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Todos somos terroristas

Que estamos en una "etapa superior de la criminalización de la protesta" es lo que plantea la ONG Provea ante la aplicación de la Ley Antiterrorismo y la justicia militar contra civiles. Por Oscar Medina

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La "osadía" de Yendrick Sánchez el 19 de abril en la Asamblea Nacional le ha valido que se le enjuicie acusado por delitos establecidos en la llamada Ley Antiterrorismo FERNANDO SÀNCHEZ
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EL UNIVERSAL
domingo 28 de abril de 2013  12:00 AM
Yendrick Sánchez es un ejemplo de hasta dónde han llegado las cosas en el país. No por la tonta osadía de infiltrarse en el entorno presidencial para darle ese tremendo susto al novel mandatario ahí delante de todo el mundo durante su juramentación -el 19 de abril- en la Asamblea Nacional. Lo es por las consecuencias del hecho: a Sánchez le imputan delitos contemplados en la llamada Ley Antiterrorista, también conocida en su momento como "ley sapo". Su alocada búsqueda de fama le está resultando cara a él y a su primo Juan Salas Sierra.

La Fiscalía lo informó así: "En la audiencia de presentación, la fiscal 20º nacional, Katherine Harrington, imputó a Sánchez González, por la presunta comisión de los delitos de ofensa agravada al jefe de Gobierno y asociación, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo".

"Le aplican la Ley Antiterrorismo a un muchacho que no cometió ningún delito", advierte Marino Alvarado, directivo de la organización defensora de derechos humanos Provea: "Es el extremo de la mentalidad represiva. Y también es un caso de incoherencia porque Nicolás Maduro dijo que hablaría con él, que lo iba a escuchar y lo que hicieron fue mandarlo a la cárcel. Y también al primo, quien no tenía nada que ver con el hecho".

No se trata de un caso único ni aislado. Estamos, según Alvarado y el también activista de Provea, Rafael Uzcátegui, ante la administración que ha estrenado la Ley Antiterrorista publicada en Gaceta Oficial hace casi un año atrás: 30 de abril de 2012, número 39.912. "La propia Fiscal anunció el martes 16 de abril que se aplicaría en los casos de las protestas recientes", alerta Guzmán: "Y es un asunto muy delicado porque ahí se maneja una definición muy ambigua de lo que es terrorismo".

En efecto, durante una rueda de prensa la Fiscal Luisa Ortega Díaz señaló lo siguiente: "...si de las investigaciones resultare que nosotros comprobamos que estas personas articularon para actuar, vamos a aplicar asociación para delinquir prevista en la Ley contra la delincuencia organizada (y financiamiento al terrorismo) y vamos a solicitar la incautación de los bienes, propiedad de esas personas y congelación de las cuentas".

Las advertencias contra esta norma se hicieron apenas se empezó a discutir en la Asamblea. El 26 de febrero de 2012 -por ejemplo- en esta misma sección, El Universal publicó un trabajo en el que especialistas en derecho y activistas de ONG's hablaron sobre los riesgos de una ley que apunta, entre otras cosas, a cerrar espacios a la protesta civil.

"Desde Provea también alertamos que iba a ser usada contra la protesta porque define como acto terrorista el cierre de calles y resulta que el cierre de calles es una de las modalidades más efectivas que tienen los excluidos para hacer oír su voz", explica Alvarado: "Y el cierre de calles es considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una forma legítima de ejercer la libertad de expresión".

Alvarado asegura que fue justamente esa ley la que se aplicó a algunos de los detenidos en el estado Lara por las protestas de los días 15 y 16 de abril en las cercanías de la sede regional del Consejo Nacional Electoral, una situación en la que hubo más de un centenar de detenidos por la Guardia Nacional y que ya acumula importantes denuncias por torturas y tratos vejatorios contra los detenidos quienes hoy están sometidos a régimen de presentación con prohibición de participar en manifestaciones. Es decir, un tribunal les suspendió derechos constitucionales de un plumazo.

