Vivanco considera que Ecuador y Venezuela no creen en libertad de expresión

Sao Paulo.- Los Gobiernos de Ecuador y Venezuela "no creen en la libertad de expresión" y la usan con fines propagandísticos, manifestó hoy el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien definió como "tarea urgente" defender ese valor universal.

Vivanco, que participa en Sao Paulo en la 68 Asamblea General de la SIP, dijo a Efe que en América Latina hay actualmente más espacios para ejercer la libertad de expresión que hace veinte o treinta años, pero considera que sería un error quedarse en la "autocomplacencia" porque todavía hay muchas amenazas en el camino.

Según Vivanco, en la región hay de un lado limitaciones por "la violencia, la presión o las extorsiones de las mafias" del narcotráfico en países como "Colombia, México y varios centroamericanos", y de otro, "el discurso y las políticas de algunos Gobiernos que forman parte de la ALBA", de los que dijo que "los más destacados son Ecuador y Venezuela".

"Estos Gobiernos no creen en la libertad de expresión, creen que la libertad debe ejercerse fundamentalmente para aplaudirles o para promover los proyectos o planes de esos Gobiernos", señaló Vivanco en una entrevista a Efe en el marco de las reuniones previas a la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Según el director de HRW, quienes ejercen una opinión crítica en esos países "corren riesgos muy serios como la persecución, el hostigamiento y el uso del derecho penal para encarcelar a aquellos que puedan informar algo que al Gobierno le molesta".

"Lamentablemente se están colocando en entredicho conceptos fundamentales básicos, consensos ya alcanzados en materia de libertad de expresión. Creo que defender estos valores que son universales es hoy en día una tarea urgente", manifestó.

Vivanco citó como ejemplo de utilización propagandística de la libertad de expresión "el abuso de las cadenas obligatorias de radio y televisión", que definió como "una práctica lamentablemente corriente en países como Ecuador y Venezuela".

También citó la implantación en Venezuela de "mecanismos que regulan el ejercicio de la libertad de expresión", como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Según dijo, la Conatel "no tiene ninguna independencia del actual Gobierno" y sí "atribuciones para castigar a la radio y la televisión, incluso con la suspensión o la cancelación de la licencia", como ocurrió hace cinco años con Radio Caracas Televisión (RCTV).

Vivanco evitó pronunciarse sobre el juicio celebrado en Cuba a comienzos de este mes contra el español Ángel Carromero, acusado de "homicidio imprudente" como conductor del vehículo que sufrió el accidente en el que murieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Explicó que a la HRW, al igual que otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, no se les permite visitar la isla.

Sin embargo, rechazó la detención por algunas horas de la bloguera Yoani Sánchez cuando se dirigía a la ciudad de Bayamo para asistir a la apertura del juicio contra Carromero.

"El delito de Yoani Sánchez fue intentar asistir a una audiencia, en este caso, presenciarla, y reportar para un medio español que la había acreditado con ese fin. En Cuba las cosas no ha cambiado demasiado y se le aplicó una ley draconiana que impide el ejercicio de la libertad de expresión", manifestó.

De la misma forma, rechazó la retención temporal del periodista argentino Jorge Lanata en el aeropuerto internacional de Caracas, el pasado lunes, y el decomiso de su material periodístico tras cubrir las elecciones presidenciales venezolanas.

"Lamentablemente lo que le ocurrió a Lanata es normal en Venezuela", dijo Vivanco, quien recordó su experiencia de septiembre de 2008 cuando fue expulsado de ese país en un procedimiento similar, al tiempo que expresó su extrañeza de que la presidenta argentina Cristina Fernández no haya condenado públicamente ese atropello.

"Sé que Lanata es un gran crítico del Gobierno argentino, pero creo que fue una oportunidad perdida para que la presidenta Cristina Fernández hubiese reclamado públicamente por el abuso de poder de las autoridades venezolanas que indudablemente violaron los derechos elementales de un periodista a informar", concluyó.