Cabos sueltos de la crisis

A dos años de las intervenciones bancarias que afectaron a unas 14 instituciones privadas, la Fiscalía mantiene abierta investigaciones relacionadas con los fondos públicos que fueron a parar a algunas de esas instituciones y que fueron utilizados en operaciones financieras sospechosas que forman parte de las acusaciones que mantiene el Ministerio Público en contra de varios banqueros.

Según señala la Fiscalía: "El daño patrimonial no solo se produjo a los clientes, depositantes, acreedores, inversionistas y Sistema Bancario Nacional, sino primordialmente al Estado venezolano, de forma directa e indirecta. De allí que se mantienen abiertas investigaciones "contra el patrimonio público". Sin embargo aclaran que todavía no se ha obtenido el cúmulo de elementos necesarios para concluir la fase preparatoria respecto de "aquellos hechos que permitan determinar qué cantidad del dinero utilizado en las operaciones era de origen público" según precisa el organismo en uno de los expedientes correspondientes a las investigaciones contra directores de Banco Real.

Recordemos que las pérdidas generadas a la Nación estaban en el orden de los 2, 5 millardos de bolívares fuertes y que gran parte de los fondos provenían de instituciones del Estado.

Uno los casos más emblemáticos son los atribuidos al grupo de bancos que poseía el empresario Pedro Torres Ciliberto, cuyo nombre resonó como un banquero muy ligado al Gobierno y a figuras del entorno presidencial.

Torres Ciliberto, hoy en el exilio, como tantos otros banqueros emergentes que "cayeron en desgracia" a finales de 2009, manifestaba abiertamente su apoyo al Gobierno de Chávez, aparecía fotografiado en celebraciones con el alto poder y su nombre figuró retiradamente, entre otras figuras relevantes, por una ola de compras de instituciones bancarias y empresas de seguros alineadas con los nuevos tiempos: "Yo comulgo con las ideas de Chávez. Yo apoyo al Presidente Chávez", declaraba al periodista Juan Carlos Zapata mientras cerraba la compra de Seguros La Previsora, Banco Real y Central. Así pues apellidos como Fernández, Torres Ciliberto, Cedeño, Tirado, Chacón se abrían paso en el mundo bancario y de seguros.

Desaparecen 450 millones

De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, en el que además de Torres Ciliberto, se encuentra procesado Arné Chacón Escamillo, hermano de ex ministro Jesse Chacón, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes.

Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto.

En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores.

Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto.

Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó.

Títulos ficticios

A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno.

Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución.

Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores.

Seguros Premier

Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres.

Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00.

Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación.

Aspectos llamativos

De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009.

El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones.

Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.

El caso Canarias

En el caso del Banco Canarias, las investigaciones determinaron que en la cuanta que mantenía ese banco en el SICET del Banco Central de Venezuela, para el 27 de mayo de 2009 se reflejaban custodias de títulos valores de terceros. Sin embargo se verificó que para el 25 de septiembre tales papeles no eran propiedad del Banco Real pues para esa fecha el Canarias no tenía custodia de los mencionados instrumentos que contablemente manifestaban tener.

El Banco Canarias fue intervenido en noviembre de 2009 y el más importante accionista, Ricardo Fernández Barruecos y otros directivos fueron arrestados y están siendo procesados por diversos delitos bancarios. Cabe destacar que en el caso del Canarias el empresario Fernández estaba a la espera de que la Superintendencia de Bancos autorizara la operación de compra de la institución.

En su momento la defensa del empresario sostuvo que para el momento en que se planteó la compra del Banco Canarias y otras tres instituciones financieras, no era posible hacer alguna operación irregular ya que estos bancos estaban bajo la vigilancia de veedores de la Superintendencia de Bancos. Asimismo sostuvo que los fondos para reflotar estos bancos se obtuvieron a través de préstamos de otros bancos.

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