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| DERECHOS

A golpe y plomo

La justicia tiene pendiente las denuncias por uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos de quienes manifestaron contra los resultados de las presidenciales en abril. Por Oscar Medina

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ILUSTRACIÓN ABRAHAM SÁNCHEZ
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EL UNIVERSAL
domingo 11 de agosto de 2013  12:00 AM
Cuidando las formas, el relato de Cofavic explica que documentaron 72 casos de "presuntas violaciones a los derechos humanos" ocurridos entre el 15 y 16 de abril en los estados Lara, Carabobo y Barinas. La ONG se trasladó a esas regiones para recoger testimonios de lo sucedido y dar apoyo a las víctimas. La lectura de su informe y la descripción de las brutalidades a las que fueron sometidos los venezolanos que protestaban por la negativa del Consejo Nacional Electoral a auditar el proceso que dio como ganador a Nicolás Maduro, evidencian que esos días no hubo "casos aislados", que la orden era reprimir con todo y que el uso del "presunto" no resulta suficiente para contener la indignación.

Cerca de la media noche del 14 de abril el CNE anunció el triunfo, por un margen estrecho, de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Poco después, como se recordará, el candidato Henrique Capriles solicitó que se auditara el proceso y se contaran las papeletas de votos una por una. Maduro respondió, micrófono en mano, que aceptaba el reto de que se contaran. Pero al día siguiente el CNE decidió proclamarlo ganador y ya no le pareció buena idea hacer el conteo manual.

En declaraciones públicas, Capriles solicitó al CNE suspender el acto anunciado y pidió a sus seguidores protestar en todo el país frente a las sedes regionales del organismo electoral y convocó a un cacerolazo nocturno.

El 15 se produjeron los primeros encontronazos entre la Guardia Nacional Bolivariana y los manifestantes. El 16 se suspendió una marcha programada en Caracas hasta el CNE por razones de seguridad, pero en otras ciudades continuaron las manifestaciones, con especial énfasis en Barquisimeto, Valencia y Barinas. Fue en estos lugares donde se generó la mayor cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Sobre los 72 casos documentados, Cofavic dice en su informe que "se puede deducir con claridad la presunta participación directa de funcionarios del Estado venezolano y en los casos señalados como presuntos lesionados, las víctimas refirieron un retardo en la atención médica recibida, toda vez que en ninguno de los casos, las víctimas al ser llevadas a los órganos jurisdiccionales, se ordenó de oficio la práctica de exámenes médico forenses, lo cual hubiese facilitado y estimulado a las presuntas víctimas a denunciar los hechos".

Del total de personas, 60 prefirieron no presentar denuncias formales por temor a represalias o por desconfiar de las instituciones. Muchos pidieron que no se divulgaran sus nombres en este informe para cuya elaboración se entrevistó a 98 personas, de las cuales 61 son víctimas directas, 20 son familiares, 7 abogados, 3 representantes de organizaciones locales defensoras de derechos humanos, 5 autoridades universitarias y 2 periodistas y reporteros gráficos. Por otra parte, Cofavic solicitó información concreta -o apoyo para conseguirla- al Psuv acerca de las 9 personas asesinadas en el marco de las protestas de esos días. No recibieron ni lo uno, ni lo otro.

Lo que sí encontraron, al examinar los hechos, fueron elementos constantes que permiten asomar conclusiones: "Luego del estudio de los casos objeto de este informe se puede identificar que hubo un patrón en las violaciones a los derechos humanos, el cual fue sustentado con los relatos de las víctimas, testigos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, autoridades universitarias y abogados. Esta determinación del patrón de actuación revela que no se trataron de hechos aislados y que hubo una consistencia en las actuaciones de los cuerpos de seguridad que se desarrollaron en los tres estados del país visitados. Se determinó una práctica institucionalizada en la estrategia para contrarrestar alteraciones del orden público y ejercicio de funciones de seguridad ciudadana".

Duro con ellos

63 personas reconocieron ser de tendencia opositora y haber estado en las manifestaciones, mientras que las otras 9 aseguraron que se encontraban casualmente en las zonas donde fueron detenidos. Cofavic destaca una práctica que ya es habitual: voceros del Estado, voceros del Gobierno, desconociendo el principio "y la obligación de presunción de inocencia" calificaron a los detenidos de "terroristas", "asesinos", "fascistas" y "desestabilizadores", por supuesto sin que legalmente se determinara que eran tal cosa. Pudieran parecer simples palabras, pero en realidad esto es algo que ubica a las personas en un plano de vulnerabilidad mayor: deben denunciar y comprobar las violaciones de sus derechos fundamentales y al mismo tiempo deben defenderse de las acusaciones que se hacen contra ellos, tanto las formales como las que se lanzan a la tribuna pública.

