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Ejecutivo Nacional garantizará el trabajo en General Motors

Representantes de la industria automotriz solicitaron que se revise la medida de embargo que afecta la transnacional. El coordinador del Motor Industrial y presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad y el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, sostuvieron una asamblea de emergencia con los trabajadores, la tarde de este jueves.

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  • IVONNE AYALA

21 de abril de 2017 05:30 AM

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Industria automotriz pide a Ejecutivo se revise embargo a General Motors

Caracas.- Con motivo del anuncio del cese de operaciones de la General Motors en el país, efectiva  a partir de ayer, la tarde de este jueves, el coordinador del Motor Industrial y presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, y el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, se reunieron con los trabajadores de la planta de esta empresa en  Los Guayos, Valencia, embargada por decisión tribunalicia, para trazar el rumbo de la actividad en estas instalaciones, y garantizar el trabajo de sus empleados.

De acuerdo a lo informado en primera instancia, la estrategia está orientada a impulsar el arranque de las actividades en esas instalaciones, a través de un apalancamiento  financiero que permita restablecer el aprovisionamiento de los insumos necesarios para el ensamblaje de vehículos, así como interponer las fórmulas necesarias para encontrar soluciones al problema planteado.

El miércoles 19 de abril, los representantes de la transnacional, fueron enterados de la medida de confiscación de las instalaciones, así como de bienes inmuebles pertenecientes a la empresa, emitida por el Tribunal Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito, que afecta a la Planta ubicada en Valencia. A este respecto, la cada matriz ubicada en Detroit, Estados Unidos, emitió  un comunicado en el que especifican que “la empresa rechaza firmemente las medidas arbitrarias adoptadas por las autoridades y tomará enérgicamente todas las acciones legales dentro y fuera de Venezuela para defender sus derechos”, estipulan.

Acotan que se comete un “daño irreparable a la compañía, a sus 2.678 empleados, sus 79 concesionarios (la red de servicio mayor del país con más de 3.900 trabajadores) (que suman 6.578) y sus (12.000) proveedores”. 

Gabriel Briceño, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles del estado Nueva Esparta (Adane), solicitó al Ejecutivo  a nombre del sector, previo a la visita de los funcionarios de Gobierno a la Planta de Los Guayos,  que “intervenga y revise de inmediato esta medida tribunalicia que va en contra del acuerdo que se firmó hace quince días con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera para impulsar la industria automotriz. Esta decisión contraría las intenciones del Gobierno, y representa un duro golpe al sector y al país”, sostuvo.

Se refiere Briceño al acuerdo firmado el pasado 27 de marzo, en el marco de la Expo Venezuela Potencia 2017, entre el Gobierno Bolivariano y el sector empresarial privado automotriz, orientado al fortalecimiento de la producción nacional de vehículos automotores particulares, de carga y motos productivas.

En esa oportunidad,  informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, que esta alianza traería como resultado la creación de "90.000 nuevos puestos de trabajo  en la industria automotriz nacional, es mano de obra calificada y súper calificada”.

Según explicó ese día, esos acuerdos plantean el acceso al sector privado de divisas para la importación de insumos suficientes, explicó Maduro. Otro de los más importantes objetivos de la iniciativa es la sustitución del 25 % de las partes y autopartes que se importan en el sector, amplió el Mandatario.

Los trabajadores de la planta ensambladora de Los Guayos, que fue embargada, sostuvieron desde tempranas horas de este jueves, una asamblea para analizar la situación, en ella se aseguró que la sentencia emitida el 4 de abril de este año por el Tribunal Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito, ratifica una decisión anterior (Sentencia 1682) emitida por el TSJ, el 15 de diciembre de 2015, y que ordenaba a General Motors Venezolana responder a las demandas del concesionario que ejerció la acción el 6 de junio de 2001, aseguraron.

Al momento de la redacción de esta nota, aún se desarrollaba la asamblea de emergencia entre los funcionarios de Gobierno y los trabajadores de la planta afectada por la medida, en Valencia. 

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