Estado alegó "exageración" en ejecuciones parapoliciales

El Estado venezolano aseguró ayer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, que el tema de las ejecuciones parapoliciales no es tan grave como se pretendería hacer ver.

"Se exagera con el problema de las ejecuciones extrajudiciales como con el caso de la criminalidad", indicó el representante de Venezuela, Germán Saltrón, durante la defensa que hizo del Estado en el caso de los hermanos Uzcátegui.

Néstor Uzcátegui fue asesinado el primero de enero de 2001 por agentes de la Policía del estado Falcón y su hermano Luis asegura desde entonces haber sido objeto de hostigamiento, tortura y detenciones.

Como parte de los alegatos finales de la audiencia, Saltrón se refirió al supuesto estado de ebriedad de Néstor Uzcátegui al momento de ser asesinado y que el occiso tendría 22 registros policiales.

"Esto no quiere decir que es legítimo haberlo asesinado. No lo estamos justificando", alegó.

Sobre el retraso judicial denunciado por los peticionarios, ya que tras casi 11 años de haber ocurrido los hechos el caso está apenas en la fase inicial de la investigación penal, el Estado alegó que la Fiscalía se encuentra en espera de los resultados de investigaciones para realizar el acto conclusivo. "El Ministerio Público tiene que ser cuidadoso y tomarse el tiempo necesario", indicó.

Por su parte, la secretaria adjunta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Elizabeth Abi-Mershed, dijo que "no hay controversia en que la muerte (de Néstor Uzcátegui) fue cometida por agentes policiales, en que entraron a la casa sin orden judicial, con hombres, mujeres y niños presentes, tampoco que tras haber sido herido recibió más disparos ".

Destacó que según un informe de la Fiscalía en relación con delitos de homicidio, enfrentamientos o ejecuciones de 2000 a 2010, han sido imputados 5.402 funcionarios policiales, acusados 3.995 y condenados a 333. "Para la Comisión las estadísticas reflejan un problema de profunda gravedad", indicó. Además la CIDH solicitó a la Corte que, como medida para que no se repitan casos como el de Néstor Uzcátegui, ordene al Estado que adopte las medidas necesarias para asegurar que cuando las autoridades apliquen la fuerza lo hagan conforme a las obligaciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos.