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Resolución 9855 obliga a empresas a dar empleados para la agroproducción

A través de una Resolución, y en el marco del Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo establece que todas las empresas en el país deberán proporcionar los trabajadores para fortalecer la producción en el sector agroalimentario.

Quedaron exceptuados de este Decreto N° 2.705, ?las actividades del sector público y privado que no puedan interrumpirse?

Quedaron exceptuados de este Decreto N° 2.705, “las actividades del sector público y privado que no puedan interrumpirse”

ARCHIVO | Paulo Pérez Zambrano / Archivo

  • YAMILETH ANGARITA

28 de julio de 2016 10:34 AM

Actualizado el 28 de julio de 2016 12:24 PM

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Resolución 9855 obliga a empresas a dar empleados para la agroproducción

Caracas.- En la Gaceta Oficial con fecha 22 de julio de 2016 puede leerse la Resolución N° 9855 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, la cual establece que las empresas “públicas, privadas, de propiedad social y mixtas” tienen la “obligación” de “proporcionar los trabajadores y trabajadoras del sector público o privado, con condiciones físicas adecuadas, conocimientos teóricos y técnicos en las diferentes áreas productivas ”, “con el objeto de fortalecer la producción en aquellas entidades de trabajo de interés social relacionadas con el sector agroalimentario”.

Esta decisión laboral es de carácter "transitoria”, establecida en el marco del Decreto N° 2.323 que declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica.

En el sumario se expresa textualmente que la resolución “establece un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio y estratégico para todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixtas, que contribuya con el reimpulso productivo del sector agroalimentario, estableciendo mecanismo de inserción temporal de trabajadores y trabajadoras en aquellas entidades objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción.”

Entre otros aspectos importantes, la orden del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo establece que los trabajadores y trabajadoras prestarán servicios en las entidades requirentes por un lapso de 60 días, prorrogables por igual tiempo si las circunstancias lo ameritan.

En lo relativo al tiempo que dure la suspensión de los trabajadores y trabajadoras para prestar sus servicios relacionados con lo establecido en la Resolución N° 9855, “no estarán obligados a prestar el servicio a la entidad de trabajo originaria, ni esta a pagar el salario”. Esa obligación “recae sobre la entidad de trabajo requirente”.

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