Los testimonios recopilados apuntan a que -salvo algunos focos o momentos de cierta violencia- las manifestaciones se desarrollaban de forma pacífica hasta que la Guardia Nacional y algunas policías regionales emplearon lo que se califica como "uso desproporcionado de la fuerza" para dispersar las concentraciones.

La ONG recopiló 40 casos de "presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes". Y se evidenció el "presunto uso indiscriminado de armas de fuego tipo escopeta cargadas con perdigones de goma y de plomo que fueron disparadas a corta distancia o a quema ropa en la mayoría de los casos, así como la utilización de bombas lacrimógenas como agente químico, situación que produjo que personas con problemas respiratorios y adultos mayores se vieran visiblemente más afectados".

Una vez detenidos, incluso con heridas de importancia, muchos concuerdan en relatar haber sido sometidos a continuos maltratos físicos y verbales: "En reiteradas oportunidades, presuntamente, le fueron propinados golpes por rolos y cascos en cabeza, cuello y espalda, así como amenazas de ser llevados a las cárceles cercanas para que abusaran sexualmente de ellos".

Lo de las amenazas es peor: "En al menos ocho (8) de los casos documentados, a las personas detenidas presuntamente se les obligó a desnudarse, se les amenazó de muerte, de ser abusados sexualmente o de quemar sus partes íntimas, esto con especial recurrencia en las mujeres".

21 de los detenidos resultaron lesionados durante los procedimientos. Los heridos por perdigones de plomo y goma -algunos con disparos a corta distancia- no fueron atendidos con prontitud ni como correspondía a su estado.

En muchos casos las heridas se infectaron, un detalle, considerando cosas como esta: "Las tácticas documentadas, en general, presuntamente incluyen golpizas, uso de objetos contundentes como cascos, rolos y botellas de agua congelada para propinar los golpes a los detenidos".

También les obligaban a gritar consignas a favor de Maduro y a despojarse de sus gorras y otros elementos representativos de su apoyo a Henrique Capriles: "incluso pintura de uñas con colores de la bandera".

Entre la detención y la posterior presentación ante fiscales del Ministerio Público, los detenidos pasaron 24 o más horas incomunicados, encerrados en celdas o en espacios insuficientes donde fueron golpeados, insultados y maltratados y donde, además, se les obligó a admitir responsabilidad "en la comisión de hechos contra zonas de seguridad, instancias de salud pública o recintos electorales".

49 de los casos recogidos en el informe evidencian detenciones ilegales: "El patrón de las detenciones estuvo signado por el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades des actuantes al momento de las detenciones, uso del lenguaje violento y soez en contra de los manifestantes, presuntas violaciones al debido proceso y la criminalización de la protesta".

Los testimonios recogidos señalan que muchas personas que en medio de las trifulcas acudieron a la Guardia Nacional para buscar protección, fueron conducidas a supuestas "zonas seguras" y tras horas de confinamiento se encontraron con que habían pasado sin aviso al estatus de detenidos, acusados incluso de "atentar" contra los lugares donde se resguardaban, como el caso del Centro de Diagnóstico Integral "La Trigaleña", en Valencia.

En esa ciudad Cofavic documentó 12 detenciones arbitrarias, incluyendo a siete miembros de una misma familia que el 15 de abril se encontraban en el CDI en calidad de pacientes y que terminaron arrastrados al día siguiente entre un grupo de más de 50 detenidos: "en la mayoría de los casos, la detención se dio luego de que la Guardia Nacional Bolivariana les recomendara a las víctimas resguardarse en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) mientras se terminaba de dispersar la marcha".

6 casos de heridas recoge el documento causados por perdigones de plomo, además de lesiones ocasionadas por golpes y patadas.

En Barinas la ONG documentó 16 detenciones arbitrarias ocurridas entre el 15 y el 16 de abril. La suma incluye los 11 campesinos que fueron apresados cuando se dirigían a participar en las manifestaciones en la ciudad de Barinas. En el carro en el que se trasladaban se encontró pólvora negra de uso cotidiano en algunas labores del campo. Por eso pasaron a ser procesados por terrorismo.

Se documentaron tres casos de heridos por golpes recibidos durante las detenciones y uno por perdigones.

