Al menos hasta la semana pasada, en el hospital Cardiológico
Infantil de Montalbán estaban quemando los mismos desechos
tóxicos y peligrosos que han prendido las alarmas de
comunidades que rodean a otros hospitales como el Domingo
Luciani.
Los desechos médicos clasificados como B y C, según
el decreto 2.228, no deben pasar por cualquier crematorio.
La parte V del convenio de Estocolmo indica que Venezuela
y los demás países que suscribieron el acuerdo están
comprometidos a evitar las emanaciones de gases clorados.
En el Cardiológico Infantil, sin embargo, no lo sabían.
Los representantes de ese y otros hospitales que el pasado
9 de julio asistieron a un foro que el Ministerio del Ambiente
ofreció sobre el tema, señalaron que desconocían
todos o algunos de los procedimientos que exige la ley. No
se trata de mala voluntad, muchos de los asistentes lamentaron
las fallas cometidas. De cualquier for ma hay un daño:
las comunidades que rodean a Montalbán han estado expuestas
a gases nocivos. De hecho, la chimenea de ese centro de salud
apunta al campus de la Universidad Católica Andrés
Bello, donde estudian más de 12.000 bachilleres.
"¿Qué se hace con las cenizas de los desechos B
y C?", preguntó la representante del cardiológico,
Yusbeli Zorrilla, durante el ciclo de preguntas de la conferencia
Desechos Sólidos y Hospitalarios, sin saber que los guantes
desechables, el material de hemodiálisis y los objetos
punzocortantes, entre otros insumos de cirugía menor,
no pueden tener el mismo destino de residuos orgánicos
tipo D, como placentas, tejidos necróticos o miembros
amputados.
Algunos de los asistentes que se encontraban en el Centro
de Divulgación Ambiental de las torres de El Silencio
entonces abrieron los ojos. "No quemen más los desechos
B y C", pidió la coordinadora de Desechos Hospitalarios
del Ministerio del Ambiente, Thaís Gouveia. "El plástico
que tiene esa clase de materiales es de todo tipo y los incineradores
que hay en el país entonces pueden producir dioxinas
y furanos".
La reunión terminó con la voluntad de no seguir
ocasionando daños ambientales. Varios de los asistentes
concluyeron, no obstante, que hacía falta un organismo
que centralizara el tema, porque lamentan que la falta de
recursos, personal especializado y especificación de
competencias haya creado desaciertos en un proceso en el que
participan desde empresas privadas hasta organismos públicos
del ámbito municipal, regional y nacional.
Cargos de conciencia
¿A dónde van las gasas con sangre, las jeringas
usadas y los restos humanos que muchos centros de salud públicos
y privados desintegraban en el incinerador de desechos médicos,
que funcionó hasta enero en el hospital Domingo Luciani?
En El Llanito ya no huele a plástico quemado ni carne
asada. Los vecinos de la zona lograron, por ahora, paralizar
esa suerte de estufa que llegó a emanar gases hasta día
y noche. Hace seis meses que desaparecieron las denuncias
sobre dolores de cabeza y picor en la piel, que tanto achacaron
al hospital. Quedó, sin embargo, una duda en el ambiente:
¿cuál es el destino de la basura que sale de los
consultorios odontológicos, las clínicas veterinarias
y los centros médicos del área metropolitana de
Caracas?
Es algo que Teófilo Moros define como un cargo de conciencia.
El delegado del Consejo Comunal de Macaracuay celebra que,
tras cuatro años de quejas, marchas y recursos de amparo,
el Ministerio del Ambiente haya suspendido las actividades
del incinerador, pero teme que las alergias y los problemas
respiratorios que desde hace cuatro años denunciaban
vecinos de Colinas de La California, El Llanito, el barrio
Brisas de Petare y su propia urbanización sólo hayan
cambiado de sitio.
