Caracas.- El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, informó que un total de 34 personas han muerto en en el país en el marco de las protestas registradas contra el Gobierno entre el 28 de abril y el 11 de mayo, un reporte que contrasta con los datos presentados previamente por el organismo.
"Sobre las muertes registradas, conocidas por distintas fuentes, se tiene un balance de 34 casos ocurridos entre el 28 de abril y el 11 de mayo", dijo Barbosa durante su intervención en la Plenaria de la Cámara de Representantes (diputados), en la que se analizó la contingencia por la que atraviesa el país debido al paro nacional, reseña Sputnik.
«Frente a los 14 homicidios debemos decir lo siguiente: tenemos cuatro homicidios esclarecidos, esto es muy importante. En un tiempo muy rápido, con todas las dificultades, tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas, y un homicidio que fue cometido contra un capitán de la policía en la ciudad de Soacha», indicó Barbosa.
Por otra parte, diez de los casos están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos, y los diez homicidios restantes se determinó que no guardan relación directa con las protestas, según la Fiscalía, que no precisó cómo se produjeron esas muertes.
Este reporte contrasta con el que presentó el martes la propia Defensoría, que indicó que 41 civiles y un policía han muerto en el marco de las protestas.
Desaparecidos y lesionados
La Fiscalía señaló que en conjunto con la Defensoría del Pueblo se ha logrado ubicar a 227 personas que habían sido reportadas como desaparecidas por distintas fuentes, sin precisar la cifra total de desaparecidos en las protestas.
«Asimismo, se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) en 168 casos y, por otros 153 hechos la búsqueda no fue admitida por falta de información o inconsistencias en los datos reportados», explicó la Fiscalía.
El organismo agregó que según el sistema de información de la Fiscalía SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio), «no existen denuncias formales por el delito de desaparición en el marco de las protestas».
El martes, la Defensoría también señaló en su reporte que hay 116 personas desaparecidas, mientras que la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas -una red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos- indicó que del 28 de abril, cuando iniciaron las protestas, hasta el 10 de mayo, hay un «registro de 548 personas presuntamente desaparecidas».
Por último, Barbosa señaló que la Fiscalía tiene 180 denuncias de casos de civiles lesionados, «al parecer por abuso de autoridad».
En cuanto a integrantes de la fuerza pública que resultaron heridos en los disturbios, se adelantan 547 investigaciones por 612 lesionados.
Además, en el marco de las protestas se registran 625 personas detenidas, de las cuales 152 fueron imputadas por delitos como obstrucción de la vía pública, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, hurto, asonada y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial.
Colombia cumplió el miércoles 15 días de manifestaciones que iniciaron el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.
En el marco de esas movilizaciones han sido documentados abusos de la Fuerza Pública, algunos de cuyos integrantes han disparado armas de fuego contra personas y reprimido con violencia a manifestantes.
Ante tales abusos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.
"Sobre las muertes registradas, conocidas por distintas fuentes, se tiene un balance de 34 casos ocurridos entre el 28 de abril y el 11 de mayo", dijo Barbosa durante su intervención en la Plenaria de la Cámara de Representantes (diputados), en la que se analizó la contingencia por la que atraviesa el país debido al paro nacional, reseña Sputnik.
Según el funcionario, se recopiló material probatorio que permite evidenciar que 14 homicidios tienen relación directa con las manifestaciones.
De esas muertes, siete se dieron en Cali (suroeste), una en Bogotá (centro), una en Soacha (centro), dos en Madrid (centro), una en Pereira (oeste), una en La Virginia (Risaralda, oeste), y una en Ibagué (centro-oeste).
«Frente a los 14 homicidios debemos decir lo siguiente: tenemos cuatro homicidios esclarecidos, esto es muy importante. En un tiempo muy rápido, con todas las dificultades, tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas, y un homicidio que fue cometido contra un capitán de la policía en la ciudad de Soacha», indicó Barbosa.
Por otra parte, diez de los casos están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos, y los diez homicidios restantes se determinó que no guardan relación directa con las protestas, según la Fiscalía, que no precisó cómo se produjeron esas muertes.
Este reporte contrasta con el que presentó el martes la propia Defensoría, que indicó que 41 civiles y un policía han muerto en el marco de las protestas.
Desaparecidos y lesionados
La Fiscalía señaló que en conjunto con la Defensoría del Pueblo se ha logrado ubicar a 227 personas que habían sido reportadas como desaparecidas por distintas fuentes, sin precisar la cifra total de desaparecidos en las protestas.
«Asimismo, se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) en 168 casos y, por otros 153 hechos la búsqueda no fue admitida por falta de información o inconsistencias en los datos reportados», explicó la Fiscalía.
El organismo agregó que según el sistema de información de la Fiscalía SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio), «no existen denuncias formales por el delito de desaparición en el marco de las protestas».
El martes, la Defensoría también señaló en su reporte que hay 116 personas desaparecidas, mientras que la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas -una red de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, comunicativas y de derechos humanos- indicó que del 28 de abril, cuando iniciaron las protestas, hasta el 10 de mayo, hay un «registro de 548 personas presuntamente desaparecidas».
Por último, Barbosa señaló que la Fiscalía tiene 180 denuncias de casos de civiles lesionados, «al parecer por abuso de autoridad».
En cuanto a integrantes de la fuerza pública que resultaron heridos en los disturbios, se adelantan 547 investigaciones por 612 lesionados.
Además, en el marco de las protestas se registran 625 personas detenidas, de las cuales 152 fueron imputadas por delitos como obstrucción de la vía pública, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, hurto, asonada y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial.
Colombia cumplió el miércoles 15 días de manifestaciones que iniciaron el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.
En el marco de esas movilizaciones han sido documentados abusos de la Fuerza Pública, algunos de cuyos integrantes han disparado armas de fuego contra personas y reprimido con violencia a manifestantes.
Ante tales abusos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.
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