Al menos un muerto tras ataque que consumió en llamas sede judicial en Colombia
El estudiante fallecido se suma a las 43 víctimas mortales en casi un mes de protesta contra el gobierno del conservador Iván Duque
Bogotá.- Al menos un joven murió durante una protesta que terminó con la quema del Palacio de Justicia del municipio de Tuluá, en el suroeste de Colombia, epicentro del sangriento estallido social que sacude al país desde hace un mes.
Camilo Andrés Arango, un universitario de 18 años, falleció al parecer por una herida de "arma de fuego" informó este miércoles el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional en una rueda de prensa, informó AFP.
Los hechos se produjeron la noche del martes, cuando una protesta pacífica fue interrumpida por dos hombres que atacaron con piedras a los uniformados y la emprendieron contra la sede judicial.
Según el funcionario, el cuerpo sin vida del joven fue llevado a un centro asistencial sobre las 10 de la noche. Otros dos civiles también recibieron disparos en medio de la violenta jornada, que dejó además 18 comercios saqueados, entre ellos un local de vehículos de donde fueron robadas 60 motocicletas.
La policía no reveló pistas sobre los responsables de los disparos.
El estudiante fallecido se suma a las 43 víctimas mortales en casi un mes de protesta contra el gobierno del conservador Iván Duque, según el conteo de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman).
La ONG Human Rights Watch asegura tener 61 "denuncias creíbles" sobre muertes "ocurridas desde que comenzaron las protestas", de las cuales ha podido verificar que 24 "tienen relación con las manifestaciones." Se trata de 22 civiles y dos policías.
Desde que se iniciaron las movilizaciones el 28 de abril, el departamento del Valle del Cauca, donde se encuentra Tuluá, ha sido epicentro de las protestas, duramente reprimidas por la fuerza pública.
Sin un liderazgo ni agenda única, los manifestantes reclaman un Estado más solidario frente a los estragos económicos de la pandemia y una reforma de la policía, involucrada en varios casos de abuso.
El gobierno asegura que organizaciones armadas como disidentes de la disuelta guerrilla FARC y la última guerrilla reconocida del país, ELN, han infiltrado la protesta para provocar vandalismo y atacar a la fuerza pública. El sector más visible de los manifestantes ajusta casi dos semanas de diálogos con el gobierno sin llegar a acuerdos.
El llamado Comité Nacional de Paro exige que el presidente reconozca abusos de la fuerza pública durante las protestas, mientras que el gobierno pide levantar unos 73 bloqueos de afectan el abastecimiento de varias ciudades.
El Comité ha llamado a nuevas movilizaciones para este miércoles y el 28 de mayo.
Camilo Andrés Arango, un universitario de 18 años, falleció al parecer por una herida de "arma de fuego" informó este miércoles el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional en una rueda de prensa, informó AFP.
Los hechos se produjeron la noche del martes, cuando una protesta pacífica fue interrumpida por dos hombres que atacaron con piedras a los uniformados y la emprendieron contra la sede judicial.
Según el funcionario, el cuerpo sin vida del joven fue llevado a un centro asistencial sobre las 10 de la noche. Otros dos civiles también recibieron disparos en medio de la violenta jornada, que dejó además 18 comercios saqueados, entre ellos un local de vehículos de donde fueron robadas 60 motocicletas.
La policía no reveló pistas sobre los responsables de los disparos.
El estudiante fallecido se suma a las 43 víctimas mortales en casi un mes de protesta contra el gobierno del conservador Iván Duque, según el conteo de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman).
La ONG Human Rights Watch asegura tener 61 "denuncias creíbles" sobre muertes "ocurridas desde que comenzaron las protestas", de las cuales ha podido verificar que 24 "tienen relación con las manifestaciones." Se trata de 22 civiles y dos policías.
Desde que se iniciaron las movilizaciones el 28 de abril, el departamento del Valle del Cauca, donde se encuentra Tuluá, ha sido epicentro de las protestas, duramente reprimidas por la fuerza pública.
Sin un liderazgo ni agenda única, los manifestantes reclaman un Estado más solidario frente a los estragos económicos de la pandemia y una reforma de la policía, involucrada en varios casos de abuso.
El gobierno asegura que organizaciones armadas como disidentes de la disuelta guerrilla FARC y la última guerrilla reconocida del país, ELN, han infiltrado la protesta para provocar vandalismo y atacar a la fuerza pública. El sector más visible de los manifestantes ajusta casi dos semanas de diálogos con el gobierno sin llegar a acuerdos.
El llamado Comité Nacional de Paro exige que el presidente reconozca abusos de la fuerza pública durante las protestas, mientras que el gobierno pide levantar unos 73 bloqueos de afectan el abastecimiento de varias ciudades.
El Comité ha llamado a nuevas movilizaciones para este miércoles y el 28 de mayo.
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