El juicio que no avanzaba

El cuello sujeto con una cadena, esposado, en un cuartucho sin ventanas, sin acceso a un baño: así pasó 35 días secuestrado el joven Alejandro Martínez. Más de un mes encerrado en esas condiciones: peor que un animal.

La noche del 14 de abril de 2010 Martínez y su esposa fueron emboscados en el estacionamiento del edificio donde vivían en Valencia. No hubo confusión alguna, los captores sabían todo sobre él: el nombre de su padre, quiénes son sus tíos, que ella estaba embarazada de seis meses.

A ella la soltaron. Para liberarlo a él pidieron 2 millones de dólares. Los Martínez son socios del grupo Blohm en negocios del ramo automotriz. Para la fecha, Alejandro estaba al frente de Motores Cabriales, un importante concesionario en Carabobo. Su padre, Humberto, y su tío Carlos lo estaban de otros igualmente grandes en la región. Y el mayor de los tíos, Amado, es desde hace más de 30 años el representante de la familia ante la sociedad con los Blohm. De ahí a tener 2 millones de dólares en efectivo, es otra cosa.

Humberto Martínez recibió la primera llamada el día 17 de abril. Cuando les dijo a los secuestradores que no disponían de semejante cantidad recibió una respuesta desconcertante: "Pídeselos a Amado, que él te los presta".

Alejandro fue liberado como consecuencia de la presión policial. Una comisión del CICPC de Caracas manejó el caso y tras detener a uno de los sospechosos principales y presunto jefe de la operación, la banda se desarticuló y los encargados de custodiar al secuestrado decidieron soltarlo para evitar males mayores. El 19 de mayo los agentes detuvieron a Leonardo Del Moral García, quien ocupaba el puesto de gerente de ventas en la empresa Dieselval, que forma parte del grupo Martínez-Blohm.

La Fiscalía lo acusó por complicidad en el delito de secuestro y por asociación para delinquir. También se expidieron órdenes de captura contra Rubén Gerardo Castillo Castillo y Erick Yuye Rojas. Castillo es identificado en las actas del caso como "Flash", encargado de los contactos telefónicos con la familia y Yuye, además de ser identificado como uno de los carceleros, fue quien pagó -con dos cheques personales- la compra del inmueble en construcción donde encerraron a Alejandro.

Por alguno de esos insondables misterios de la justicia venezolana, este caso ha terminado vinculado al destino del hoy prófugo Eladio Aponte Aponte.

El 12 de junio de 2011 El Universal publicó en esta misma sección la historia de este secuestro con denuncias de los abogados de las víctimas: un año llevaban esperando que comenzara el juicio, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia había aprobado -en noviembre de 2010- la solicitud de la defensa de Del Moral de radicar el proceso en la ciudad de Barquisimeto en lugar de hacerlo en un juzgado de Valencia, pero Del Moral seguía detenido en un área especial del internado de Tocuyito donde recibía -aseguran- trato preferencial por parte del director del penal, identificado como amigo personal del imputado y promovido, además, como testigo a su favor.

Fue el magistrado Eladio Aponte Aponte quien aprobó la solicitud de radicación del juicio y ordenó que el expediente pasara al circuito judicial del estado Lara. El razonamiento de su decisión estuvo centrado en un solo argumento: que la publicación de notas periodísticas sobre el secuestro en las que se señaló a Del Moral como imputado "amenaza la imparcialidad de los jueces y escabinos". En consecuencia, para preservar la objetividad del proceso había que mudarlo a un lugar donde la opinión pública resultara menos influyente. O algo por el estilo.

El razonamiento de Humberto Martínez -y de sus abogados- es otro: la mudanza a Lara era "conveniente" para el imputado. De hecho, en el transcurso del proceso recusaron a tres jueces por "actuaciones irregulares".

Sí, pero no

En una solicitud de avocamiento presentada al TSJ el 2 de febrero de este año describían la situación: "Este proceso fue radicado fuera del estado Carabobo, puesto que supuestamente la alarma pública y la conmoción que los hechos habrían causado, harían dudar sobre la recta administración de justicia. No obstante, desde entonces el proceso se ha paralizado casi por completo y siempre para beneficio del imputado. Desde que el proceso fue radicado al estado Lara, el proceso se desarrolla conforme a lo que le conviene al imputado, no a la verdad ni a la justicia. Ha sido LEONARDO GABRIEL DEL MORAL GARCÍA quien ha dictado el ritmo del proceso -el texto adjetivo penal ha quedado a un lado- pues el imputado asiste únicamente a los actos que le convienen y deja de hacerlo cuando puede salir desfavorecido".

Para la fecha habían sido convocados más de 20 actos en un periodo cercano ya a los dos años y aún no pasaban a la fase de juicio y ni siquiera se había realizado la audiencia de "prueba anticipada" en la que Alejandro Martínez y su esposa declararían en su condición de víctimas, ni la de un personaje clave: Juan Carlos Castillo, alías "el gordo".