"La Ley Antiterrorismo se empezó a usar ahora, ni Chávez lo había hecho", señaló Alvarado: "El Gobierno de Maduro se inauguró utilizando la Ley Antiterrorismo contra la protesta social".

Y el futuro inmediato no es alentador: "Es previsible que aumente la cantidad de protestas de calle en el país", señala Uzcátegui. Y ante un Gobierno que busca maneras de reprimir hasta los cacerolazos, lo que se vislumbra en Provea es de cuidado: "Vamos hacia el uso de esta ley y de la Ley de Seguridad de la Nación para acallar las protestas de cualquier tipo. Con bastante seguridad, muy pronto se las empezarán a aplicar a los sindicalistas de las empresas básicas de Guayana. Los tribunales antiterrorismo se irán a llenar de luchadores sociales".

En Provea la calificaron en su momento de "ley patriota criolla", en clara referencia a la Patriot Act enarbolada por Estados Unidos para dar soporte jurídico a sus acciones contra el terrorismo. Pero también le ven patrones similares a las de leyes por estilo aprobadas Latinoamérica. "Se parecen mucho la venezolana, la colombiana y la chilena", dice Alvarado: "En Chile se la han aplicado a los indígenas mapuches y a los estudiantes, cosa que ha sido rechazada de manera pública por voceros y sectores del chavismo. ¿Serán capaces de levantar sus voces cuando se la apliquen aquí a estudiantes e indígenas venezolanos? Los exhorto a ser coherentes: que levanten sus voces".

Uzcátegui aporta un dato que revela la paradoja: "Esa norma está directamente influenciada por un instructivo del Fondo Monetario Internacional para redactar leyes por el estilo. Es una especie de manual sobre cómo redactar normas antiterrorismo que se consigue en la web".

En efecto, ahí está: en el sitio del FMI. Se titula "Represión del financiamiento del terrorismo. Manual para la redacción de leyes" y fue elaborado por el departamento jurídico del Fondo y publicado en el año 2003. "Y, claro, la intención de este manual es asegurar los flujos de capitales", señala Uzcátegui.

"También debemos sumar al escenario la reforma del Código Penal", dice: "Quienes apoyan estas cosas parecen olvidar que esas leyes quedarán cuando ellos ya no estén en el poder y que son normas que prohiben y obstaculizan las herramientas históricas de protesta social".

Alvarado se permite un recordatorio: "Tenemos a un ministro como Elías Jaua, que fue formado politicamente en la protesta social radical. Jaua, además, fue pasante en Provea. Y maduro fue una víctima atendida por Provea cuando lo despidieron del Metro. Ellos dos tienen la responsabilidad de conducir a un Gobierno que tendrá que manejarse en medio de altos niveles de protesta social y se inauguran aplicando esa ley antiterrorista contra la gente".

Jueces de uniforme

Y no es lo único que se confabula contra las manifestaciones de calle. Otro elemento irregular registrado por Provea es el hecho de que civiles involucrados en protestas están siendo juzgados por tribunales militares. Y hay más: "Se ha venido aplicando la justicia militar a los civiles de forma inconstitucional, pero en 2012 se la aplicaron también a los indígenas".

Se refiere a los cuatro líderes indígenas del Alto Paragua (Bolívar) que fueron detenidos en enero del año pasado por órdenes de la Fiscalía Militar, tras su participación en la protesta indígena -el 27 de octubre de 2011- que terminó con la retención de 23 soldados. "Estos indígenas se rebelaron contra la corrupción militar en la explotación minera en una acción que fue efectuada por más de 600 personas y en la que participaron hasta mujeres y niños. No se disparó, no hubo uso de la fuerza. Fue una avalancha de gente y los militares no pudieron usar sus armas", cuenta Alvarado: "Lo hicieron como último recurso para denunciar la explotación ilegal de una mina de oro por parte de militares y terminaron ellos juzgados".

