Consideran que COPP limita derechos de víctimas e imputados

Caracas.- La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz considera que el Código Orgánico Procesal Penal publicado en Gaceta Oficial el pasado 15 de junio de 2012  limita los derechos de las personas imputadas y de las víctimas, eliminando derechos reconocidos en la legislación vigente, así como la participación ciudadana.

En un comunicado la ONG destaca que  "el código actual suprime el derecho de las víctimas de ser oídas por el tribunal antes de dictar cualquier decisión que ponga fin al proceso o lo suspenda condicionalmente. Aun cuando les reconoce el derecho de ser informadas de los avances y resultas del proceso solamente cuando lo soliciten, no obliga al Poder Judicial a informar a las víctimas, lo cual limita el derecho de acceso a la justicia idónea, transparente, responsable y accesible, tal como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Por otra parte, la Red de Apoyo considera que "se limitan los derechos de las personas imputadas, que ya no tienen la posibilidad de comunicarse con una asociación de asistencia jurídica para informar sobre su detención y evitar o denunciar prácticas de tortura y suprime el derecho a no ser juzgado o juzgada en ausencia; esto último agrava la ya dramática situación de las personas privadas de libertad por el Estado, quienes tienen que pagar altas sumas de dinero para que les trasladen al tribunal. Ahora si no pagan, el juicio puede celebrarse en su ausencia y sólo con la defensa que el Estado les designe".

Por último, la ONG destaca que "la última reforma inconsulta del COPP modificó más de la mitad del articulado con aspectos de forma y de fondo que, tal como se expresa en la exposición de motivos, procuran solventar los aspectos que se han convertido en un obstáculo para la administración de justicia. Sin embargo, esta reforma toca aspectos medulares como la participación de las víctimas en el proceso y anula sus posibilidades de recibir asistencia en el proceso de búsqueda de justicia, lo que constituye un retroceso en derechos ya conquistados y reconocidos en la legislación actual".

Ante esto, la Red de Apoyo solicita que "sea reformado el Código Orgánico Procesal Penal, para restituir los derechos que se han arrebatado a las personas imputadas y a las víctimas, abriendo un espacio de diálogo y debate para generar aportes por parte de la sociedad, los usuarios y las usuarias del sistema de administración de justicia y las organizaciones y movimientos sociales".