"En el Ministerio Público jamás hemos abusado de la prisión"

En Venezuela hay más de 900 jueces penales y el año pasado ellos dictaron 455 mil sentencias. Sin embargo, cerca de 100 mil casos más quedaron a la espera de respuesta.

Durante el atípico acto de Apertura del Año Judicial celebrado el pasado martes en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el presidente Hugo Chávez anunció la adopción de medidas para evitar que esas cifras sigan repitiéndose. Allí reveló que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, le envió una propuesta para crear juzgados penales municipales, instancias que, según dijo, permitirán atacar el endémico retardo procesal.

El anuncio cogió a más de uno dentro del Poder Judicial por sorpresa y por ello El Universal conversó con la jefa del Ministerio Público para que explicará los alcances de su planteamiento.

-El presidente Chávez dijo que usted le envió un documento donde le proponía crear tribunales penales municipales. ¿En qué se diferenciarán estos despachos de los existentes?

-Tenemos que resolver el tema del congestionamiento de los tribunales, de la justicia y desde el 2008 vengo planteando la municipalización de la justicia para hacerla más expedita y fácil de operar, para que cada vez que haya un delito la respuesta del Estado sea inmediata.

-¿Por qué no crear más tribunales como los que hay hoy y punto?

-Esta forma de juzgamiento ha perdido vigencia. Hay que buscar la forma de hacer más expedita la justicia, pues la justicia no puede ser tardía (...) Ahora todo lo que ocurre (los delitos que se cometen) en Aragua, por ejemplo, se resuelven en los tribunales de Maracay, porque allí es donde hay tribunales de juicio, pero si creamos fiscalías y tribunales en otras localidades, pues esos casos no tendrían que ir para Maracay. Eso sí, esos tribunales no conocerán todo tipo de delitos, sino simplemente los delitos menores. He propuesto que conozcan de delitos cuya pena en su límite máximo no exceda de ocho años; es decir no conocerían casos de homicidio, secuestro, narcotráfico ni crímenes contra los Derechos Humanos.

-¿En qué beneficiará esto?

-El grueso de los casos son delitos menores y como en una sede central es donde se conocen los casos, pues si un juez o un fiscal reciben un caso de un homicidio y otro de un hurto o por unas lesiones personales, pues obviamente le va a dar prioridad al caso más grave, mientras que el otro se va dejando y eso puede generar sensación de impunidad. A todos los casos hay que darle la misma importancia, la misma ponderación y tramitación. Esta propuesta permitirá atacar un conjunto de faltas y delitos pequeños y que sino son castigados pueden aumentar la violencia. Un delito pequeño que no es castigado hoy se puede convertir en uno grave mañana.

Las fiscalías municipales que hemos abierto desde 2008 nos han demostrado que podemos lograr este objetivo y además ayudan a descongestionar las cárceles, porque como ellas solo pueden conocer de delitos cuyas penas no excedan los tres años, pues pueden aplicar medidas alternativas a la prosecución del proceso. En pocas palabras, si una persona investigada admite los hechos, pues cumple una condena, pero no en la cárcel, sino que se le puede poner a prestar servicios en instituciones públicos. En Lara hay un fiscal ambiental que tiene mucha experiencia en esta área y ha puesto a personas procesadas por delitos ambientales a plantar árboles, limpiar plazas y dictar charlas.

-¿De materializarse la creación de estas estructuras en cuánto podría disminuir el congestionamiento de los tribunales?

-Yo diría que un 60%.

-¿Qué competencias deberían tener esos tribunales municipales? ¿Deberían ser solo de Control o también deberían poder enjuiciar a las personas?

-Tiene que haber tribunales de Control y de Juicio. Por ejemplo los fiscales municipales de Cúa (Miranda), que tienen muchísimos casos, tienen que ir a Los Teques, donde están los tribunales, a presentar los actos conclusivos y celebrar los juicios y eso implica un esfuerzo y tiempo. Yo creo que los fiscales no deberían trasladarse del sitio donde laboran. Lo mismo ocurre en Veroes (Yaracuy), los fiscales tienen que ir hasta los tribunales de San Felipe y eso es un obstáculo para que la justicia sea rápida. Justicia tardía no es justicia.

