Critican a TSJ y a Fiscalía por no ponerle coto al ventajismo

La decisión del Ministerio Público de solicitar al pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que desechara la denuncia que Súmate presentó a finales del año pasado contra el presidente Hugo Chávez, al que señaló de usar los recursos del Estado para promocionar su campaña a la reelección, no sentó bien en la organización, cuyos representantes lamentaron que dichas instituciones no pusieran coto al ventajismo electoral.

"La Fiscalía se está poniendo como una defensora del Presidente de la República", afirmó Ricardo Estévez, director de la agrupación, quien ayer acudió al máximo juzgado para conocer los argumentos por los cuales el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz pidió a la instancia integrada por los 32 magistrados que desestimara su acción y los del organismo rector del Poder Judicial para atender la solicitud.

Estévez se mostró sorprendido porque la Fiscal General de la República en julio pasado asegurara que no había recibido ninguna denuncia de ventajismo electoral por parte de ninguno de los contendores, pese a que en noviembre ellos interpusieron la querella contra el primer mandatario.

"Como ciudadanos también tenemos derecho a ejercer este tipo de denuncias", recordó.

"Desconocemos el contenido del informe que presentó la Fiscalía y los argumentos esgrimidos por el TSJ en la sentencia, pero para nosotros fueron muy claras las violaciones del Presidente de la República (...) Para nosotros esta violación no fue una denuncia en abstracto sino con alegatos concretos. Consignamos seis copias de videos que registraron actos claramente proselitistas hechos en instalaciones públicas", afirmó el vocero de Súmate.

Estévez recordó que denunciaron al Jefe del Estado y aspirante a la reelección de violar disposiciones constitucionales y legales.

"En aquel momento nos basamos en el artículo 145 de la Constitución que establece que ningún funcionario público puede estar al servicio de parcialidad política. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que por ser Presidente de la República no tiene ningún de tipo de privilegio para poder acceder a recursos que nos corresponden a todos los ciudadanos para hacer su campaña", afirmó, al tiempo que agregó que hay instrumentos que incluso castigan estas acciones con cárcel.

La Ley contra la Corrupción, en su artículo 13, prohíbe a los funcionarios públicos utilizar su puesto y los recursos del Estado para favorecer o perjudicar a determinadas tendencias políticas. Asimismo en el artículo 68 del mismo texto se establecen penas de uno a tres años de cárcel para quienes infrinjan dicha restricción.

El director de Súmate admitió que el hecho de que el primer mandatario u otros funcionarios se valgan de su cargo para promocionar sus campañas no es nada nuevo, sino que ha venido repitiéndose con insistencia en los últimos años.

Sin embargo, explicó que ellos interpusieron esta denuncia y otras ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General de la República para evitar que lo ocurrido en el pasado volviera a pasar en este proceso electoral, sin obtener respuesta hasta el momento.

jalonso@eluniversal.com