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Esperan por ocho leyes en la ANC para apuntalar proceso productivo


Hasta ahora de instrumentos legales presentados por el presidente Nicolás Maduro, el pasado 7 de septiembre, han sido aprobados cinco

Entre las prioridades está rescatar la producción nacional

Entre las prioridades está rescatar la producción nacional

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  • WILFREDO MEJÍAS ZERPA

31 de diciembre de 2017 05:30 AM

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Esperan por ocho leyes en la ANC para apuntalar proceso productivo

Caracas.- Antes de pasar a cumplir con las cinco tareas estratégicas para apuntalar el fortalecimiento y despegue del aparato productivo nacional  durante el 2018, según fuentes del propio Ejecutivo, “se debe avanzar y tener los ocho instrumentos legales en materia económica que están bajo el análisis y debate actual de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que entre ellas actúan como vasos comunicantes”.

Las primeras en aprobarse por el cuerpo legislativo fue la de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, que “se aplicó de manera incipiente y sin contundencia para luego meterle un freno a la contención de  los precios desbordados y a los  acuerdos desde la Sundde con sectores productivos como los circuitos del café, carne, pollo, pasta dental, jabones, arroz, harina precocida de maíz blanco y amarillo, “pero hasta allí llegó el experimento de acordar precios con el sector productivo, ante la inflación inducida y el dólar de guerra “, se admite desde fuentes gubernamentales.

También se aprobó la que crea a  Agrosur, que centraliza todo el tema de  la institucionalidad, planificación y ejecución de la producción primaria, en materia de financiamiento, aplicación de políticas públicas, apoyo y asistencia técnica, suministro de materia prima e insumos, fertilizantes,   maquinaria y equipos, riego, etc.”.

En su conjunto, debemos recordar que el  presidente Nicolás Maduro presentó el 7 de septiembre de 2017 ante la ANC, los ocho textos que tienen que ver con temas bien puntuales, como veremos más adelante. A estas leyes le siguió la sanción de la de Doble Tributación, Arco Minero y la de Inversiones Extranjeras Productivas, para cerrar el 2017.

Cinco tareas específicas

 Entre tanto, el vicepresidente de la Gestión Económica y también ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, ha hablado de las cinco tareas específicas que están planteadas para 2018, en función de mejorar y consolidar las estructuras económicas y productivas del país.

Este funcionario ha explicado  que el primer cometido es garantizar y satisfacer la demanda de bienes y servicios que requiere el país y la generación de excedentes, para la exportación y para las reservas estratégicas, refiere una nota de prensa.

Asimismo, en segundo lugar se plantea fortalecer el poder adquisitivo del pueblo venezolano, acompañado de planes dirigidos a combatir la especulación, y que, a su vez, se desarrollen las actividades productivas.

La tercera tarea es —agregó—consiste en  fortalecer el impulso de las misiones y grandes misiones, así como todos los programa y políticas de protección social con los que cuenta el Estado y que han contribuido a reducir la desigualdad social en su país.

Castro Soteldo planteó que otra de las tareas en la que se debe hacer énfasis es en la protección y la oferta del empleo, por lo que resaltó los pasos dados en esa materia a través del Plan Chamba Juvenil, con una meta bien ambiciosa para la formación y utilización de esa mano de obra joven en las distintas áreas del aparato productivo nacional.

En quinto lugar insistió el ministro en la necesidad de reducir los niveles de importación, tarea bastante “cuesta arriba”, hasta ahora, por cuanto hay políticas públicas que se están aplicando, según se nos explicó, pero que requieren de mayor maduración para incrementar aún más los niveles de la producción, con lo cual también se estarían reduciendo las compras foráneas, muchas de las cuales son para coadyuvar en la oferta a la población venezolana de bienes de primera necesidad a bajísimos precios, provenientes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción  (CLAP), “pero donde no hay que quedarse como hasta ahora en lo del Abastecimiento sino que hay que trabajar en profundidad el tema de la Producción”, como ha dicho su coordinador nacional, el ministro Freddy Bernal.

