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Año y medio de protestas

Aunque en 2014 la mayoría de las protestas se han concentrado en el movimiento estudiantil, diversos sectores se levantan tras diversos derechos vulnerados. Van 8.526 en año y medio. Por Francisco Olivares

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Hasta los militares del 4F trancaron la calle al frente de Miraflores para ser escuchados. CORTESÍA
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EL UNIVERSAL
domingo 15 de junio de 2014  12:00 AM
Desde que Nicolás Maduro heredó los destinos del país, el signo de su mandato ha sido un sustancial incremento de la conflictividad social con 8.526 conflictos registrados hasta 30 de marzo de 2014.

Existe la percepción de que en los últimos cuatro meses la protesta pública ha estado concentrada en el sector estudiantil, sin que otros sectores se incorporen a esa lucha que exige cambios profundos en la conducción del país. El líder opositor Henrique Capriles al destacar tales debilidades exclama: ¿Dónde están los barrios? indicando que no hay conexión entre esas luchas y la de los sectores populares.

A al analizar los distintos estudios que hacen organizaciones que se ocupan de la conflictividad en el país se concluye que la protesta se ha extendido a casi todos los sectores de la sociedad, pero cada uno actúa aisladamente, o atomizadamente, en sus propios nichos de interés.

Ciertamente los conflictos durante el primer trimestre de 2014 fueron protagonizados en su mayoría por el sector estudiantil y dispararon la conflictividad en 550% respecto al mismo período de 2013, siendo el trimestre con mayor número de protestas ocurrido en los últimos 10 años, según cifras del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS).

De acuerdo a esa organización no gubernamental, de las 4.116 protestas ocurridas en el primer trimestre, 3.348 están relacionadas a las protagonizadas por el sector estudiantil, seguida muy atrás por el sector laboral con 303.

En este primer trimestre se han producido 3.483 más conflictos que en el mismo período de 2013 y casi la totalidad de los conflictos de 2013 que registraron 4.410 protestas (OVCS).

Pero mientras las luchas estudiantiles concentran las demandas de tipo político agrupando inseguridad, escasez, libertades y derechos políticos, las de los sectores populares y laborales se concentran en demandas inmediatas circunscritas a su ámbito laboral o local. Podemos decir que esas luchas no alcanzan, por el momento, un nivel de conciencia y profundidad que relacione sus problemas inmediatos con la responsabilidad del Gobierno debido a políticas de controles, la ineficiencia, corrupción, en el marco del plan ideológico concebido en Plan Patria.

Conflictos en 2013

Los conflictos ocurridos en 2013 se mantuvieron por encima del promedio de los últimos siete años, aunque ligeramente por debajo de 2012, cuando se registraron 5.483 conflictos frente a 4.410 de en 2013 (OVCS).

Según la interpretación que hace Provea en su informe sobre derechos humanos de 2013, la disminución de 20% de las protestas en 2013 tiene que ver con que en los primeros meses del año ocurrió la ausencia física de Hugo Chávez en enero y febrero, luego su fallecimiento en marzo y el proceso electoral en abril.

A pesar de la crisis económica que obligó a la primera devaluación a 6,30 el nuevo escenario generó una cierta tregua de los movimientos sociales ante una expectativa de cambio.

Sin embargo a partir del cuestionado resultado electoral y el ventajismo desplegado por el Gobierno, se dispararon las protestas. Éstas estuvieron focalizadas en Caracas, Barquisimeto, Mérida y Maracaibo y de inmediato recibieron una respuesta represiva por parte del nuevo Gobierno con el resultado de 13 muertes.

La estrenada represión militar a las manifestaciones incluyó el uso excesivo de la fuerza con disparos a quema ropa contra los manifestantes, torturas, detenciones arbitrarias y criminalización de las protestas, según coinciden todas las ONG dedicadas al tema de derechos humanos. Durante las manifestaciones se registraron 355 detenciones y 316 víctimas denunciaron haber recibido tratos crueles e inhumanos durante la detención por parte de la GNB.

Adicionalmente reaparecieron los grupos civiles armados o "colectivos" en acciones represivas junto a fuerzas regulares. Cabe destacar que esas protestas estuvieron fundamentalmente protagonizadas por jóvenes y estudiantes.

Sin embargo al observar la conflictividad durante todo el año 2013, encontramos que 1.791 de ellas, que representan 40,61% se produjeron por derechos laborales. 1.044 (23, 67%) fueron por demandas de seguridad ciudadana, derechos de personas privadas de libertad, participación política, derecho a la justicia (jóvenes y estudiantes). Por derecho a la vivienda hubo 996 protestas (22, 58%) y exigencias educativas 579 (13,12%).

Estas cifras reflejan que si bien por derechos políticos se levantaron los jóvenes tras el presunto fraude electoral, la conflictividad en general estuvo más extendida en otros sectores pero concentradas en reivindicaciones laborales, vivienda, escasez y educación.

Criminalización de la protestas

Con Nicolás Maduro se profundiza la represión de la protesta con la utilización de la FANB y los tribunales como medio de control. Según Provea la represión aumentó 485% en el primer trimestre de 2014, con 3.127 detenidos y 157 casos de torturas documentados.