El profesor de Estudios Ambientales de las universidades
Metropolitana y Simón Bolívar Vladimir Valera señala
falta de coordinación y vigilancia en estas tareas y
advierte que no se trata de un mal trabajo, sino de una serie
de problemas estructurales: "Uno va a los hospitales y se
pregunta cuál es el presupuesto para adquirir las bolsas
de diferentes colores que deben diferenciar todos los tipos
de desechos, y resulta que no tienen recursos o personal capacitado
para cumplir con requisitos como éste".
En las principales empresas que prestan el servicio de aseo
en el área metropolitana de Caracas añaden que muchos
de los centros de salud no están separando adecuadamente
los desechos hospitalarios. Bajo el anonimato, en una de ellas
comentan que algunos de sus empleados se han llegado a cortar
las manos con jeringas que fueron mezcladas en bolsas de basura
corriente.
El viceministro de Conservación Ambiental, Jesús
Alexander Segarra, reconoce que hay clínicas y hospitales
que no cumplen con todos los requisitos, pero advierte que
se trata de una situación que no los exime de su responsabilidad:
"El Ministerio de Salud tiene una norma que tiene que hacer
cumplir y los directivos de cada centro de salud son los principales
responsables".
Aunque no precisó sus nombres, habló de clínicas
que tienen tecnologías mal aprovechadas como los autoclaves,
una especie de gran olla de presión que somete plásticos
y metales a altas temperaturas sin necesidad de causar gases
tóxicos. Afirmó que en lugar de gases tóxicos,
esos aparatos generan fluidos que han sido lanzado a las cloacas,
lo que contamina las aguas.
Segarra añadió que no permitirán la reactivación
de ningún incinerador que no cumpla con los filtros y
otros dispositivos necesarios y, en esa onda, el delegado
de la Defensoría del Pueblo para el área metropolitana
de Caracas, Juan Carlos Castro, advirtió que su despacho
monitoreará a dónde van los desechos hospitalarios,
así como también el caso del cardiológico y
El Llanito.
Horno de droga
Por el incinerador de El Llanito pasó de todo. Moros
asegura que los vecinos de la zona fueron testigos de cómo
el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
usó la máquina hasta para evaporar droga. Insiste
en que vieron camiones que descargaron narcóticos en
el hospital y si eso no es suficiente, denuncia que una tecnología
destinada a cremar exclusivamente restos patológicos
haya sido extendida a otros desechos médicos como los
plásticos de las bolsas de plasma o botellas de suero,
cuya cremación está prohibida porque puede producir
gases cancerígenos como dioxinas y furanos.
Son pocos los que en tiempos de inflación, debates preelectorales
o vaivenes con Colombia se preocupan por los desechos que
hay en las clínicas y hospitales, pero las dioxinas y
furanos son los mismos gases que alarmaron a Argentina cuando
el gobierno uruguayo anunció el año pasado la intención
de levantar industrias papeleras en la frontera de ambos países.
Aunque no se trata de las mismas dimensiones, aunque los
desechos de un hospital están lejos de los de una industria
papelera, una alta exposición a estos gases puede acarrear
abortos, malformaciones congénitas, problemas endocrinos
y cáncer de piel o en distintas partes del organismo
como hígado, pulmones y nariz.
En el Ministerio del Ambiente no precisan detalles de la
cantidad de gases tóxicos que envuelven a Caracas, tampoco
del daño que haya podido producir el incinerador de El
Llanito, lo que sí ha quedado claro es que el incinerador
de El Llanito no debía seguir operando de esa manera,
por lo que el Ministerio del Ambiente ordenó paralizar
su actividad el pasado 18 de enero.
"Los incineradores patológicos no disponen de dispositivos
de control de emisiones (electrofiltros, depuradores húmedos,
etcétera) que garanticen el cumplimiento de la norma
ambiental", refiere un informe que la Dirección de Calidad
Ambiental del Ministerio del Ambiente publicó el 31 de
julio tras una inspección en El Llanito. El documento
confirma algunas de las denuncias de los vecinos y añade
que en El Llanito hubo irregularidades como "emisiones de
gases de color gris" o "pequeñas partículas sólidas",
que no tienen por qué acompañar un artefacto de
esa naturaleza.
jpoliszuk@eluniversal.com