Leyes Necesarias

Los miembros de la Comisión de Economía ANC, que preside Eduardo Piñate, junto a los estrategas gubernamentales en estas áreas, unidos al poder popular, tendrán que apurarse para iniciar el al año 2018 con este cuerpo legal, que permita un mejor accionar en “ese campo minado, que muestra hoy la economía nacional con un dólar de guerra, bloqueo financiero externo y una alta inflación inducida, producto de la guerra económica en plena efervescencia”, precisó la fuente consultada. Los instrumentos presentados el pasado 7 de septiembre por el presidente Nicolás Maduro, tienen que ver con:

La Ley de Abastecimiento Soberano y de Precios Acordados, o  “Ley del Plan 50”. Con ella, se espera iniciar la discusión desde la Gran Misión Abastecimiento Soberano, junto a sectores productivos, distributivos, los consumidores y el poder popular, para crear un nuevo sistema de fijación de los precios máximos acordados de venta al público. En principio, de 50 productos y servicios fundamentales del país. En estos menesteres “está raspado el Gobierno”, se nos indicó. Empero, el Estado jugará un papel fundamental como fiscal y vigilante de estos precios junto a la población investida de fiscales, de manera legal.

Entre los productos, figuran la leche líquida pasteurizada y en polvo, mayonesa, margarina, mortadela, harina de trigo para panadería, pastas alimenticias, pollo,  curbina,  corocoro,  atún,  sardina,  mantequilla, queso blanco duro, jamón de cerdo, jabón en panela, jabón de baño y aceite, entre otros. Sobre este aspecto, el presidente Nicolás Maduro ha expresado que “la solución no puede ser un sistema de congelación de precios “desfasado e irreal”, por lo que se busca lograr consensos “por las buenas”, con el diálogo. Sin embargo, alertó que se necesita al pueblo en la calle, y a la justicia actuando a tiempo. Tampoco puede plantearse como solución la liberación de precios”. En su oportunidad, el presidente   ratificó que “el gobierno no dejará sólo al pueblo”.

La segunda ley que entregó  Maduro a la ANC  busca establecer la figura de fiscales desde los CLAP y los consejos comunales. Que  “deben ser los ojos, los oídos y los manos de los barrios, las comunidades, las parroquias, calles y ciudades de Venezuela” para la vigilancia de los precios, dándoles presencia jurídica y poder de acción”, se precisa. Estos fiscales populares deben ser acompañados de un fiscal de oficio y un defensor del pueblo, que pueda detener a los que violen las leyes y puedan ser procesados por los tribunales.
La tercera ley autorizará el funcionamiento de casas de cambio en todo el país (y no sólo en las zonas fronterizas), con el fin de derrotar los mecanismos de fijación de precios del dólar no oficial.  Habrá una dirección desde el Banco Central de Venezuela (BCV) y la Comisión de Economía Nacional.
La cuarta es la Ley de la Promoción y Protección de la inversión extranjera en Venezuela, que permitirá mejorar las condiciones para empresas extranjeras que van a entrar a invertir en el país. Sobre ella se han levantado voces, como la de Luis Brito García, advirtiendo del cuidado que debe ponerse sobre este delicado tema, para no ceder espacios o incurrir en errores dañinos para el país, como en textos anteriores”. Tras las consultas, fue aprobada por los constituyentes  días atrás.
La quinta ley establece un nuevo régimen para los inversionistas y un nuevo régimen tributario para el desarrollo soberano del Arco Minero del Orinoco (AMO). Se recalca, que finalmente ingresaron a las bóvedas del BCV  un total de 8,5  toneladas de oro este año 20107, con una meta a cumplirse en 2018, de alcanzar ingresos por el orden de los 2.000 millones de dólares, producto de la explotación minera. Se aspira que un tercio de las divisas que ingresaban por el rentismo petrolero, sean cubiertas por la mineria.
La sexta ley busca pechar de manera justa y crear impuestos a quienes lograron grandes patrimonios que han surgido durante la actual   “guerra económica“. Que sean ellos quienes paguen el desarrollo económico del país. El presidente Maduro el 7 de septiembre, pidió “una investigación especial en 30 días para determinar quiénes son los beneficiarios de grandes fortunas producidas durante la guerra económica y solicitó a la ANC, a través de su Comisión de Contraloría, determinar el origen y localización de estas grandes fortunas”. Sobre este aspecto, no ha trascendido aún ningún resultado concreto a la opinión pública.
La séptima ley crea la Unidad Tributaria Punitiva “para que persigan todos los delitos que se cometen en los campos de la economía contra el pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes, y les cobre hasta la forma de caminar”. Se aplicará la ley a todo el que especule o “bachaquée”. Destacó en esa oportunidad el Primer Mandatario, que las leyes actuales “aplican multas irrisorias a los infractores”. Indicó Maduro además, que en un máximo de 30 días deberá instalarse el sistema de facturación electrónica para los 5 mil grandes contribuyentes del país, para que “le paguen al país, respeten la economía y cojan mínimo”.
La octava ley , ya aprobada, crea a  AgroSur que se define como un gran consorcio o corporación agroalimentaria que persigue “ la coordinación nacional de todos los esfuerzos productivos para los 20 rubros principales de país, hasta completar los 50 priorizados, atendiendo a los requerimientos de materia prima, insumos, asesoría, maquinaria, financiamiento y todo el proceso productivo en el campo venezolano”, se explicó.

