Caracas.- Desde hace nueve días el descontento mueve las protestas en las calles de Colombia tras la reforma tributaria anunciada por el gobierno de Iván Duque que desató la indignación y la peor crisis social de la historia en ese país, marcada por la violencia policial.
Las protestas que han dejado al menos 24 personas muertas, cifra que la Fiscalía rebaja a 11, muestran el aburrimiento de los colombianos con las políticas de Duque y por el descontento por el desaire que su Gobierno le ha hecho a las peticiones de los sindicatos en las protestas de noviembre de 2019.
Además del incumplimiento de las promesas en aquella tormenta social, le suman una larga lista de reclamos asociados a la crisis económica causada por la pandemia actual, la destrucción de empleos, el aumento de la pobreza y el uso de la fuerza pública contra los manifestantes.
Los impuestos anunciados por Duque:
La clase media y los más pobres sintieron que el proyecto de reforma fiscal presentado el 15 de abril al Congreso apretaba sus bolsillos en momentos de asfixia económica tra la pandemia del covid-19.
El pasado 28 de abril en las principales ciudades de Colombia se presentaron multitudinarias protestas y el Gobierno echó para atrás la propuesta, además de plantear por primera vez la posibilidad de un diálogo.
Continúan las protestas
La administración de Iván Duque cedió a las peticiones de los colombianos, pero sin conversaciones con la oposición y los jóvenes, que son justamente los protagonistas de las marchas. Este miércoles se vivió la segunda ola del paro nacional de manera pacífica, para reclamar una reforma a la salud.
También exigen una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual (unos 240 dólares); la defensa de la producción nacional; subsidios a las mipymes; empleo con derechos; una política de soberanía y seguridad alimentaria; educación gratuita y la no alternancia educativa por el coronavirus.
Los manifestantes piden el cese de la violencia contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, cuyos asesinatos han aumentado desde 2019.
En vista de la insistencia del Gobierno en reanudar en cuanto le sea permitido por los organismos de control las aspersiones aéreas con glifosato, el uso de ese herbicida entró en la lista de reivindicaciones, especialmente en regiones con grandes extensiones sembradas de coca, como la del Catatumbo, limítrofe con Venezuela.
La movilización que partió de los sindicatos tiene respaldo en todas las esferas sociales y está lejos de terminar, aunque el país, cansado de la violencia, espera que cese el derramamiento de sangre que sigue a las manifestaciones pacíficas.
Las protestas que han dejado al menos 24 personas muertas, cifra que la Fiscalía rebaja a 11, muestran el aburrimiento de los colombianos con las políticas de Duque y por el descontento por el desaire que su Gobierno le ha hecho a las peticiones de los sindicatos en las protestas de noviembre de 2019.
Además del incumplimiento de las promesas en aquella tormenta social, le suman una larga lista de reclamos asociados a la crisis económica causada por la pandemia actual, la destrucción de empleos, el aumento de la pobreza y el uso de la fuerza pública contra los manifestantes.
Los impuestos anunciados por Duque:
La clase media y los más pobres sintieron que el proyecto de reforma fiscal presentado el 15 de abril al Congreso apretaba sus bolsillos en momentos de asfixia económica tra la pandemia del covid-19.
El pasado 28 de abril en las principales ciudades de Colombia se presentaron multitudinarias protestas y el Gobierno echó para atrás la propuesta, además de plantear por primera vez la posibilidad de un diálogo.
Continúan las protestas
La administración de Iván Duque cedió a las peticiones de los colombianos, pero sin conversaciones con la oposición y los jóvenes, que son justamente los protagonistas de las marchas. Este miércoles se vivió la segunda ola del paro nacional de manera pacífica, para reclamar una reforma a la salud.
También exigen una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual (unos 240 dólares); la defensa de la producción nacional; subsidios a las mipymes; empleo con derechos; una política de soberanía y seguridad alimentaria; educación gratuita y la no alternancia educativa por el coronavirus.
Asimismo, reclaman garantías y libertades democráticas a la movilización y la protesta; la desmilitarización de las ciudades; el cese de las masacres y castigo a los responsables, y el desmonte del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuerpo policial que interviene en las protestas y es acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos.
Los manifestantes piden el cese de la violencia contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, cuyos asesinatos han aumentado desde 2019.
En vista de la insistencia del Gobierno en reanudar en cuanto le sea permitido por los organismos de control las aspersiones aéreas con glifosato, el uso de ese herbicida entró en la lista de reivindicaciones, especialmente en regiones con grandes extensiones sembradas de coca, como la del Catatumbo, limítrofe con Venezuela.
La movilización que partió de los sindicatos tiene respaldo en todas las esferas sociales y está lejos de terminar, aunque el país, cansado de la violencia, espera que cese el derramamiento de sangre que sigue a las manifestaciones pacíficas.
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