-¿El Estado tiene recursos para crear esas estructuras, porque en esta década no se ha creado un solo tribunal penal ordinario ni siquiera se ha terminado el Palacio de Justicia de Caracas?

-Este es un tema de voluntad política. Tiene que haber voluntad política. Nosotros tenemos ya 14 fiscalías municipales, pero este año pensamos abrir 100 fiscalías más, entre ellas varias municipales. Si se hace una evaluación de los sectores que requieren crear esta estructura se puede ir avanzando. En Nirgua (Carabobo) hay que abrir fiscalías y tribunales municipales; lo mismo en los Valles del Tuy. En el Ministerio Público tenemos ese diagnostico de los municipios donde se necesitan estas estructuras y está a la orden.

-¿Se requiere alguna reforma legal para poner en marcha estos cambios?

-Sí, porque hay que incluir en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) la figura de los tribunales penales municipales. Igualmente creo que hay que reformar los artículos referidos a la prosecución del proceso, donde está la suspensión del proceso y la admisión de los hechos, porque esos artículos hablan que estas medidas solo se le pueden otorgar a personas señaladas por delitos con penas que no superen los tres años y yo creo debería aumentarse hasta ocho años.

Los acusados por hurtos, lesiones, estafas o delitos ambientales no necesariamente deberían terminar en la cárcel y esos casos no deberían ser conocidos por los tribunales penales ordinarios. El poder punitivo del Estado a veces tiene mucho peso sobre las personas más desvalidas y sobre los casos más pequeños.

-Usted dice que el poder punitivo del Estado muchas veces no es del todo justo, pues hay abogados que responsabilizan al Ministerio Público precisamente de no actuar de forma justa y afirman que en la inmensa mayoría de los casos que conoce pide enviar a la gente a la cárcel, como si la ley no permitiera otras medidas. ¿Qué responde usted a esto?

-A pesar de que el Ministerio Público es el que ejerce la acción penal, nuestra función es perseguir a quien delinque, según el COPP, (...) jamás hemos abusado de la prisión. La fiscal general considera que no es la cárcel la que resuelve el problema de la criminalidad. El problema de la criminalidad es más profundo y por eso planteamos alternativas como la municipalización de la justicia.

A quienes nos lanzan esas acusaciones hay que recordarles que el Ministerio Público está controlado por los jueces de Control, entonces habría que afirmar que los jueces no observaron debidamente su labor. Habría que decir que los jueces no verificaron que la investigación se haya llevado correctamente, que la calificación (del delito) que se le está dando a la persona imputada es la correcta y que la medida que se está pidiendo es la que debe ser. Las cárceles están congestionadas porque hay un retardo procesal histórico y todos los operadores de justicia debemos asumirlo. No es un problema solo del Ministerio Público.

-A partir del motín registrado en la cárcel de El Rodeo en junio pasado se comenzó a decir que en las cárceles había unos 8 mil personas que no debían estar allí, porque los delitos por los que se los investigaba o estaban condenados les permitían otro tipo de sanción. ¿Por qué pasó eso?

-Lo que pasa es que tenemos una cultura inquisitiva. Nosotros estuvimos 70 años bajo el Código de Enjuiciamiento Criminal y cambiar eso cuesta muchísimo. La Constitución establece la presunción de la inocencia y que la privación de libertad es la excepción, mientras que la libertad es la regla (en casos de investigación por un delito), pero no hay cultura de eso entre los operadores de justicia. No se ha asumido que todos somos inocentes ante la ley y cuando se unos atribuye la comisión de un delito el Estado tiene que probarlo y hasta que no haya sentencia somos inocentes. Cambiar mentalidad es muy difícil, es más fácil cambiar las leyes. Sin embargo, si hay voluntad política, y que creo que la hay, vamos a dar un salto.

jalonso@eluniversal.com