"Delincuencia organizada ocupa altos niveles del Gobierno"

Expresidenta de la Conacuid (Comisión Nacional Contra el Uso Indebido de las Drogas) durante este Gobierno y conocedora profunda del tema, Mildred Camero no titubea al señalar que el coronel (r) Eladio Aponte Aponte, exmagistrado del TSJ, resulta apenas un componente más de una organización dedicada al narcotráfico y que estaría enquistada en altos cargos del Gobierno nacional: "Yo me sentí impactada con las declaraciones de ese señor (Aponte Aponte). Fue una cosa terrible para mí. Como juez con más de 35 años en el Poder Judicial, jamás vi un descaro tan grande. Sobre todo por su postura que era la de un delincuente, carente de la dignidad y del lenguaje jurídico de un juez. Cínico, además, a la hora de reconocer que extorsionó y manipuló los expedientes en casos como el de Mazuco y otros más".

-Si ese es el abrebocas, ¿cómo será lo que venga luego, a la hora de negociar?

-El no contó toda la verdad. Dijo apenas lo necesario porque sabía del impacto que provocaría su sola aparición. Cuando lo destituyeron yo me pregunté, "¿por qué?" Ciertamente es un falta grave entregar una credencial a un narcotraficante, pero debe haber algo mucho más grave y profundo. Siempre pensé que se trataba de un caso de drogas y aunque ya no soy juez, sigo en el ambiente y uno escucha.

-¿Inculpar a Aponte no fue un error?

-Pienso que sí. Ellos se imaginaron que pasaría lo mismo que con Luis Velásquez Alvaray, quien dijo cuatro tonterías y se fue. En cambio, este señor (Aponte) se estaba preparando porque cuando dice que no lo atendían y lo estaban aislando, intuyó lo que podía pasar. Creo, además, que debe tener pruebas de algo porque nadie se atreve a contactar a la DEA y ésta no mueve un avión, a no ser que disponga de evidencias concretas. Debe ser algo grave.

-¿Como qué?

-Además de una decisión de carácter político, tiene que ver con drogas porque ya le había dado una credencial a Makled, quien, tengo entendido, trabajaba para la inteligencia militar. De manera que había una vinculación alrededor de un tráfico de drogas muy grande. Makled estaba metido en el narcotráfico desde el 2003, época para la que comenzamos a recibir información sobre su afinidad con grupos del alto Gobierno, algunos de miembros de las Fuerzas Armadas, otros de la policía científica y de las policías regionales.De allí que elaboráramos cinco informes denunciando, hace siete años, lo que ahora está sucediendo.

-En el año 2008 usted dijo que el presunto narcotraficante asesinado ese año, Wilber Varela (a) Jabón, había sido protegido por las autoridades civiles y militares.

-Exacto. Luego fue la vinculación de Makled con José María Corredor (a) El Boyaco, un traficante que fungía como intermediario con las FARC, negociaba el intercambio de armas por drogas y trabajaba, también, con militares de alto rango.

-¿No resulta imposible considerar la culpabilidad de Aponte sin vincularlo a toda una red de la cual él sería un componente más?

-Si usted observa las declaraciones de este señor (Aponte) percibe de inmediato que no se trata de alguien inteligente, con un muy bajo nivel y una perceptible debilidad mental. Ellos pensaron que lo podían manipular fácilmente porque no se comprende cómo llegó a ser magistrado.Entonces lo menospreciaron, pensaron que no haría nada y fíjese en lo que se convirtió.

-Ya sabemos que no habrá investigación, pero si usted estuviera a cargo, ¿por dónde comenzaría a desenredar la trama de Aponte?

-La investigación no se va a hacer porque hay muchas personas involucradas, pero yo comenzaría con la relación entre Aponte y Makled. Eso es clave. Habría que aclarar qué tipo de trato había entre ambos. ¿Si yo te pagaba 300 millones de bolívares por ser socio en Aeropostal o porque yo cargaba drogas en los aviones de esa empresa, la trasladaba y recibía una comisión? Luego, se debe investigar las ramificaciones e ir a la base, (Makled), para extender el radio y establecer responsabilidades. Para mí se trata de una gran organización.

-¿Conformada por quién?

-Aún no nos hemos dado cuenta de que en Venezuela se ha ido instalando una delincuencia organizada, ubicada en un alto nivel gubernamental. Uno de los delitos que produce más dinero es el del tráfico de drogas. Y esto comienza por un problema de corrupción. Luego te vas metiendo y ya no sólo cobras por sobornar, por extorsionar o por dictar una decisión, sino que traspasas la barrera, encuentras que lo más rentable es el negocio de las drogas y te unes a la organización.

-¿De quién, en concreto, estamos hablando?

