La democracia no es negociable

Observo con preocupación y mortificado la iniciativa de muy estimados amigos quienes hacen parte de la oposición democrática, como Carlos Blanco e Hiram Gaviria, el partido Patria para Todos, y el partido Copei cuyas autoridades no encuentran camino para su propia concordia, a fin de que se entable un diálogo nacional.

Ello ocurre a propósito del establecimiento por el Presidente de la República de un Consejo de Estado, pasados 13 años de vigencia de la Constitución, cuyo único cometido es -según el mismo Presidente- aconsejarle sobre el golpe que fragua contra la constitucionalidad y nuestras libertades democráticas, a saber, el desconocimiento del derecho de toda persona a la tutela internacional de sus derechos humanos (artículo 31).

Se casan ambas propuestas dentro de un contexto desdoroso y deshonroso para la República. El coronel Eladio Aponte Aponte, hasta ahora presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de suyo contralor de la justicia penal y designado allí por órdenes presidenciales, confiesa el uso que hace de los jueces para perseguir a los adversarios, condenar a inocentes y hasta perdonar a narcotraficantes a pedido o con la tolerancia de las demás autoridades del Estado. Algo así, pero no tan espantoso y sin nombres, describe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes sobre Venezuela.

Ocupado y preocupado como muchos compatriotas -en tareas que a no pocos nos consume una década y casi un lustro - por el logro de una democracia profunda, que nos aleje del mesianismo revolucionario o la tutela castrense que cubre a nuestra historia patria desde la caída de la Primer República en 1812, considero mi deber deslindar criterios ante los venezolanos, hoy presas del miedo y anegados por la incertidumbre.

La democracia y quienes la entendemos como algo más que un mero procedimiento circunscrito a lo electoral, estamos obligados al diálogo, al consenso, a los acuerdos. Pero la democracia, incluso la formal o reducida al ejercicio del voto, encuentra como límite a la misma democracia. No cabe el diálogo ni el consenso, menos el acuerdo, fuera de los elementos sustanciales que configuran a esta y los que hacen parte de su ejercicio. La democracia es respeto a los derechos humanos y sus garantías; ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho; pluralidad de ideas y partidos políticos; elecciones libres y sobre todo justas; separación de independencia de los poderes públicos; probidad y honestidad, tanto como rendición de cuentas por los funcionarios del Estado; sujeción de la Fuerza Armada a la autoridad civil; y libertad de expresión y de prensa.

Cualquier venezolano que proceda de buena fe y en conciencia, mediante un examen personal de lo que ve y vive durante los años que corren del presente siglo, sin esfuerzo puede constatar que esos elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia no existen, han desaparecido entre nosotros, totalmente.

¿Cúal diálogo?

Cabe preguntarse, pues, acerca del diálogo posible que se plantea con y desde el Gobierno, con su Consejo de Estado que en propiedad es un Consejo del Gobierno que opina sin atar, cuya composición, a la vez, revela la unidad de todo el Estado y sus poderes públicos alrededor del primer mandatario, sin disidencias posibles.

¿Acerca de qué -me pregunto- puede dialogar la oposición con el régimen, a la luz de lo anterior? ¿Sobre el olvido de las declaraciones de Aponte, que desnudan al narcoestado o Estado mafioso que nos tutela y su efecto devastador sobre el pudor nacional? ¿Dialogará para que se le otorgue carta de buena conducta a los pistoleros de Puente Llaguno y no se investigue el asesinato de Danilo Anderson, o no se insista en el caso de la juez Afiuni o se ponga de lado la infame condena que reciben los comisarios Simonovis, Vivas y Forero, dispuesta por los "jueces del horror" que dirigió hasta ayer el magistrado en cuestión y cuestionado?

Si se trata de un diálogo con y del país que quiere la democracia y abjura de los gendarmes necesarios, más allá de sus autoridades, tal diálogo se realiza de modo suficiente durante las elecciones primarias del pasado mes de febrero, abiertas a todos los electores y donde 3 millones de estos se hacen presentes y su mayoría elige, entre distintos candidatos, un candidato presidencial para la democracia, quien ha de participar en los comicios del venidero mes octubre.

¿Puede dialogarse con un régimen irresponsable que nada dice sobre los hechos muy graves que le imputa su aliado judicial de años, quien reconoce haberlos ejecutado por instrucciones presidenciales? ¿Cabe dialogar con un Consejo instalado para la comisión de un auténtico golpe de Estado, por tratarse de una violación abierta a la Constitución el propósito que ahora lo reúne?

Sin explicación

En la democracia hasta las mayorías tienen un límite. No pueden decidir mediante el voto la liquidación de la democracia, o el desconocimiento de los derechos de las minorías políticas. La democracia moral impide dialogar y acordar al margen de sus principios inamovibles. La moral de la democracia no resiste el diálogo entre la ley y el delito, y solo bajo un estado de necesidad las víctimas negocian con sus secuestradores. De modo que el diálogo nacional planteado no se explica en esta hora, a menos que tirios y troyanos busquen salvar sus haberes e intereses o espacios políticos, convencidos de la fatalidad de la dictadura, con o sin el presidente Chávez.

La historia, que es madre y maestra, indica bien que los autócratas y sus entornos se cocinan en su salsa, hasta la declinación fatal. La propia cabeza del Consejo, J.V. Rangel, quien escribe "al revés y al derecho" y protesta contra "un gobierno camorrero", pronosticándole su hundimiento, en 1981, es profeta de que su actual "gobierno se hunde y como sucede con quienes caen en arenas movedizas, el esfuerzo consiste en chapotear aún más, lo cual determina hundimiento mayor".

Así pasa con las experiencias militaristas de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. Llegan a su término y sus regímenes pagan por sus fechorías. Nadie, desde la trinchera civil, les propone diálogo. Como nadie, en pleno siglo XXI y durante la primavera árabe, le sugiere consensos al dictador libio, Muammar al Gadafi, quien a la sazón le otorga un premio de derechos humanos a quien hoy, sin mostrar contrición alguna en su humana circunstancia y ante las acusaciones que se le hacen, opta por negarnos el derecho humano a pedir la protección de la OEA y su sistema de derechos humanos.

(*) Profesor titular y doctor en derecho, exmagistrado de la CIDH y exministro de Relaciones Interiores.