Pero esto no solo ocurrió contra el sector estudiantil por protestas de carácter político, sino también por las demandas laborales.

Destaca Provea que estas prácticas se dieron contra el derecho a huelga. "Jueces con competencia laboral se sumaron a los de competencia penal para restringir ese derecho" .

La región de Guayana fue el epicentro de una serie de paros y huelgas exigiendo derechos laborales en 2013.

Una de las huelgas más emblemáticas fue la de Ferrominera del Orinoco exigiendo que se cumpliera la convención colectiva. En junio de 2013 sus trabajadores realizaron una huelga que duró 10 días para exigir la cancelación de pasivos laborales y reenganche de compañeros despedidos. Ante esa acción, el Gobierno militarizó la planta. Recordemos que el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, fue encarcelado y procesado desde 2009 por liderar una huelga. Según sus denuncias recogidas por Provea, a la planta ingresaron cientos de efectivos de la GNB "con todo el material represivo para intimidar a los trabajadores".

Una situación similar se vivió en CVG Minerven en julio de 2013 cuando 45 efectivos de la GNB ingresaron a la planta al momento en que los trabajadores realizaran una huelga que se prolongó por 45 días.

En Venalum 40 efectivos pertenecientes a la milicia intentaron tomar la planta cuando los trabajadores realizaban una protesta.

Otra huelga importante fue la ocurrida en la Siderúrgica del Orinoco a finales de 2013 que duró 23 días. Las amenazas a la dirigencia sindical provinieron desde la propia presidencia de la República.

Marchas y concentraciones, paros huelgas, asambleas permanentes y cierre de calles fueron las expresiones del descontento durante 2013. Destacan además de las ocurridas en empresas del Estado, el paro universitario. Por el derecho a la vivienda se registraron 996 protestas, algunas de ellas por personas que aún se encuentran en refugios, otras por inseguridad en los nuevos complejos habitacionales y otras por la mala calidad de las viviendas. Destaca el informe que las manifestaciones por el tema de la escasez fueron constantes en todo el país, especialmente en las inmediaciones de los abastos, supermercados y centros de abastecimiento.

Según Provea, la política represiva contra las manifestaciones ha sido acompañada de la militarización con el nombramiento de efectivos militares en cargos directivos en las empresas e instituciones del Estado. Esto ha sido denunciado por lo trabajadores como una contradicción con el discurso de control obrero y gobierno obrerista planteado por Nicolás maduro.

En agosto de 2013 se publicó el decreto 277 que crea El Reglamento Especial de Zonas de Seguridad de Sistema Eléctrico Nacional que castiga la realización de paros y huelgas mediante la definición de que se prohíben "las acciones dirigidas a obstaculizar o interrumpir las actividades propias del servicio eléctrico".

En 2013 59 dirigentes sindicales fueron asesinados, la mayoría relacionados a conflictos sindicales, lo que equivales a 5 asesinatos por mes. De ellos, 49 pertenecen al sector construcción, 5 al sector petrolero, 2 al sector transporte y los tres restantes al eléctrico, alimentos y sector administrativo. Siendo el Estado Bolívar el que lleva el mayor número de asesinatos.

Gobierno obrerista

Maduro ha intentado vender su imagen de un Presidente obrero dado su pasado como chofer de Metrobús. Sin embargo frente a la conflictividad laboral en el país ha desconocido a la organización obrera tradicional, de allí que muchas organizaciones y dirigentes sindicales que acompañaron al chavismo, estén hoy enfrentados al Gobierno.

Marcela Máspero, en el prólogo del informe de Provea sobre derechos humanos, señala que "Lo que en un principio intentó ser un programa de inclusión, en defensa de los derechos humanos, contra el capitalismo y la explotación, fue desviado por nuevas castas políticas y gubernamentales que cada día son más poderosas desde el punto de vista económico y político, para los cuales los trabajadores y sobre todo, la unidad de la clase trabajadora, somos un enemigo en potencia".

Mientras que su contra parte, de la Central Bolivariana de Trabajadores que preside Wills Rangel, ha señalado que "todo lo que es empresa de productividad y servicio no puede ser paralizada en ningún momento porque sería ir en contra de nuestros propios intereses" y ratifica "eso iría contra la patria y eso deberíamos internalizarlo la clase obrera".

Máspero indica que esta "tecnoburocracia" utiliza el discurso socialista para movilizar a los trabajadores, pero su práctica es de explotadores "llegando a negar a los trabajadores, no solo los derechos legales y constitucionales, sino violando los más elementales derechos humanos como la libertad de asociación, expresión y de tránsito" (... ) "Han hecho de la criminalización de la protesta el arma que intenta poner freno a la victoria de la clase obrera".

twitter: folivares10

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Comentarios (1)
Por Fernando Gómez
25.06.2014
10:39 AM
Estos malandrines y guarimberos de la oposicin, tienen 15 años protestando contra la voluntad popular, como es el elegir a aus autoridades por medio del voto. Fuera los anarquistas triadores y vende patria de venezuela.
 
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