-Fíjese: ¿Quién y por qué mataron a Aguilarte en Maracay o al General Moreno en Anzoátegui? El sicariato, y no por corrupción sino por el tráfico de drogas. Esa forma de matar es típica del ambiente en que se mueve el tráfico de drogas. Y esa organización, formada por miembros de las Fuerzas Armadas, que han tomado el rol delincuencial, como en el caso Makled, entró en una especie de guerra con este último por el surgimiento de intereses contrapuestos en el control del tráfico de drogas.

-La salida de la DEA de Venezuela, ¿respondía a los intereses de esa organización o se trataba de una medida política asumida por razones ideológicas?

-Fue una medida política porque se estaban afectando los intereses económicas de ciertas personas involucradas en el tráfico de drogas y con mucho poder en ese momento.

-¿Quiénes son esas personas?

-No se lo puedo decir, pero había muchas personas vinculadas al narcotráfico y se tocaron sus intereses. Primero me sacaron a mí, no destituida sino sustituida, como dicen ellos. Posteriormente le tocó a la DEA porque tenía toda la información. Los informes de inteligencia señalaban a quienes participaban en el tráfico de drogas y estaban vinculadas al Gobierno nacional. Por eso salí mientras acusaban a la DEA del delito en el cual ellos incurrían, cuando las entregas controladas están contempladas en la Convención de Viena y se vienen haciendo desde hace mucho tiempo.

-Usted participó en esa entregas controladas.

-Como juez participé en ellas porque no son ilegales y sobre todo porque cuando se hacían era en presencia de un juez y un fiscal de Ministerio Público. El entonces fiscal Isaías Rodríguez sabía que la DEA trabajaba con nosotros en una fuerza de tarea de la cual participaban funcionarios de su despacho. Lo que se hacía era combatir el tráfico de drogas. Ahora, aquí hay muchos cuerpos policiales extranjeros pendientes de esa actividad porque Venezuela es un paso seguro para meter estupefaciente en cualquier país europeo.

-¿Qué pasará con Aponte en EEUU?

-Si él se acoge al programa de protección de testigos tendrá algunas ventajas y hasta el nombre le cambian. Pero no creo que sea muy feliz porque estará controladísimo.

-¿Se le puede abrir juicio a funcionarios venezolanos o declarar al de Venezuela como un narcoestado?

-Con la Ley Rico sí. Si se acepta, como se dice, ir a un gran jurado, a una Corte Federal y a Venezuela la declaran como un país comprometido con el tráfico de drogas, hasta llegar a convertirse en narcoestado, muchas cosas pueden suceder. A las personas señaladas se les quita la visa, se les decomisa los bienes y finalmente se emite una orden de aprehensión, de manera que no podrán salir al exterior porque en cualquier momento se las llevan. Y eso es así por que se considera que han cometido un delito contra la soberanía de EEUU.

-¿Se puede emitir una sentencia con el simple a expediente de una declaración de un testigo poco confiable?

-Me imagino que tendrá muchas pruebas. No creo, como le dije, que la DEA se haya movido si este señor no le garantizó las pruebas.

-¿Hasta que nivel del Estado puede llegar la asignación de responsabilidades en el trafico de drogas?

-Si se establece que están involucrados en ese delito, ellos serán considerados como traficantes de drogas. Pero, ¿qué haríamos en Venezuela? Abrir la investigación. Claro, eso no ocurrirá, a pesar de que ahí está Makled, la clave de todo. Además, él no está procesado por tráfico de drogas sino por homicidio. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque puede involucrar a mucha gente.

-Se dice que más de 50% de la droga que se consume en Europa pasa por territorio venezolano. ¿Si se combatiera ese tráfico de verdad, no estaríamos viviendo una situación similar a la que azota a México, aunque en menor proporción?

-El problema es que históricamente no nos hemos tomado en serio la real importancia del tráfico de drogas. Frente a esa grave situación no se ha desplegado una política equilibrada. Usted no sólo debe combatir la oferta sino también la demanda de drogas. Pero los gobiernos latinoamericanos se inclinan, única y exclusivamente, a la represión y no prevenimos. Eso lo dejamos de lado.

-Esa es, precisamente, la tesis de los gobiernos de EEUU.

-Cambia un poco, porque el concepto de seguridad y defensa en EEUU incluye no sólo la soberanía del Estado, sino la de los ciudadanos. Nosotros, al contrario, consideramos que seguridad y defensa sólo es de la nación. Hemos reducido el concepto sin atender a la seguridad ciudadana. Entonces se diseñan políticas pero no se ejecutan y eso ocurre porque durante muchos años (y eso se incrementó a lo largo de la última década en Venezuela) se mantuvo el contacto de algunos miembros de las Fuerzas Armadas con los traficantes de drogas. Ahora, eso siempre lo ha habido, no como ahora, pero ocurría. Sólo que se ha relegado a un segundo plano porque nunca se ha combatido el tráfico de drogas con la fortaleza suficiente.