Los "capitanes" indígenas Norberto Pinto, Julio González, Ramón Mujica y Alexis Romero fueron presentados ante el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar y terminaron recluidos en la cárcel de La Pica, en Monagas, de donde salieron para ser enjuiciados en libertad con obligación de presentarse cada 15 días al tribunal castrense.

El caso particular de Alexis Romero es curioso. Estando en La Pica recibió, el 24 de enero de 2012, un indulto presidencial y salió en libertad. "En términos jurídicos se trata de algo asombroso", apunta Alvarado: "El indulto procede solo si hay condena y en este caso ni siquiera había empezado el juicio. Y luego del indulto le comunican que el proceso en su contra continúa y que está bajo régimen de presentación".

En Provea no tienen registro de que la Defensoría del Pueblo haya hecho algo al respecto. Y eso que dos años atrás ellos mismos le entregaron a la titular de ese despacho un documento sobre la aplicación de la justicia militar a civiles: "La Defensoría ha sido complaciente. La justicia militar es solo para militares activos que cometan delitos en sus funciones. Incluso los delitos comunes cometidos por militares deben ser tratados por la justicia ordinaria".

El caso tiene la lectura de una contradicción: "El Gobierno pregona la resistencia indígena y cuando la llevan a cabo la respuesta es criminalizarlos y mandarlos a juicio militar. Ellos decidieron desarmar a los soldados porque ya habían agotado todas las vías de denuncia formal. Y lo peor es que la situación persiste, al punto de que lo volvieron a hacer en febrero".

Provea ha hecho seguimiento a más casos de civiles procesados por tribunales verde oliva. La misma receta se ha estado aplicando a sindicalistas y uno de los ejemplos más claros de esto ocurre en Táchira.

En agosto del año pasado un grupo de trabajadores de la Misión Vivienda hizo una protesta pública para exigir el pago de prestaciones sociales adeudados a 128 personas. Pero la manifestación se hizo en los alrededores del Fuerte Murachí (Municipio Torbes), donde está la obra. "Mandaron a llamar a cinco representantes sindicales para conversar con un oficial dentro del fuerte", relata Alvarado: "Y allí les llegó un fiscal militar y ordenó a la Policía Militar que los lleve presos y los pasaron al Departamento de Procesados Militares de la cárcel de Santa Ana. Los acusan por conspiración, violación a las zonas de seguridad, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada".

Luis Arturo González, José Mora, William Torres, Ramiro Parada y Willander Oropeza hoy están en libertad con régimen de presentación a la espera del juicio: "Pasamos 28 días detenidos, pero al final le cancelaron los pagos a todos los trabajadores", dice Ramiro Parada: "Nos toca presentarnos cada 15 días, pero no se ha hecho nada del juicio todavía. Y, bueno, no podemos salir del Táchira ni participar en manifestaciones en la calle".

En Provea acuñaron una frase para describir el momento que tanto se anunció y que ya estamos atravesando: "Esta es la etapa superior de la criminalización de la protesta", advierte Alvarado parafraseando a Lenin.

"El Gobierno está cerrando los espacios para la protesta pacífica y empujando a la sociedad hacia formas de protesta violentas", señala: "Y lo está haciendo en medio de un ambiente en el que lo correcto sería abrir canales para la manifestación pacífica y encontrar la forma de dar respuesta a los reclamos de la gente".