Cabe reiterar, que la ANC sancionó este miércoles 27 de diciembre,  la Ley del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero,  y  el jueves 28, la que tiene que ver con la Regulación de las Inversiones Extranjeras Productivas, en sesión dirigida por el primer vicepresidente del Poder Constitucional, Aristóbulo Istúriz.

Istúriz afirmó que “la aprobación de esta ley del Arco Minero  nos permite ir dando cumplimiento a las leyes económicas presentadas por nuestro presidente Nicolás Maduro y a la aprobación de las 8 leyes económicas presentadas a principios de septiembre, para la construcción del nuevo modelo económico”, señaló. “Constituye un acto de soberanía…busca preservar el patrimonio ambiental y garantizar los derechos a los pueblos indígenas”.

Por su parte, el ministro para Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, encargado de presentar el proyecto de ley ante la ANC, subrayó que los recursos minerales que alberga el Arco Minero del Orinoco, tales como diamantes, oro, hierro y bauxita, representan un potencial de 1,6 billones de dólares para la nación.

“Esta Ley garantiza el control soberano hegemónico del Estado en el desarrollo de la cadena productiva del sector minero y sus actividades conexas en el Arco Minero de Guayana”, expresó Cano.

Asimismo, indicó que la ley permitirá el “impulso de las inversiones para que el AMO se desarrolle armónicamente y podamos, en definitiva, salir del modelo rentista petrolero a una economía más diversificada”, puntualizó el ministro

En la sesión ordinaria de la ANC, el funcionario destacó que el desarrollo del AMO “es una necesidad para el pueblo de Venezuela” y “una respuesta a la guerra económica”, pues garantiza al pueblo el desarrollo de la actividad minera en el país.

Además, el referido proyecto impactará lo que es el Arco Minero del Orinoco, unos 111.843 km², donde “tenemos un potencial innumerable de riquezas”.

Impulso a inversiones

El Arco Minero Orinoco, “permitirá el impulso de las inversiones y su desarrollo de manera armónica para salir del modelo rentista petrolero hacia una economía más diversificada” y dar verdadera soberanía a Venezuela en esta materia, resaltó Cano quien agregó que se busca que el impacto ambiental y social sea lo menor posible, pues solo el 1,5% de este territorio será explotado por la actividad minera.

Precisó que el potencial en oro en esta zona viene siendo unas 8.900 toneladas, lo que representa un potencial de 1,6 billones de dólares y nos convertiría en el segundo país del mundo con las mayores reservas de este mineral.

El potencial en diamante es de mil millones de quilates, en hierro 140.606 toneladas, en bauxita 321 millones de toneladas, agregó.

Hasta la fecha, de acuerdo con cifras del ministro, a partir de la actividad minera en esta zona se ha entregado un total de 8.5 toneladas de oro al BCV en 2017.

Por tanto, el desarrollo del AMO representa la posibilidad de desarrollar una estrategia para saldar la situación económica que atraviesa el país, es una propuesta política del Gobierno Nacional para construir un eje productivo alrededor de las minas locales.

Inversiones Extranjeras

Este jueves, la ANC aprobó la Ley de Inversión Extranjera – una de las leyes presentadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en septiembre–, que tendrá como objetivo fortalecer la producción nacional y reducir las importaciones.

El vicepresidente para el Área Económica, Wilmar Castro Soteldo, definió este documento legal como una nueva herramienta en la economía venezolana, que permitirá el ingreso de divisas de otras fuentes no petroleras.

Durante el debate, el también ministro de Agricultura señaló que la ley — conformada por 47 artículos comprendidos en seis capítulos — prevé y garantiza la integridad territorial, la soberanía y la independencia del país.

