Para BCV Ley de Emolumentos equivale a un paquetazo

El remedio es peor que la enfermedad. La intención del Gobierno de poner fin al despilfarro al regular sueldos de los funcionarios públicos podría provocar que la economía venezolana, la cual el año pasado creció algo más del 4%, vuelva a entrar en números rojos.

La advertencia la hizo el Banco Central de Venezuela (BCV) en un informe en el que alertó que de ajustarse los salarios de todos los empleados del Estado a las disposiciones de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de Altos Funcionarios del Poder Público se producirán, a corto plazo, "efectos macroeconómicos y sociales no deseados" similares a los que generaría la aplicación de un "programa de ajuste fiscal", conocido popularmente como "paquetazo".

El llamado de atención lo lanzó el instituto emisor en el reporte que el pasado 2 de agosto le envió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo la petición que ésta, en el marco de dos de las nueve demandas que tiene contra la norma, le hiciera para que le informara sobre las consecuencias que tendría la aplicación del instrumento a todos los empleados públicos.

El texto, que el pasado 12 de enero cumplió un año en vigencia, regula los ingresos de las máximas autoridades de la República y habla que se aplicará proporcionalmente al resto de los burócratas. El instrumento establece que el Jefe del Estado, los diputados, los magistrados del máximo juzgado, los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la fiscal general de la República, la defensora del Pueblo y la contralora no pueden devengar más de 12 salarios mínimos al mes.

En el documento de siete páginas que firma el presidente del BCV, Nelson Merentes, se asegura que de aplicarse la ley a toda la Administración Pública entonces 1,6 millones de empleados públicos verían como sus ingresos se reducen en 21,7% en promedio y ello provocará una disminución de 10,1% en el gasto público, que a su vez se traducirá en una reducción de entre 1 y 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Pero más allá de las cifras macroeconómicas, el BCV dejó en claro que la medida tendrá sus costos sociales.

"La reducción salarial traería un impacto negativo en la calidad de vida de 1,3 millones de hogares, entre los cuales se encuentran 1,9 millones de menores de edad, así como 392 mil adultos mayores. Se estima que el ingreso per cápita de estos hogares se vería mermado en 14,5%, con las respectivas consecuencias en su capacidad de consumo y ahorro y, sobretodo, calidad de vida", auguró.

Unas de cal y otras de arena

Merentes, en su informe, reconoció que una eventual revisión, a la baja, de sueldos hará que la inflación disminuya, al menos entre 0,7 y 1,2 puntos, según estimaciones del instituto emisor. No obstante, indicó que esto no sería suficiente para compensar "la pérdida directa de ingresos como resultado del ajuste".

El presidente del BCV también le advirtió a los magistrados que de reducirse las remuneraciones en la Administración Pública haría que ella fuera menos atractiva para los trabajadores y ubicaría los sueldos en el sector público en el nivel que tenían en 1997.

En los últimos años, los salarios en los organismos del Estado han crecido muy por encima a los del sector privado.

Por último, Merentes alertó que esta medida podría fomentar la corrupción. "Investigaciones recientes en el ámbito de la economía del desarrollo han encontrado que países que tienen indicadores de corrupción alto, muestran impactos negativos sobre los niveles de inversión en capital fijo (...) Un deterioro de la institucionalidad pudiera ocasionar caídas permanentes de la tasa de crecimiento anual del producto de alrededor de 0,1%".

Organizaciones como Transparencia Venezuela han esgrimido argumentos similares para rechazar la ley que hizo que los magistrados del TSJ, por mencionar algunos funcionarios, vieran como sus quincenas se reducían en más de la mitad de un día a otro.

jalonso@eluniversal.com