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Comentarios (71)
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Por Olegario Villa
04.05.2013
7:02 AM
Sra Valentina Salvatierra, digale eso a los "prames" dueños de las carceles con discotecas que este gobierno abraza y protege. No se le puede aplicar Ley Antiterrorismo a un joven que esta PROBADAMENTE DOCUMENTADO hace estas apariciones con personalidades famosas para hacer show y sin ninguna otra intencion.Le han ASESINADO un amigo o familiar? Vea la foto que abre esta pagina. Se llevan a Yendrick arrastrado, con el pantalon colgando, barriga afuera y a empellones. Si fuese un asesino, lo llevarian con la carita tapada con su propia franela y le sostendrian la cabecita para que no se golpeara al entrar al carro. La ironia del "DEBIDO PROCESO" en la Venezuela del rojo, del pram, de la discoteca en la carcel. En USA hay ley y un hecho asi no lleva la pena que dan a Yendrick. Es analizado como lo que es...un personaje que busca notoriedad. De hecho la seguridad es comprobadamente mejor alla que aca. Yendrick jamas hubiese llegado a Obama. Injusticia si es un acto terrorista, por Dios!!
 
Por Hernando López
04.05.2013
6:08 AM
Para Valentina Salvatierra; ¿ yusted cree Srta. Salvatierra que aplicarle a este joven lo previsto en la Ley Antiterrorista es una pena justa? Los antecedentes de esta persona nos han demostrado que tiene problemas con su forma de actuar y lo más sensato es que se someta a procesos de rehabilitación para que tenga un comportamiento condono con las normas impuestas a nuestra sociedad.Lo importante de este caso es que los responsables de la seguridad del primer mandatario no están haciendo su trabajo en la forma adecuada y esto debe ser revisado y corregido.
 
Por Valentina Salvatierra
03.05.2013
9:15 AM
Y que pretenden que no le hagan nada, este hombre tiene que estar detenido pues no fue cualquier cosa lo que hizo, y nadie puede creer que el solo pudo infiltrarse es obvio que alguien lo busco y coloco dentro de palacio para que interrumpiera el acto de la maxima autoridad del pais en un recinto donde estan presidentes y delegaciones extranjeras por supuesto que tiene que pagar carcel o que creen que pasaria en USA si a algun ciudadano se le ocurre hacerle algo asi a Obama, bajo nongun concepto ese individuo debe salir de prision no por los momentos tiene que recibir una pena justa por lo que hizo
 
Por juan rodriguez garcia ramirez
03.05.2013
8:38 AM
Esto es el colmo, señores los terroristas estan en la asamblea y en el gobierno, ahi esta el cubano que golpeo a borges y las dos diputadas ... imaginense el colmo y diosdado cabello muerto de la risa,señores todo fue una emboscada ellos tenian todo preparado, maduro estaba listo en un acto ahi estaban presente todos los esbirros de los poderes mientras masacraban a la oposicion y cabello se reia a carcajada, no importa pero todo esta grabado y pagaran pór sus delitos,,,...
 
Por Olegario Villa
03.05.2013
4:27 AM
Los que leen este foro le han ASESINADO un amigo o familiar? Vean la foto que abre esta pagina. Se llevan a Yendrick arrastrado, con el pantalon colgando, barriga afuera y a empellones. Si fuese un asesino, lo llevarian con la carita tapada con su propia franela y le sostendrian la cabecita para que no se golpeara al entrar al carro. La ironia del "DEBIDO PROCESO" en la Venezuela del rojo, del pram, de la discoteca en la carcel. Este Yendrick hizo lo mismo con Capriles y no paso de alli, del susto y "como hiciste eso muchacho?, un abrazo y salio de tarima. Agradecido debe estar Maduro pues mostro lo debil de su seguridad. Lo que demuestra que en realidad nadie quiere atentar contra su vida, ni de El Salvador, ni de El Imperio. Hubiese ocurrido antes por falla de seguridad. Liberen a Yendrick y agradezcan su capacidad de sorpresa y picardia venezolana!
 
