de la justicia chilena e insisten en la inocencia de los nueve condenados, que nunca habrían violado territorio chileno y habrían estado desempeñando una operación contra el contrabando. 

Morales, incluso, calificó a los nueve como "mártires de la causa marítima boliviana" después de un fallo judicial que los condena "a la muerte civil". 

La detención y encarcelamiento de los nueve funcionarios, que ya se prolonga algo más de tres meses, ha supuesto una nueva escalada en las tensas relaciones entre Chile y Bolivia, que no tienen relación a nivel de embajadores desde 1978 y litigan en la Corte Internacional de Justicia por la demanda boliviana de una salida soberana al Pacífico por territorio de su vecino. 

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