Giordani al TSJ: La Ley bajará el consumo suntuario

Donde unos ven el vaso medio vacío otros lo ven medio lleno.

Mientras el Banco Central de Venezuela (BCV) pronostica que una eventual aplicación de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de Altos Funcionarios del Poder Público provocará "efectos macroeconómicos y sociales no deseados" similares a los que generaría la aplicación de un "programa de ajuste fiscal"; desde el Ministerio de Planificación y Finanzas creen que favorecerá a la economía.

Para el ministro Jorge Giordani el que se haya establecido en 12 sueldos mínimos el tope que pueden devengar las máximas autoridades de la República y la posibilidad de que a partir de ese techo se ajusten los ingresos de los demás funcionarios del Estado hará que "la propensión al ahorro de los trabajadores que perciben salarios superiores a 10 salarios mínimos (tienda) a disminuir y, en consecuencia, bajará el consumo considerado suntuario".

La afirmación la hizo el titular de Finanzas en el informe que el pasado 18 de octubre le envió a la Sala Constitucional del TSJ, instancia que a mediados del año pasado le pidió que le informara sobre cuáles serían las consecuencias de aplicarle a toda la Administración Pública la Ley que forzó a las más altas autoridades de la República a reducirse sus salarios, debido a que les fijó en 12 salarios mínimos el tope que pueden devengar.

Esta es la segunda opinión que recibió el TSJ en el marco de los juicios que tiene contra el instrumento. Previamente el BCV envió un reporte, el cual fue reseñado por este diario en su edición de ayer.

Giordani, en su escrito, afirmó que la reducción del consumo de bienes suntuarios provocará así mismo una "disminución de las importaciones de estos bienes" y con ello se favorecerá "el mercado de divisas".

Entre los años 2009 y 2010 el funcionario dio varias declaraciones en las que ha abogado por reducir el consumo de bienes de lujo. "Vamos a importar lo que realmente necesitemos y si algunos sectores sienten que tienen otras necesidades pues que utilicen sus propios recursos", dijo en una ocasión.

Cifras contradictorias

En su reporte Giordani asegura que de aplicarse la Ley de Emolumentos a la totalidad de la Administración Pública eso se traduciría en una reducción, en promedio, del 16,1% en los ingresos de los trabajadores. No obstante, el BCV en su informe habla de una merma de 21,7% y que ello se traduciría en una reducción 10,1% del gasto público, lo cual a su vez se equivaldría a disminución de hasta 1,5% del PIB.

Giordani también presenta otro escenario a partir de las cifras que maneja la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y según las cuales solo cuatro organismos (Contraloría, Consejo Nacional Electoral y los ministerios de Energía Eléctrica y Ciencia) se verían afectados por la norma, debido a que quienes laboran allí reciben remuneraciones superiores a las fijadas por ella. Esto quiere decir que solo 7.938 personas, de las 972.776 que laboran para el Estado verían, sus bolsillos afectados y apenas se ahorrarían 339 millones de bolívares al año, el 0,83% del total que gasta el Estado remunerar a sus empleados.

jalonso@eluniversal.com