Por Elías Igor Valera Vàsquez
03.05.2013
2:59 AM
Con respecto a este artículo en q se lee: En Provea la calificaron en su momento de "ley patriota criolla", en clara referencia a la Patriot Act enarbolada por Estados Unidos para dar soporte jurídico a sus acciones contra el terrorismo. , debo decir que sin embargo me queda el consuelo y la esperanza de saber que le es posible a los EEUU, como titulares de esa legislación, la aplicación de la ley patriot en contra del lavado de capitales mal habidos, para la congelación de las cuentas bancarias a nivel internacional, que tienen los esbirros de esta seudo-rebolución, pasadas de obesas hasta más no poder con los $ millones de dólares que nos han robado al pueblo venezolano. Tanta impunidad, a la vista y en conocimiento de los encargados de hacerla cumplir, no caben ya en los ojos del mundo! Hágase justicia*
 
Por Elías Igor Valera Vàsquez
03.05.2013
2:09 AM
La realidad que se desprende de este artículo, me deja, a mí y a cualquiera que logre entender, sin esperanza ninguna de cualquier aspiración a una salida pacífica al conflicto entre la voluntad electoral de la mayoría de los venezolanos y la neo-oligarquía boliburguesa que ha comprimido a las instituciones para su exclusivo servicio. No tenemos internamente ya donde ocurrir. Es inútil. No seremos escuchados. A mi juicio, lo único q nos puede salvar de la autocracia es un levantamiento del sector militar institucional, y en su defecto, una intervención internacional, la cual como ejemplo recuerdo el caso de Panamá, cundo llegó un comando élite en helicópteros y sacó por el cogote al esbirro dictador y narcotraficante Manuel Antonio Noriega en el 89 creo, hasta el sol de hoy. Soñar no cuesta nada!
 
Por Sergio Reyes
02.05.2013
5:15 PM
Hola buenas tardes espero me puedan ayudar ya que desde hace 6 años mi familiar el Sr. Juan Jose Romo López fue acusado de narcotrafico, lo cual hasta la fecha los tribunales de venezuela no han podido comprobarle tal delito y ahora se han encargado de negarle el amparo ya que tienen miedo que se le caiga el teatro a los jueces ya se le solicito que actue a la embajada mexicana en venezuela pero tambien no han hecho nada, espero me puedan ayudar para publicar esto y haber si asi las autoridades recapacitan de que no hay delito que perseguir y ya dejan en libertad a esta persona espero me ayuden y tenga respuesta de ustedes gracias.
 
Por Miriam Zeneiba
01.05.2013
5:26 PM
Venezolanos "el que tiene ojos que vea", recuerden las palabras del Pte de la AN ..."el muro de contención nuestro era HChF"; entonces lo que se avizora es un camino lleno de persecuciones a todo aquel que quiera manifestar su desacuerdo a través de la protesta que nos es permitida en nuestra carta magna; no dejemos que cercenen nuestros derechos señores, no caigamos en la indiferencia y falta de visión que tienen muchos por favor, la verdad y la justicia nos hará libres.
 
Por JESUS CONTRERAS
01.05.2013
12:26 PM
La violencia la inicia el Presidente del Parlamento Venezolano cuando niega el derecho de palabra a los Diputados si los Caprileros son violentos los Maduritos responden con violencia y violencia contra violencia genera sangre ayer se cumplió la máxima a los Militares en los cuarteles nos enseñan a ser subordinado al superior y hay una rigurosa jerarquía que de no cumplir la orden el superior recibe un castigo, esa figura aplica el Teniente Presidente de la Asamblea con sus subalternos diputados, pero esa institución no es cuartel, ahora el capital Pedro Carreño si tiene que obedecer a su Teniente Presidente Que Guanabana con Maduro hay en el Chavinismo, merengada que no se mezcla porque el Dios Dado esta esperando la oportunidad de atacar para llegar a presidente, este trayecto es el ultimo chance del chavismo y entonces cuando le toca a Cabello ? eso no se la va calar el Teniente, hoy escuche algo grande, cito "Nunca había dicho esto, pero cuando dejo de colaborar se cae el País"
 
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