En Barquisimeto, se recopilaron 36 casos de violaciones a los derechos humanos: "presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso". En 21 detenciones arbitrarias documentadas, 18 personas resultaron con heridas y lesiones por golpes y disparos a quema ropa de perdigones. Lo curioso es que en esta ciudad donde se produjo la mayor cantidad de víctimas, a los detenidos se les acusó por "ultraje al funcionario" y por causar "lesiones genéricas" a los uniformados que dispersaron las manifestaciones a fuerza de lacrimógenas y plomo.

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Comentarios (9)
páginas:
1 |
Por carmen visbal
21.08.2013
10:55 AM
Esos guardias nacionales o policías no habrá pasado por su mente, el día q este régimen usurpador ilegítimo y corrupto caiga, q les pasará a ellos? creerán q pasarán lisos y q no ha pasado nada? señores militares NO HAY GOBIERNO que dure 100 años, recuerden a su amo difunto, q se llevó? resentimiento, odio y malos recuerdos. Así q no actúen sin conciencia y rectitud. Hoy están allí pero nadie tiene la vida comprada...
 
Por lilia white
14.08.2013
11:37 AM
ESTADO FORAJIDO!
 
Por Jorge Rugeles
12.08.2013
1:48 PM
Con todas estas pruebas a la corte penal internacional a denunciar al estado y sus dirigentes para exigir JUSTICIA-CARCEL Y EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS CON LO QUE NOS HAN ROBADO EN 15 AÑOS. VENEZUELA PROHIBIDO OLVIDAR Y PERDONAR.
 
Por Alberto Garcia
12.08.2013
6:05 AM
60 prefirieron no presentar denuncias formales por temor a represalias o por desconfiar de las instituciones. Esto es evidencia que los Venezolanos comparados con otros paises se han cobardizado. Justo hace dos dias un amigo de Espana me cuenta que en Espana por cualquier buena razon se protesta hasta que el gobierno satisfice al la ciudadania. Venezuela se acabo por que nadie tiene las bolas de quejarse por violacion de sus derechos
 
Por Carlos Gomez
11.08.2013
1:06 PM
Simplemente los esbirros del Gobierno Revolucionario, aplico una de "Patroit Act" al mejor estilo G.W. Bush despues de los ataques del 11-s
 
Por Viterbo Gomez
11.08.2013
12:15 PM
Bueno, ¿qué se puede esperar de un gobierno ilegítimo, usurpador, castrista, y corrupto como el actual? Se rasgan las vestiduras todos los das diciendo que están contra el odio, la injusticia, la discriminación, y actúan con todo lo peor de lo de ellos mismos critican, incluso usando muertes producto de su propia ineficiencia contra la delincuencia diaria, para su provecho personal al clamar que fueron ellos los que pusieron los muertos esos días. La realidad es que son unos usurpadores del poder, actúan como esbirros contra el pueblo, y son incapáces de defender a la gente del azote de los malandros de siempre.
 
Por Rafael nuñez ruiz
11.08.2013
10:38 AM
Cualquiera podría preguntarse y ¿ esta fuerte represión al pueblo ocurre aquí en Venezuela? O eso es en un país africano?. Pero a los malandros ni con el pétalo de una rosa
 
Por Jose Iganacio Gonzales
11.08.2013
10:30 AM
No cabe duda, los muertos del 14 de Abril, los puso el oficialismo, la prueba es, que no hay detenidos, por esos hechos. Definitivamente estamos en manos de de lo peor que hay en Venezuela, y ahora aliados con los asesinos motorizados, no quiero ni imaginarme, el día que se les volteé la tortilla, y terminen asesinos, contra asesinos.
 
Por ymery dan lopez
11.08.2013
9:45 AM
Por evitar echos como estos es que la oposicin no esta protestando en las calles, que es justo lo que conviene al gobierno, y aun cuando las denuncias no sean aceptadas deben hacerse para documentarlas y hacer la denuncia en los organizmos internacionales, donde tampoco haran nada invocando el principio de no injerencia en los asuntos internos de los pases, no obstante la protesta pacfca en las calles, las denuncias y la defensa de nuestro derecho a la protesta es necesaria de lo contrario seguirn en el poder por siempre, tampoco debemos dejar de ejercer nuestro derecho al voto, a sabiendas que el CNE es un organismo totalmente apegado a las directricez del partido de gobierno, sin embargo con nuestra participacin masiva se ponen en evidencia las trampas y triquiñuelas, y en algun momento podremos comprobarlas, es difcil dado que se despachan y se dan el vuelto, mas no imposible, no dejarnos distraer con los circos que montan, y tratar de concientizar a sus adeptos es importante
 
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