126 fallos han logrado las fiscalías de Juicio de Caracas en mayo

La inasistencia de los fiscales era en 2005 la causa por la cual cuatro de cada 10 juicios se diferían en Caracas. Para poner fin a esta situación la jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, puso en marcha las llamadas fiscalías de Juicio, despachos que se encargarían únicamente de llevar adelante los debates orales y públicos en los que se decide la culpabilidad o no de un sospecho de cometer un crimen; y al parecer las mismas están cumpliendo su cometido.

Ayer, la instancia garante de la legalidad informó, por medio de un comunicado, que desde el pasado 1° de mayo hasta el día 25 estas instancias han conseguido 127 condenas solamente en la ciudad capital, mientras que en el resto del país la cifra ascendió hasta 276.

Aunque en el boletín se anuncia que dichos dictámenes se produjeron bien porque los acusados admitieron los hechos antes del inicio del juicio o por las pruebas que los fiscales expusieron en los tribunales, no se precisa la número de cada una de las dos opciones.

Un estudio del extinto Consejo Superior Penitenciario reveló que ocho de cada 10 condenados que están en las cárceles, prefirieron confesar el crimen del que se les acusaba antes que ir a juicio.

Abogados, jueces y fiscales atribuyen la estadística al retardo procesal, el cual hace que los lapsos previstos en la ley no se cumplan y que las personas que se están en detención preventivamente permanezcan más de dos años tras las rejas.

Precisamente ayer El Universal publicó un trabajo en el cual se atribuye el alto porcentaje de diferimiento de juicios en Caracas a la falta de información y desorganización de los jueces, los cuales llegan a convocar hasta 10 actos diarios, aún cuando en el inconcluso Palacio de Justicia apenas hay capacidad para celebrar 15 juicios simultáneamente.

Otro efecto que genera este alto número de convocatorias es que muchas terminan coincidieron entre sí.

Jueces consultados por este diario, que prefirieron el anonimato, propusieron retomar la llamada Agenda Única, sistema que buscaba ordenar los actos judiciales y evitar que los mismos deban ser suspendidos porque no pueden ser atendidos por los jueces, fiscales y/o defensores.