Cuestionan "manejo inescrupuloso" de la justicia

Caracas.- La imputación de delitos sin haber sido realmente comprobados, pudiera ser una de las acciones en contra de los inversionistas que después de realizar inversiones importantes, el Gobierno busca apropiarse de ellas para ganar, literalmente, "indulgencias con escapulario ajeno".

Así se desprende de las declaraciones del abogado Stanley Peña, defensor de Kamel Salame y José Luis Centeno, coordinador de la organización Sakalos, que se encuentran presos desde hace 45 meses y que a su juicio en una franca "aberración judicial, retaliación política y expropiación anticipada".

Como ejemplo de sus apreciaciones, Peña explicó que durante el acto de inauguración de la Comunidad Terapéutica Socialista La Guacamaya, en un complejo turístico propiedad de Kamel Salame Ajami, el cual fue hipotecado a la Sociedad Financiera del estado Táchira (Sofitasa) en Yaracuy, la ministra de salud Eugenia Sader afirmará que las instalaciones utilizadas para la Comunidad Terapéutica Socialista eran "espacios recuperados del narcotráfico y del narcolavado" y el ministro de interior y justicia, Tareck El Aissami reiterara que eran "instalaciones incautadas al narcotráfico".

Stanley Peña manifestó que esta es una postura "indigna, temeraria e irresponsable" de parte de los ministros, los cuales demuestran un interés subyacente y desmedido en hacerse de la propiedad de esos bienes imponiendo el carácter imperativo del Estado con ese fin.

Peña fue respaldado por una representación de la Mesa de la Unidad de Barinas integrada por: Malquides Ocaña (MAS), Rafael Riera (UNT), Jameiro Aranguren (Independiente), Adolfo Superlano (UNT), Rodolfo Peña (UNT) y Robert Alvarado (Independiente).