Castillo fue uno de los encargados de vigilar a Alejandro durante el encierro. Fue detenido y declaró ante el CICPC como se unió a la banda y confirmó la participación de su primo Rubén Gerardo Castillo (Flash), de Erick Yuye y de Leonardo Del Moral, a quien identificó como "el papeado". Confirmó, además, que la operación se desmontó en el momento en el que "el papeado", el jefe, fue detenido por los agentes policiales: el mismo día de la detención de Del Moral Y se ofreció a declarar en el juicio a cambio de beneficios en su propio proceso.

En esencia, lo que se pidió ante el TSJ -a la Sala de Casación Penal- fue que asumiera el caso, que se evitaran las estrategias de retraso y que se ordenara el traslado de Del Moral a Barquisimeto para evitar problemas de transporte. Pero la Sala de Casación -de la cual Aponte Aponte era miembro- dio una respuesta esquiva el 28 de febrero. "Reconoció que había retrasos, pero no ordenó corregir los vicios", explica Jesús Loreto, abogado de las víctimas: "Si bien exhortó al tribunal a garantizar la celeridad de los procesos, terminó siendo un revés para nosotros. También presentamos denuncias de las irregularidades cometidas por los jueces ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Inspectoria General de Tribunales".

Día sorpresa

En marzo cambió el panorama. Y aunque a Loreto le gustaría decir que todo es consecuencia del trabajo de su equipo y de la correcta administración de justicia, admite que hubo algo más. El 20 de marzo la Asamblea Nacional destituyó al magistrado Aponte Aponte por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Walid Makled. Ese día hubo dos audiencias del caso Martínez: en la mañana finalmente pudo ofrecer su testimonio el también imputado Juan Carlos Castillo. Y en la tarde comenzó la audiencia preliminar que se hizo en doble tanda y culminó en la tarde del 21 de marzo.

"Normalmente el esquema era de dos convocatorias por día", explica Loreto: "La primera era la de principio de oportunidad con el testimonio del arrepentido Castillo. Del Moral tenía el derecho a estar presente, pero siempre llegaba tarde y la diferían. Pero sí estaba a tiempo para la suya. Si permitíamos que se hiciera esa, íbamos a tener una audiencia sin la acusación de Castillo y por tanto favorable a Del Moral. Sorprendentemente, ese 20 de marzo Del Moral llegó a tiempo".

¿Y por qué esta vez sí estuvo en Barquisimeto a la hora requerida? Loreto también se extrañó y obtuvo un dato no oficial: "Supuestamente otros detenidos que tenían traslado ese día presionaron para llegar a sus audiencias".

Castillo, en la suya, repitió lo que le dijo al CICPC: que su primo Rubén le contactó para el trabajo de cuidar en las noches al joven secuestrado, que sabía que su familia se dedicaba al ramo automotriz, que el jefe de la banda era "el papeao" y que creía que se llamaba Leonardo y que debido a la captura del jefe decidieron liberar a Alejandro. "Se le preguntó si podía identificarlo en la sala", cuenta Loreto: "Y lo señaló directamente: 'ese que está ahí', dijo".

En la tarde, tal como estaba pautado, comenzó la audiencia preliminar que se interrumpió en la noche y continuó al día siguiente. ¿Por qué no se tomó la decisión esa misma noche? ¿Alguien buscaba tiempo para saber qué hacer? Más allá de la especulación, se aceptó la acusación por complicidad en secuestro pero no el cargo por asociación para delinquir que, por lógica, se suma en estos casos. Se dictó el auto de apertura del juicio y fue confirmada la medida de cárcel para Del Moral. Pero seguirá en Carabobo: el juez no ordenó su traslado definitivo.

"Después de dos años de espera todo coincidió con la salida de Aponte Aponte", señala Humberto Martínez: "Tenemos la certeza de que el caso fue a Lara porque allá Aponte Aponte tenía control del circuito judicial. Todavía hay fichas suyas ahí. Pero, claro, esas cosas son difíciles de probar y hay que remitirse a los hechos".

Pese a que aún se espera por la fecha definitiva de inicio del juicio y la respuesta a una apelación hecha por la defensa de Del Moral a la audiencia donde declaró Juan Carlos Castillo, el abogado Loreto estima que llegados a este punto el caso se plantea con cierta facilidad: "El imputado aparece 'retratado' en el registro y cruce de llamadas telefónicas que arrojó la investigación policial. También está el testimonio de Castillo. Y está 'retratado' en los dos cheques que le dio a Erick Yuye que suman 81 mil bolívares. Con ese dinero Yuye compró el lugar donde mantuvieron secuestrado a Alejandro".

Entre abogados penalistas se dice que todo lo que "huela" a Aponte Aponte en este momento "apesta". El destino de los casos que de una manera u otra dependían de sus "artes" y sus decisiones, ha cambiado. O podría cambiar. El de éste en particular, está por verse.