"A mi modo de ver, es una de las leyes de mayor contenido transformador en el marco de la economía que va a fortalecer la producción nacional", refirió al tiempo que apuntó que con la aplicación de misma se irán reduciendo de manera progresiva las importaciones.

Recomendó que quede como tarea pendiente la elaboración de un reglamento que reúna las consideraciones del debate, así como la creación del ente rector que va a garantizar el cumplimiento de esta ley y la conformación de una instancia estatal que coordine esta materia.

Impulso al desarrollo productivo

Tras la presentación de la ley, el constituyente Hermán Escarrá señaló que este marco legal tiene por objeto impulsar el desarrollo productivo del país, promoviendo las inversiones extranjeras para apoyar la producción nacional

Este instrumento legal "se coloca al servicio de la nación, de la Patria bolivariana, y le da primacía al pueblo venezolano. Esta ley señala que de ninguna forma se puede obviar que tiene primacía la jurisdicción nacional, es decir que se preserva la doctrina constitucional y la de la revolución bolivariana", indicó.

Escarrá resaltó la importancia de esta ley, puesto que mediante la inversión foránea se podrán retomar 8 mil pozos petroleros del país, que es "la única forma de lograr el millón de barriles que requiere Venezuela para recuperar la economía y lograr los objetivos y las políticas sociales que impulsa el Gobierno del presidente Nicolás Maduro".

En este contexto el presidente de la Comisión Económica de la ANC, Eduardo Piñate,  señaló que con el instrumento legal – que entrará en vigencia apenas sea publicada en Gaceta Oficial – se podrá solventar la situación económica que vive el país, producto de la caída de los precios del petróleo (desde mediados del 2014) y la guerra económica promovida por la derecha.

Resaltó que esta ley tiene como requisito fundamental incentivar el modelo económico comunal. "Nosotros estamos convencidos de que uno de los desafíos estructurales de la economía venezolana y de la construcción del sistema socialista bolivariano, es crear una poderosa economía comunal, y aquí está planteada", manifestó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Constitucional de la ANC, Iris Varela, indicó que este instrumento reúne el consenso de todas las voces que apuestan por la defensa y desarrollo de la nación, "sin entregar nuestra soberanía".

"Que vengan los inversores pero con reglas claras, aquí hay una ley para inversionistas extranjeros productiva que sirve para que nuestro país consiga los recursos que necesita sin que el imperio norteamericano se interponga", dijo y agregó que la norma también "servirá para que el pueblo venezolano pueda desarrollar sus propias empresas nacionales para así incrementar el empleo, además de garantizar la igualdad entre los inversionistas nacionales y extranjeros".

Bajo este escenario para darle viabilidad al piso legal, finalizó el año 2017, mientras que el 2018 comenzará bajo grandes expectativas en materia económica, con miras a aguardar si en realidad los 8 instrumentos legales, que lucen “como un solo cuerpo”, puedan coadyuvar a impulsar la nueva economía productiva, que se deslinde o deje atrás el caduco  rentismo petrolero, a través del cumplimiento de la Agenda Económica Bolivariana y sus 15 Motores, “además de otras medidas económicas y sociales complementarias”, tal como lo ha deslizado el Primer Mandatario Nacional.

El próximo año también se inicia con grandes expectativas  en materia del surgimiento de la Petromoneda, cuya institucionalidad está en marcha,  respaldada por parte de las reservas de gas, diamante, oro y petróleo, donde en este último rubro ya se oficializó el sustento material, con la certificación de reservas por más de 5 mil millones de barriles en el Bloque 1 del Campo Ayacucho, en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”.

También 2018 se abre a lo que pueda ocurrir con los precios del petróleo y su repunte y estabilidad luego de que el pasado 30 de noviembre de  se produjera el acuerdo entre países miembros de la OPEP y productores independientes, 25 en total, para extender el recorte de la producción de 1,8 millones de barriles diarios de crudo hasta diciembre  del próximo año.

La conducción económica y su accionar para superar la actual crisis, en camino a una hiperinflación, son algunas de las tareas que tiene por delante el actual gobierno que preside Nicolás Maduro. Empero, sin abundante producción y precios asequibles a la población en general del país, el panorama no luce aun del todo claro, en un año que por lo demás, tiene el agregado de ser electoral. Habrá que esperar.

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