Oposición señala que la AN aprobó una "ley sapo"

Arrancó temprano la Asamblea Nacional. La noche del martes la mayoría del Poder Legislativo sancionó la primera norma de 2012: la reforma a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Las diferencias entre la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Mesa de la Unidad Democrática hicieron imposible alcanzar el consenso en esta materia.

El diputado José Antonio España (MAS-Miranda) opina que el texto impulsado por el PSUV viola, al menos, 20 artículos de la Constitución. "Esta ley vulnera el derecho a asociarse y a la protesta y presume que todos somos sospechosos", acota. España dice que con la creación de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo "le quitan a la Fiscalía el monopolio de la acción penal".

Al parlamentario Eduardo Gómez Sigala (Copei-Lara) le preocupa "la vaguedad e imprecisión" de los conceptos expresados en el instrumento. "Esa generalidad es peligrosa", advierte y sostiene que el chavismo asumió la redacción de esta norma bajo la premisa de "legislar para el enemigo".

Gómez Sigala considera que la Cámara aprobó "la segunda versión de la ley sapo". ¿Por qué? Los sujetos obligados por la ley tendrán que denunciar cualquier movimiento que estimen "sospechoso", aunque provenga de una "fuente lícita", sin que ello acarree sanción penal. De no proceder, deberán pagar multas entre 500 y mil unidades tributarias.

"Además, desconoce la proporcionalidad de las penas, facilita que cualquiera pueda ser calificado como terrorista y no se ajusta en su totalidad a las regulaciones internacionales", enumera el representante.

Versión roja

El diputado Elvis Amoroso (PSUV-Aragua), proponente de la ley, afirma que la reforma se ciñe a la Constitución y los acuerdos internacionales.

"La delincuencia organizada comete delitos abominables que deben ser perseguidos con toda la fuerza, por ello se suben las penas", argumenta.

Amoroso niega que con esta herramienta legal pretendan hostigar a sus adversarios. "Esta ley viene a perseguir a los delincuentes", sentencia.

El dirigente rojo asegura que la norma no atenta contra el debido proceso ni lesiona las competencias del Ministerio Público. "La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo ya está creada en la ley, las recomendaciones internacionales señalan que el órgano que imputa no debe ser el mismo que recibe la información, sería despacharse y darse el vuelto", explica.

Amoroso rechaza que se trate de una "ley sapo" y apunta que no está en peligro la presunción de inocencia.