Procesarán al magistrado Aponte por presuntos nexos con Makled

Del estrado al banquillo de los acusados. Ese giro de 180 grados lo acaba de dar el magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, quien deberá convencer al Consejo Moral Republicano de que no tiene ninguna vinculación con el presunto narcotraficante Walid Makled si quiere seguir ocupando su despacho.

El máximo organismo del Poder Ciudadano resolvió tramitar la denuncia por falta grave que en abril de 2011 interpuso el presidente del partido Unión Republicana Democrática (URD), Rafael Rodríguez Mudarra, contra el coronel retirado y exfiscal general militar, a quien acusó de otorgarle al supuesto capo unas credenciales del alto juzgado.

La instancia integrada por la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien la preside actualmente; la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y la contralora encargada Adelina González decidió admitir la acción contra el funcionario en su última reunión, celebrada el pasado 25 de enero. Sin embargo, no fue sino hasta ayer que la oficializó, por medio de un comunicado de prensa, la resolución.

La noticia del inicio del procedimiento que podría desembocar en la destitución del magistrado cayó como una bomba en predios del TSJ. ¿La razón? La misma se produjo solo horas antes de que se celebre la Apertura del Año Judicial, el evento previsto para hoy, a las 11 de la mañana, marca el inicio de las actividades tribunalicias.

Al evento tradicionalmente asisten todos los miembros del máximo juzgado, los presidentes de los distintos circuitos judiciales, buena parte de los jueces del país y representantes de las demás ramas del Poder Público, entre ellos el presidente de la República.

Tan pronto el Consejo Moral notifique a Aponte del inicio del procedimiento en su contra éste tendrá ocho días hábiles para responder, por escrito, a los señalamientos del presidente de la URD.

Posteriormente la defensora, la fiscal y la contralora volverán a reunirse para analizar los alegatos de las partes y si consideran que las explicaciones del magistrado no son satisfactorias y que sí cometió falta grave entonces deberán solicitarle a la plenaria de la Asamblea Nacional que lo remueva de su cargo.

El artículo 265 de la Constitución de 1999 establece que la destitución de un miembro del TSJ es una decisión que debe ser adoptada con el respaldo de las 2/3 de los diputados.

Relaciones peligrosas

Durante los allanamientos realizados a las propiedades del presunto narcotraficante, quien ahora está en los calabozos de la policía política a la espera de ser enjuiciado luego de haber sido extraditado de Colombia a mediados del año pasado, la policía halló unas credenciales del TSJ, emitidas en julio de 2006 y firmadas por Aponte, en las cuales se asegura que Makled era "comisionado" del máximo juzgado.

Nada más conocerse de este hallazgo la presidenta del organismo judicial, magistrada Luisa Estella Morales, se apresuró a asegurar que la figura del "comisionado" no existe dentro del organigrama del Supremo.

En distintas entrevistas que ofreció mientras estuvo apresado en Colombia, Makled aseguró que él pagaba millones de dólares a funcionarios y militares para que le permitieran realizar sus operaciones; y entre ellos mencionó al exgobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles; al ahora ministro de la Defensa, general Henry Rangel Silva; al comandante de la IV División Blindada, general Cliver Alcalá Cordones; y al excomandante general de la Armada, vicealmirante Carlos Aniasi.

Pese a que aseguró tener pruebas que sustentaban sus señalamientos desde que fue extraditado a Venezuela ni el supuesto narcotraficante ni su defensa han vuelto a mencionar nada sobre el asunto.

jalonso@eluniversal.com