Denuncian que AN instauró el "estado general de sospecha"

A pocas horas de que se celebre el 20 aniversario del golpe del 4 de febrero, vuelve a retumbar la frase que un día expresó el capitán Eliécer Otayza: "estado general de sospecha".

En nombre de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, el diputado Miguel Pizarro (Podemos-Táchira) denunció ayer que la reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo declara un "estado general de sospecha" en el país. "El ciudadano está obligado a ser un sapo de cualquier cosa que le parezca sospechosa", alertó Pizarro, al cuestionar la norma sancionada por la AN la noche del martes pasado.

El artículo 13 del texto establece: "los sujetos obligados deben prestar especial atención a cualquier transacción o grupo de transacciones independientemente de su cuantía y naturaleza, cuando se sospeche que los fondos, capitales o bienes, provienen, están vinculados o podrían, ser utilizados para cometer delitos (...) deberán prestar especial atención a tales actividades aun cuando provengan de una fuente lícita.".

El reporte de "actividades sospechosas" no acarrea responsabilidad penal y quien no proceda enfrentará multas de 500 a mil unidades tributarias.

Los "sujetos obligados" a los que se refiere la norma van desde bancos hasta partidos políticos y asociaciones civiles, pasando por abogados y administradores que trabajen por cuenta propia, corredores de seguros y un largo etcétera.

Pizarro censuró la constitución de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. "Crean una superoficina que puede intervenir llamadas y cuentas bancarias", alertó el representante.

Silencio absoluto

Al hacer un balance sobre 2011, el diputado Ángel Medina (AD-Miranda) recordó que la AN realizó 61 sesiones ordinarias. "Hicimos 84 peticiones de debate de temas como el Fondo Chino, la inseguridad, Walid Makled, presos políticos y Pdval, pero la mayoría los negó constantemente", apuntó.

Medina dijo que trabajarán para que el Parlamento se convierta en un órgano de control del Ejecutivo y el resto de los poderes públicos. Ambos legisladores indicaron que en 2012 impulsarán una agenda social, con la Ley del Primer Empleo y la Ley del Cestaticket para Jubilados y Pensionados.