La Corte IDH no exculpó a Díaz por bombazos de 2003

"La gota que desbordó el vaso". Así calificó el presidente Hugo Chávez la última sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó sobre Venezuela, en la cual la condenó por el trato que le dio un exreo acusado de participar en dos atentados con bombas en Caracas en 2003; y a ella achacó su decisión de, ahora sí, ejecutar sus reiteradas amenazas de retirar al país del juzgado continental.

En rueda de prensa ofrecida en la tarde del miércoles en el aeropuerto de Maiquetía, nada más bajarse del avión que lo trajo de Brasil, el primer mandatario aseguró que el juzgado continental no sólo falló contra el país, sino que lo hizo "a favor de un terrorista (Raúl Díaz Peña), cuyo nombre ni recuerdo, pero está comprobado".

"La CIDH (en referencia a la Corte) tomó una decisión para amparar a un terrorista", aseveró el Jefe del Estado, quien abogó porque tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien hace las veces de Fiscalía continental en materia de garantías fundamentales, desaparezcan.

Sin embargo, al leer las 76 páginas de la sentencia en cuestión se observa que la Corte no revisó la acusación que el Ministerio Público formuló contra Peña Díaz ni mucho menos la condena que le impuso un juez, por los bombazos contra las sedes de la Embajada de España y el Consulado de Colombia en Caracas), por lo tanto no se puede hablar de que lo haya exculpado.

El tribunal de San José no estudia las decisiones de los juzgados nacionales a menos que alguien denuncie que ellas violan la Convención Americana de Derechos Humanos.

Los siete magistrados de la instancia ni siquiera analizaron los señalamientos de presuntas violaciones al debido proceso que tanto la defensa del condenado como la CIDH interpusieron, pues dieron por válidos los argumentos de los representantes del Estado, según los cuales éste no agotó los recursos internos para subsanar dichos vicios.

La Corte, en su dictamen, condenó a Venezuela por el trato que dio a Díaz Peña durante los más de seis años que éste permaneció recluido en los calabozos de la policía política (Sebin) en El Helicoide, porque consideró que "las condiciones de detención eran sumamente deficientes, en particular por la falta de acceso a la luz y ventilación natural, y las salidas restringidas al aire libre (...) así como el encierro en las noches y con éste las restricciones de acceder al único baño disponible para diez celdas individuales, por más de tres años".

Para la mayoría de los magistrados, pues el chileno Eduardo Vio Grossi votó en contra, la situación en la que estuvo privado de su libertad el acusado no fueron dignas "y en consecuencia constituyeron en su conjunto tratos inhumanos y degradantes".

Además de ordenarle a las autoridades que adecuen las celdas del Sebin, el juzgado ordenó al Estado que indemnice a Díaz Peña con más 70 mil dólares por los daños que su salud sufrió durante su detención, debido a que "los servicios de asistencia médica no se prestaron de manera oportuna, adecuada y completa".

jalonso@eluniversal.com