"Construcción del socialismo no choca con la Constitución"

Pese a que la Constitución de 1999 establece que el Gobierno de Venezuela "es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables", la actual administración puede continuar en su empeño por instalar un modelo político y económico socialista sin ningún problema, pues estas intenciones "no chocan" con los principios antes mencionados.

La afirmación la hizo el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo y director de la Escuela de la Magistratura, Arcadio Delgado Rosales, durante el discurso central que dio en el marco de la sesión de apertura de las actividades judiciales este martes.

"El término socialista es un concepto histórico genérico que no solo alude al llamado socialismo real, cuyo rasgo distintivo es la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, sino también a los modelos socialistas que, como el plasmado en la Carta de 1999, renuncian expresamente al monopolio de la propiedad pública exclusiva de los medios de producción, aunque no a su regulación y control, como sucede en el llamado 'Estado del Bienestar' europeo", aseveró.

Delgado agregó que "el Estado democrático y social de derecho y de justicia" y "la democracia participativa", conceptos plasmados en el texto fundamental "son variantes de un modelo socialista". No obstante, la Constitución reconoce los derechos de asociación con fines políticos, a la libertad de expresión, de religión y de competencia en el ámbito económico, proscritos en la mayoría de los regímenes socialistas y cuestionados por los teóricos de este modelo como el ruso Vladimir Lenin.

Por el estado total

En su discurso Delgado también defendió las tesis del jurista alemán Carl Schmitt quien defendió la teoría del "Estado total", en el cual no haya diferencias entre la sociedad civil y militar y la sociedad civil y política; y en la que se asegura que en política no hay rivales, sino enemigos a los que se les puede eliminar.

A Schmitt se le ha incluido dentro de los llamados juristas del horror, grupo de jueces y abogados alemanes que dieron sustento al régimen nazi e hicieron legales las torturas, detenciones y asesinatos en masas que él impulsó.

Schmitt mismo se unió al Partido Nazi en 1933 y contribuyó a la caída de la República de Weimar, experimento democrático surgido en Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial.