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ENTREVISTA | Carlos Suárez, coordinador de Voluntad Popular Internacional

"Todos los electores deben tener el mismo trato"

"El estatus migratorio de un elector no debe afectar el derecho al voto de los que viven en el exterior "

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El economista Carlos Suárez, residente en California, espera que se cumpla la Constitución y que el único requisito para votar sea la cédula CORTESÍA
SARA CAROLINA DÍAZ |  EL UNIVERSAL
domingo 27 de noviembre de 2011  12:00 AM

La Constitución venezolana establece que el único requisito para ejercer el voto es la cédula de identidad y eso es lo que exige Carlos Suárez, economista, vocero de Voluntad Popular Internacional, se cumpla con los residentes nacionales en el exterior.

El derecho al voto de los venezolanos que viven fuera del país está en peligro, advierte Suárez, por el artículo 124 de la Ley de Procesos Electorales. La norma agrega como requisito para el sufragio el comprobante de residencia legal (en el otro país), una disposición que el economista califica de discriminatoria, pues "todos los electores, aquí y allá o donde estén, deben tener el mismo trato". Por eso, confía en el buen juicio del máximo Tribunal venezolano que el pasado miércoles admitió un recurso para la revisión de la polémica Ley.

Para Suárez, la exigencia de residencia legal es un elemento que se suma a la persecución que se hace al colectivo de 'venezolanos en el exterior' cuyo único pecado, dice, es vivir fuera del país. La preocupación ha obligado a denunciar el caso en organismos gubernamentales y judiciales en el planeta.

-¿Hasta ahora en cuántos organismos e instituciones de diferentes países han denunciado la situación de los votantes venezolanos en el exterior?

-Podemos hablar de dos denuncias, de dos frentes que Voluntad Popular ha abierto en defensa de los derechos políticos de los venezolanos en el exterior. Primero está la denuncia en cuanto a la violación de los derechos de participación política de los venezolanos al pedir como requisito demostrar que los votantes están residenciados legalmente. Ese es un requisito para registrarse y votar en los consulados y esto claramente viola la Constitución venezolana y las convenciones internacionales que al respecto derivan de la declaración universal de los derechos humanos. Nosotros responsablemente presentamos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este recurso de nulidad y la medida cautelar de la LOPE que fue admitido por el TSJ, lo que es un gran logro, un paso más hacia lo que esperamos sea un acto reivindicatorio de la justicia que se le adeuda a los venezolanos en el exterior.

-¿Qué respuestas han tenido con las denuncias de que los funcionarios consulares venezolanos se atribuían responsabilidades de agentes de inmigración, al menos en el caso de EEUU, y eso violaba las leyes del país?

-A eso iba los consulados al pedir documentos migratorios del país donde están ubicados, digamos España, Estados Unidos, México, violan convenciones internacionales y leyes nacionales que regulan el trato de los inmigrantes alrededor del mundo. Este aspecto de la "doble violación" que los consulados cometen como agentes conscientes, responsables y militantes de esta exigencia del CNE, la hemos denunciado ante las fiscalías nacionales y algunos casos defensorías en varios países del mundo incluyendo México, Chile, España, y Estados Unidos. De estos, Chile ya se pronunció expresando que el estatus migratorio que pueda tener un ciudadano venezolano en Chile no afecta en lo absoluto sus posibilidades de participar en los procesos electorales de su país de origen.

-¿Confían en que los organismos de justicia venezolanos fallarán a favor de los electores que viven a afuera una vez que el TSJ admitió el recurso?

-Por principios y convicción creemos que el Tribunal Supremo hará justicia. Creemos igualmente en la fortaleza de nuestra causa y de nuestro argumento y eso se ve reflejado en la admisión del recurso. Recuerda que no hace poco el TSJ rechazó un recurso sobre la materia. El hecho que el TSJ haya admitido nuestro recurso es un signo de la fortaleza del argumento que presentamos.

-¿Qué sentido tiene poner de requisito ese comprobante de residencia? ¿Cómo lo evalúan?

-Es una discriminación, es una prueba más de la persecución política que viven los venezolanos, en particular los venezolanos en el exterior como colectivo. Esto es justamente el argumento de nuestro recurso: exigir comprobante de residencia legal a los electores venezolanos en el exterior es discriminatorio. Mientras en Venezuela el elector se registra exclusivamente con su cédula de identidad y un principio de buena fe rige al aportar su datos de residencia, a los venezolanos en el exterior se les exige no sólo comprobante de residencia, y esto sería discriminatorio por si mismo ya que implica un trato diferente con respecto al trato del elector en Venezuela. Más allá de un comprobante se exige legalidad en tu status migratorio. Para nosotros todo esto es un acto repudiable que se suma al carácter de desplazados económicos, de la violencia y de la persecución política en contra de este colectivo cuyo único pecado es vivir en el extranjero.

-¿Cuál es el plan B si el Tribunal Supremo falla en contra de sus planteamientos?

-Una vez agotadas las instancias nacionales iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar. Hemos estado informando a cada paso de este proceso a esta instancia. Protestaremos en fiscalías de países del mundo. Los venezolanos en el exterior nos pueden contactar en el email: internacional@voluntadpopular.com

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