Río de Janeiro, Brasil.- El presidente de Brasil, Michel Temer, anunció la creación del Ministerio de Seguridad Pública, cuyo titular será el actual ministro de Defensa, Raúl Jungmann, y con la que se busca frenar la ola de violencia que afecta a diferentes estados del país, principalmente a Río de Janeiro.
El anuncio lo hizo el portavoz de la Presidencia de la República, Alexandre Parola, en un pronunciamiento de menos de dos minutos, informó Efe.
El nuevo ministerio se encargará de "coordinar la integración de los servicios de seguridad pública en todo el territorio nacional en colaboración con las autoridades regionales", explicó Parola.
Según la Constitución brasileña, la garantía de la seguridad es una función de los estados, por lo que hasta ahora el Gobierno federal no tenía un ministerio dedicado a esta labor.
El Ministerio de Seguridad Pública tendrá bajo su mando a la Policía Federal, la Policía de Carreteras, el Departamento Penitenciario Nacional y la Secretaría Nacional de Seguridad (que incluye a la Fuerza Nacional de Seguridad), que hacían parte de la estructura del Ministerio de Justicia.
Con la ida de Jungmann para el nuevo ministerio, el general del Ejército Joaquim Silva y Luna, actual secretario ejecutivo de la cartera de Defensa, asumirá como nuevo titular de este ministerio.
El decreto ejecutivo que crea la nueva cartera entra en vigor de forma inmediata, pero el Congreso tiene hasta 60 días para refrendarlo.
La medida ya había sido anticipada a mediados de febrero por Temer luego de decretar la intervención en la seguridad en Río de Janeiro para frenar la creciente ola de violencia en esta región y por la que transfirió a los militares la responsabilidad de coordinar y ejecutar las tareas de orden público en el estado más emblemático de Brasil.
La decisión de decretar la intervención federal fue adoptada por el presidente de Brasil tres días después del fin del carnaval de Río de Janeiro, que este año se vio manchado por numerosos y graves episodios de violencia.
Según versiones de prensa, Jungmann fue elegido para asumir el nuevo ministerio por su perfil más político y por la experiencia acumulada en los últimos meses ya que, desde que asumió como titular de la Defensa, condujo acciones constantes en la seguridad pública en varios estados.
Desde 2006, el Gobierno federal de Brasil ha editado 11 decretos de Garantía de la Ley y Orden por los que autoriza el auxilio de tropas federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, en operaciones de seguridad pública en diferentes estados, como Río de Janeiro, Espírito Santo y Río Grande do Norte.
Las mismas versiones indican que el Gobierno llegó a evaluar el nombramiento del general Sérgio Etchegoyen, ministro del gabinete de Seguridad Institucional como titular de Seguridad Pública, pero la opción fue descartada por tratarse de un militar.
Tras la decisión de nombrar a un general del Ejército como interventor en la seguridad de Río de Janeiro, la Presidencia consideró que podría ser mal recibido la llegada de otro militar al mando del Ministerio de Seguridad Pública.
La expectativa del presidente Temer es que Jungmann, un experimentado diputado, tenga mayor capacidad de interlocución con los gobernadores regionales, incluso por su experiencia como parlamentario y ministro de la Reforma Agraria de la gestión del presidente Fernando Henrique Cardoso.
Respeto a los Derechos Humanos
La Defensoría Pública de Brasil le pidió hoy al interventor de la seguridad pública en Río de Janeiro que preserve los derechos de la población, en un comunicado en el que manifestó su preocupación por la posibilidad de que los militares usen mandatos colectivos de búsqueda y aprehensión.
La solicitud del Ministerio Público se produjo luego de las primeras actividades desarrolladas en el marco de la intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro decretada hace 10 días por el presidente brasileño, Michel Temer, y que cede al Ejército el comando de las tareas de orden público para frenar la ola de violencia que azota al estado más emblemático de Brasil.
En su comunicado, la Defensoría informó que, a través del Defensor Nacional de Derechos Humanos, se remitió una recomendación al interventor federal de la seguridad en Río de Janeiro, general del Ejército Walter Souza Braga Netto, para preservar los derechos fundamentales de la población civil y militar.
La principal preocupación del organismo es el posible uso de mandatos colectivos que permitan a policías y militares realizar allanamientos en diferentes residencias indistintamente.
La semana pasada el ministro de Justicia, Torquato Jardim, explicó que estos mandatos de búsqueda y aprehensión no serán colectivos sino que traerán nombres y direcciones de los blancos, conforme lo prevé la Constitución.
No obstante, agregó que esas solicitudes deberán contener varios nombres y múltiples direcciones, debido a la singularidad de las zonas de conflicto, lo que no dejó muy clara la diferencia entre estos mandatos y los colectivos.
Además de los mandatos colectivos, el Ministerio Público también mostró preocupación por las "fichas" con datos y fotos que algunos militares hicieron de habitantes de algunas favelas, de Río de Janeiro, durante los operativos.
El viernes, la Defensoría Pública de Río de Janeiro acusó de violaciones a los derechos humanos a los miembros del Ejército que participaron de un operativo de seguridad pública por haber elaborado estos "fichajes".
El comunicado del Ministerio Público también pide acceso "amplio e irrestricto de la prensa" a las áreas donde se lleven a cabo las operaciones que adelanten las autoridades y recordó que "la percepción de seguridad en Río de Janeiro necesita venir acompañada de la preservación del Estado democrático de derecho".