Exigen publicar noticias sobre el agua con soporte técnico

Para la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, las informaciones que aseguran que el agua que se consume en Venezuela está contaminada no son veraces; y por tal motivo abrió una investigación y solicitó a los tribunales que ordenen a los medios de comunicación que pretendan seguir difundiendo contenidos que pongan en duda la calidad del vital líquido, que los pasen por el tamiz de los estudios científicos.

A menos de 12 horas de este anuncio, el Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas de Caracas acordó una medida cautelar innominada que "exige a los medios de comunicación nacionales y regionales impresos; así como a los noticieros de radio, televisión y digitales que actúen con extrema responsabilidad en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua en el país destinada al consumo humano, debiendo contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente", informó una nota de prensa de la Fiscalía difundida anoche.

La solicitud fue realizada por el fiscal 20 nacional, Daniel Guédez, fundamentada en los artículos 19 y 58 de la Constitución y los artículos 5 y 17 de la Ley de Aguas.

Previo a la decisión tribunalicia y durante la entrega de certificados a fiscales y agentes de la policía científica (Cicpc) que aprobaron el III Diplomado en Criminalística, Ortega Díaz explicó: "Si se va a decir que el agua está contaminada, cosa que los medios pueden hacer, pues se debe decir de dónde salió esa información".

La fiscal justificó su petición indicando que "afirmar que el agua para el consumo humano está contaminada asusta a la población, genera miedo, temor, incertidumbre e incluso puede generar una psicosis".

Pese a que el anuncio se produce menos de 24 horas después de que el presidente Hugo Chávez instara al Ministerio Público y al Tribunal Supremo a investigar a quienes han venido denunciando la mala calidad del agua, Ortega Díaz aseguró la averiguación no fue abierta en respuesta a la solicitud del mandatario, sino porque tres ciudadanos (Oscar Suárez, Jesús Zambrano y Joaquín Trompetero) así se lo pidieron.

Consultada sobre los pasos que deberían seguir los medios, de ser aprobada la medida que pidió, la fiscal general señaló: "Si el gobernador de Monagas (quien propuesto a modo de ejemplo por un periodista) señala que el agua está contaminada, pues ustedes los periodistas que son inquisidores deben exigirle pruebas y el gobernador deberá mostrar las pruebas, los estudios hechos por los laboratorios y por los científicos, porque si no es una afirmación irresponsable y ustedes tienen que decirlo".

La funcionaria negó que persiga censurar. "No se les puede pedir a los medios que no informen, porque ese es su trabajo, pero tienen que hacerlo de manera veraz".

No obstante, desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) estiman que la petición de la Fiscalía cercena la libertad de expresión. "Esta medida limita el derecho a la denuncia y lo previsto en el artículo 132 constitucional, que obliga a todo ciudadano a defender los Derechos Humanos".