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Se une a otros delitos

Condenan por abuso de autoridad a exdirector de ingresos de Martinelli

Los hechos que motivaron la investigación partieron de una denuncia presentada por el actual jefe de la DGI, Publio Cortés, el 21 de abril de 2015. Cortés denunció a Cucalón por abuso de autoridad al decretar este secuestro de bienes muebles e inmuebles en contra de Digicel por la suma de $141.592.827 millones. 

Cucalón se acogió al proceso abreviado y se le rebajó un tercio de la pena, quedando por cumplir 1 año y 3 meses. Se le inhabilitó además para el ejercicio de funciones públicas por el término de dos años, una vez cumpla la pena principal. La investigación de este proceso estuvo a cargo de Johaira González, Fiscal de Circuito Anticorrupción

EFE

  • EFE

03 de enero de 2018 11:47 AM

Actualizado el 03 de enero de 2018 17:47 PM

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El fiscal de Descarga Anticorrupción de Panamá, Adecio Mojica, incluyó en su petición de llamado a dos funcionarios más del gobierno de Martinelli

Cucalón enfrentó audiencia en Panamá luego de ser trasladado en septiembre pasado a la cárcel El Renacer

Panamá.- Un tribunal de Panamá condenó a 2 años de prisión a Luis Cucalón, exjefe de ingresos del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), por el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, informó una fuente oficial. La juez Zaida Cárdenas declaró penalmente responsable a Cucalón, exdirector de la antigua Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) -hoy Dirección General de Ingresos, DGI- y lo sentenció a 2 años de prisión. 

Sin embargo, al haberse acogido al proceso abreviado se le rebajó un tercio de la pena, quedando por cumplir 1 año y 3 meses. Se le inhabilitó además para el ejercicio de funciones públicas por el término de dos años, una vez cumpla la pena principal. La investigación de este proceso estuvo a cargo de Johaira González, Fiscal de Circuito Anticorrupción, informó Efe. 

El pasado 1 de diciembre, Cucalón fue enjuiciado por este Tribunal, sindicado por abuso de autoridad y extralimitación de funciones en perjuicio de la empresa telefónica Digicel Panamá, S.A. La fiscalía solicitó condena por supuestos abusos de autoridad de Cucalón, por presuntamente decretar medida cautelar de secuestro sobre cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles de la empresa telefónica Digicel. 

Los hechos que motivaron la investigación partieron de una denuncia presentada por el actual jefe de la DGI, Publio Cortés, el 21 de abril de 2015. Cortés denunció a Cucalón por abuso de autoridad al decretar este secuestro de bienes muebles e inmuebles en contra de Digicel por la suma de $141.592.827 millones. 

Igualmente, Cucalón, como director de la ANIP, ordenó el 7 de enero de 2014 la conducción y detención de un ejecutivo de la citada compañía, sin tener competencia para ello, detalló el Órgano Judicial. Por otro lado, el pasado 25 de octubre, el Ministerio Público (MP) solicitó el enjuiciamiento de Cucalón, sindicado por un caso de peculado y corrupción por supuestamente recibir sobornos de una empresa contratada por su administración para cobrar impuestos morosos. 

Cucalón, también exjefe de la DGI, acudió junto a otros imputados a la audiencia preliminar de este caso el día 25 de octubre por el Juzgado Primero de Circuito Penal a cargo de la juez Agueda Rentería Sánchez. La jueza se acogió al término de ley para calificar el sumario y decidir si hay méritos para enjuiciar a los sindicados. 

El fiscal de Descarga Anticorrupción del MP, Adecio Mojica, incluyó en su petición de llamamiento a juicio, por los mismos delitos a Cristóbal Salerno y Magaly Ramos, el propietario y la exgerente, respectivamente, de Cobranzas del Istmo S.A. (CISA), empresa que supuestamente pagó los sobornos. 

Mojica pidió además enjuiciar a Cucalón y Ramos por falsedad ideológica, y el sobreseimiento provisional en favor de Edgardo González, Irasema Sánchez, extesorero y exsecretaria de CISA, respectivamente, y María Salerno, hija de Cristóbal Salerno y supuestamente vinculada a esta empresa. 

Esta causa penal guarda relación con supuestas irregularidades en las cláusulas del contrato de agosto de 2010 entre la DGI y CISA que según un informe de la Contraloría de Panamá causaron una lesión patrimonial de $29,5 millones, de los cuales Salerno, que no acudió a la audiencia, devolvió $20,6 millones, según el expediente. 

Cucalón enfrentó esta audiencia luego de ser trasladado en septiembre pasado a la cárcel El Renacer, en las afueras de la ciudad, tras estar 2 años en detención preventiva en un exclusivo centro hospitalario de la capital panameña.

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