Por denegar justicia acusan al TSJ ante la CIDH

Las quejas sobre el funcionamiento de la justicia venezolana vuelven a trascender las fronteras del país. Ayer el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al cual acusó de denegación de justicia y de no amparar a los ciudadanos frente a los abusos de otras instancias del Poder Público.

La organización formuló el señalamiento en un escrito, en el cual se quejó del trato que el máximo juzgado le dio a una acción que interpuso en mayo de 2010 en la Sala Constitucional contra la Asamblea Nacional, por la mora en la que ha incurrido ésta para dictar la Ley de Pensiones.

La Ley Orgánica Sobre el Sistema de Seguridad Social que en 2002 dictó el Parlamento le da cinco años a ese organismo para redactar y aprobar el instrumento relacionado con las pensiones y jubilaciones, lapso que se venció en 2007.

Provea expuso a la CIDH, en un escrito de 16 páginas, que la Sala Constitucional recibió su acción y la presidenta de esa instancia, y del TSJ también, magistrada Luisa Estella Morales, se la reservó.

Sin embargo, hasta febrero de este año la Sala no realizó ninguna otra actuación, ni siquiera informó si la tramitaría la petición, a pesar de que en dos ocasiones representantes de la organización acudieron ante ella para solicitarle un pronunciamiento. Ante este escenario la agrupación interpuso en febrero un amparo para demandar el cumplimiento de los derechos al acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Provea, en su denuncia, justificó su actuación indicando que casos similares habían sido resueltos por la intérprete de la Carta Magna en un tiempo menor y le puso a la Comisión cuatro ejemplos, los cuales fueron tramitados y respondidos períodos de tiempo que fueron de días hasta meses.

Petición multipropósito

Además de conseguir que la CIDH inste a la Asamblea Nacional a dictar cuanto antes la ley de pensiones y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que adopte las medidas necesarias para velar por los ciudadanos que acudan ante él por temor a que alguno de sus derechos sea violado o para exigir el cese de dicha violación, Provea espera que esta petición envíe un mensaje a las autoridades nacionales, luego de que estas iniciaron a principios de este mes el proceso para denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

"La denuncia realizada por el Estado venezolano de la Convención no impide seguir presentando casos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ni impide el monitoreo que sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela realiza la Comisión Interamericana", afirmó la organización, la cual anunció que continuará llevando casos ante las instancias hemisféricas.

La denuncia del llamado Pacto de San José de 1969, que Venezuela firmó en 1977, supone el retiro del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana, la cual tiene su sede en San José (Costa Rica), más no de la CIDH, la cual fue creada por la Carta de la OEA de 1948. Para retirarse de la Comisión Venezuela debería salirse de la OEA.

jalonso@eluniversal.com