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Carme Forcadell ante el Tribunal Supremo

Comparece ante la Justicia española la presidenta del Parlament catalán

La Fiscalía los acusa de rebelión, sedición y malversación por haber urdido "una estrategia concertada a declarar la independencia" en el parlamento a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC), que había instado a Forcadell a no permitir iniciativas sobre la secesión. 

Carme Forcadell, la presidenta del saliente parlamento regional catalán, llega al Tribunal Supremo en Madrid, donde testificó junto a cinco legisladores. (Francisco Seco/AP)

Carme Forcadell, la presidenta del saliente parlamento regional catalán, llega al Tribunal Supremo en Madrid, donde testificó junto a cinco legisladores. (Francisco Seco/AP)

Francisco Seco/AP

  • AFP

09 de noviembre de 2017 13:30 PM

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El Gobierno español espera para las elecciones regionales del 21 de diciembre la movilización masiva de los no independentistas de la región de Cataluña

Forcadell defendió que como presidenta del parlamento catalán no tiene "libertad para impedir votaciones" y que el TC no puede censurarlas previamente

Madrid.- La presidenta del parlamento catalán saliente, la independentista Carme Forcadell, declaró este jueves ante el Tribunal Supremo de Madrid en una investigación por "rebelión", delito por el que ya fueron encarcelados preventivamente varios líderes nacionalistas. 

Un día después de una huelga en Cataluña para pedir la libertad de estos dirigentes, Forcadell y otros cinco diputados eran interrogados por el juez Pablo Llarena sobre su papel en el proceso independentista lanzado en esta región, señaló AFP. 

La Fiscalía los acusa de rebelión, sedición y malversación por haber urdido "una estrategia concertada a declarar la independencia" en el parlamento a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC), que había instado a Forcadell a no permitir iniciativas sobre la secesión. 

Este plan comenzó, según la fiscalía, antes de la declaración de independencia del parlamento catalán el 27 de octubre, que supuso el punto álgido de una crisis sin precedentes en la historia moderna del país. 

En su declaración de más de dos horas, Forcadell defendió que como presidenta del parlamento no tiene "libertad para impedir votaciones" y que el TC no puede censurar previamente el debate parlamentario, relató un portavoz suyo. 

El magistrado Pablo Llarena podría decretar prisión preventiva para ellos, como ocurrió con gran parte de los dirigentes que organizaron el 1 de octubre el referéndum inconstitucional. 

Nuevo revés desde Europa 

El presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, evitó ir a la cárcel al haber viajado a Bélgica hace diez días junto a cuatro compañeros, pendientes de la decisión de la justicia belga sobre una orden de arresto emitida desde España. 

El objetivo de este viaje era desplazar la crisis catalana al corazón de Europa, que sigue dándoles la espalda como dejó claro este jueves el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker desde la Universidad de Salamanca (centro de España). 

"No se juega con el derecho", afirmó Juncker que fue investido como doctor honoris causa en compañía del presidente de Gobierno español Mariano Rajoy. 

La Comisión alertó también de los riesgos económicos de esta crisis, que ya ha provocado la marcha de más de 2.200 empresas de la región y podría afectar el vigoroso crecimiento del país en los próximos años. 

"El 21 de diciembre es muy importante y sería importante que hubiera una participación masiva... Espero que de aquí vayamos a una situación de moderación y tranquilidad".

Mariano Rajoy 

Después del referéndum, que aseguraron haber ganado con un 90% de los votos y una participación del 43%, los independentistas proclamaron una república catalana que no fue reconocida por ningún país. 

A las horas, la declaración quedó en papel mojado. El Gobierno español destituyó al ejecutivo de Puigdemont y disolvió la cámara regional entre otras medidas destinadas a tomar el control de Cataluña. 

Sus impulsores se exponen ahora a penas de hasta 30 años por rebelión y 15 años por sedición y ocho de ellos ya están entre rejas. 

Sus militantes los consideran "presos políticos", pero desde la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional descartaron por ahora esta etiqueta, señalando que "están acusados de actuaciones que pueden constituir delito. La juez tiene derecho a investigarlo". 

Bloqueo del tráfico

Las encarcelaciones provocaron una huelga general el miércoles en Cataluña, con un seguimiento muy minoritario pero graves perturbaciones en el tráfico por los cortes de carreteras y vías férreas de diferentes piquetes. 

Las principales autopistas fueron cortadas dejando atrapados a cientos de camiones y los manifestantes ocuparon las vías de las estaciones de Barcelona y Girona, que conectan con Francia y Madrid, afectando a más de 150.000 pasajeros. 

Los independentistas prometen seguir con estas protestas mientras preparan también las elecciones regionales del 21 de diciembre convocadas por Rajoy, en las que esperan retomar el poder. 

"Hay que echar democráticamente de nuestras instituciones a quienes las han querido hacer suyas con un golpe de Estado", dijo Puigdemont en una carta. 

El presidente cesado no consiguió finalmente configurar una lista unitaria de todos los independentistas liderada por él y con el resto de dirigentes cesados en prisión o en Bruselas. 

El Gobierno español también espera la movilización masiva de los no independentistas de la región, que en las últimas semanas vieron en peligro su pertenencia a España. 

"El 21 de diciembre es muy importante y sería importante que hubiera una participación masiva... Espero que de aquí vayamos a una situación de moderación y tranquilidad", afirmó Rajoy. 

Los sondeos preciden un resultado muy ajustado, similar al de las elecciones de 2015 donde los separatistas consiguieron un 47,8% de los votos pero una mayoría absoluta en la cámara regional. 

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