Denuncian desinversión y anarquía en actividad minera

El Gobierno ha aplicado diversos planes, leyes y decretos ministeriales con el propósito de reordenar y controlar la actividad minera nacional, especialmente la del sur del país, en el estado Bolívar.

Esta administración, a través de instrumentos legislativos y ejecutivos, ha afectado a cooperativas, molineros, artesanos y grandes empresas dedicadas a explorar y explotar yacimientos auríferos, a fin de alcanzar la recomposición del sector y dar mayor prevalencia al papel del Estado. "El saldo de todas esas acciones es negativo para la región y el país, en lo ambiental, económico y social", dijo Américo Da Grazia, diputado miembro de la Comisión de Energía y Minería de la Asamblea Nacional.

El parlamentario utiliza el término de "confiscación" antes que el de "expropiación", porque según dice, "el Gobierno no paga, no indemniza a las personas o grupos afectados" por la actuación oficial. Señaló que estos procedimientos han motivado "un desasosiego, una desinversión y una anarquía" en la minería, además de los reclamos que han introducido empresas internacionales contra el Estado venezolano ante instancias como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi).

Recordó que el Gobierno rescindió el contrato de concesión que tenía la empresa canadiense Placer Dome en la mina Las Cristinas (Km 88) la segunda con mayores reservas de oro en América latina y la sexta del mundo y luego, "de esa confiscación que produjo un gran revuelo, otorgó un contrato de operación a la también transnacional canadiense Crystallex".

"Tiempo después", adicionó Da Grazia, "igualmente le fue confiscado el contrato a esa minera internacional, y en febrero de este año, el Gobierno decidió desarrollar ese importante yacimiento en forma conjunta con la compañía estatal china Citic Group. En otras palabras, en todo este tiempo el Gobierno ha actuado sin basamento, es el quítate tú para ponerme yo".

Apuntó que en La Cristinas "las autoridades sacaron a las dos cooperativas que operaban legalmente en la mina. Y no pagaron a los afectados".

Estado grande

En septiembre de 2011 fue promulgada la Ley Orgánica que Reserva al Estado la exploración y Explotación del Oro, conocida como la Ley de Nacionalización del Oro. El texto establece la migración de las mineras hacia empresas mixtas, que tendrían participación mayoritaria del Estado.

La protesta de los pequeños mineros hizo que los plazos contemplados en la ley para la migración fuesen prolongados. Y hoy, con los plazos nuevamente vencidos, el Gobierno difirió el proceso para el 15 de octubre, "para no generar más ruido" antes de las elecciones presidenciales, comentó.

Y en la gran minería, la empresa Rusoro optó ventilar sus diferencias con el Gobierno a través de los organismos de arbitraje internacional. "Las medidas del Gobierno venezolano se han traducido en una pérdida significativa", explicó en un comunicado su presidente, Andre Agapov.

Dijo que "durante varios meses hemos tratado de encontrar una solución amistosa a la controversia con el gobierno venezolano, pero al final, a la luz de la aparente falta de voluntad del Gobierno para buscar una solución amistosa, el arbitraje se convirtió en el único recurso de la empresa".

Pequeños mineros

El diputado señaló además que el "Gobierno confiscó las 24 estaciones de servicio de combustible ubicados en el sur y suroeste del estado Bolívar y no canceló a los propietarios de esas distribuidoras de gasolina. Eso lo resolvió el contrabando que en vez de reducirse", aumentó. "Se quemaron 3 estaciones de servicio por la impericia de las personas que allí colocaron".

También se reportó "una confiscación a los molineros de El Callao, Guasipati, entre otras comunidades, al colocar de manera unilateral en esas operaciones a la empresa estatal Minerven". Sin embargo indicó el legislador, que "una de las acciones más deplorables es el desconocimiento que el Gobierno hace de la vocación minera de la población de Ikabarú que se fundó y desarrolló hace 33 años, en torno a esa actividad económica".

Esta situación, comentó, aún genera incertidumbre y malestar en sus pobladores que se mantienen en protesta permanente.